Los crímenes de lesa humanidad de la Guerra Civil y el gobierno militar de Francisco Franco son el tema de una visita de funcionarios de Naciones Unidas. Muchos piden saber de sus familiares desaparecidos.
«¡Nunca le he dicho papá y tengo 76 años!», grita Anselma Guillermina Gómez, mientras esgrime la foto en blanco y negro de un hombre joven. El llanto le agudiza la voz.
Está hablando del padre que nunca conoció, porque en medio del golpe de Estado de 1936 se llevaron a ese padre de su casa en Córdoba (en el sur de España) y lo fusilaron. Ella era una bebé en gestación en el vientre de su madre. El 19 de agosto de 1936 fue la última vez que supieron de él, nunca vieron su cuerpo. Se llamaba como la hija, Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez.
Anselma es una de las víctimas que –como parte del movimiento Plataforma por la Comisión de la Verdad- se reunirá a lo largo de esta semana con integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias para tratar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil y el régimen de Francisco Franco (1936-1977).
En sus 33 años de existencia, es la primera vez que funcionarios de esta área de investigación de la ONU visitan España para investigar estos crímenes de lesa humanidad. Durante la visita tienen previsto reunirse con miembros del gobierno, fiscales, jueces y otras autoridades.
Hay muchos ceros a la derecha en las cifras del balance de esos años desde 1936 al 1977: entre 115.000 y 130.000 desaparecidos, 150.000 asesinados, 30.000 niños robados, 2.800 fosas comunes en toda España (solo el 10% de ellas abiertas), medio millón de exiliados, hasta 300.000 presos políticos solo al comienzo del régimen militar, y un millón de muertos por la guerra.
Dos años después de la muerte de Franco en 1975, un período en el que también hubo asesinatos, salió una ley de amnistía que marcó el fin de cualquier investigación.
Los números, de los que dispone la Plataforma, se basan en la investigación judicial que hizo el exjuez Baltasar Garzón -antes de que fuese inhabilitado por admitir las primeras querellas sobre este caso- en el recuento de reconocidos historiadores e investigadores, y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El gobierno español desde el regreso de la democracia no ha reconocido estas cifras, y ni el Ministerio de Exteriores, ni el de Justicia, aceptaron entregar nueva información a BBC Mundo sobre los datos oficiales del Estado.
En las estimaciones de la Plataforma, la gran mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1936 y 1950. Amnistía Internacional estima que, incluso hasta 1951, ocurrieron más de 114.000.
La falta de investigación de estos crímenes es una gran deuda de la sociedad española.
Miembros de la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
Los familiares de los desaparecidos coinciden en sus historias: a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, los mataron, no sabemos dónde están sus restos, o sabemos pero no podemos acceder a ellos.
Anselma es una. Ella le dice a BBC Mundo: «No quiero morirme sin ver los huesos de mi padre».
Repite la historia como la ha repetido tantas veces sin respuesta ante las autoridades locales y nacionales, e incluso el año pasado ante el Parlamento Europeo.
El legislativo europeo de hecho le envió una carta al gobierno español, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Córdoba pidiéndoles que facilitaran la documentación necesaria para encontrar los restos de su padre.
El gobierno de Andalucía respondió con una prueba de ADN a Anselma.
«Pero su ADN sirve si levantan la fosa común, y hace falta voluntad política», interviene su hija, Noelia Camacho.
El Ministerio de Justicia le escribió a esta mujer una carta respondiendo que no había documentación y, según Anselma, reconociendo que a su padre lo fusilaron por sus ideas políticas. El ayuntamiento de Córdoba no ha respondido.
Un testimonio similar es el de Carmen Gracia, hija de Antonio Gracia, militante del Partido Socialista y panadero, fusilado en Córdoba el 12 de agosto de 1936.
Ella tenía ocho años, y sus hermanos seis y cuatro. Ahora tiene 85 y lleva una foto minúscula de su papá colgada en el cuello, como una medalla.
Un guardia civil, recuerda Carmen al conversar con BBC Mundo, le dio media hora para fugarse y él dijo que no. Entonces se lo llevaron y lo fusilaron, donde ahora está el cementerio de San Rafael de esa ciudad.
Carmen sabe que su padre está en fosas comunes allí mismo, porque su nombre está en los monolitos que levantaron en ese punto hace dos años. «Un tío mío de 16 años fue al que dejaron entrar al cementerio y vio a su hermano. Los falangistas (brigadas radicales armadas del franquismo) no lo dejaron llevarse a mi padre», comenta.
La historia también la ha contado tantas veces Gregorio Rodrigalvarez, de 78 años. Los falangistas del pueblo de Sigüenza, en las afueras de Madrid, fueron a buscar a su padre, que era sastre, en octubre de 1936.
«Se lo llevaron con otros cuatro o cinco y lo fusilaron en un patio de una casa de monjas. Primero les hicieron hacer la fosa», dijo a BBC Mundo.
Gregorio dice que allí están los restos, en la alameda del pueblo, pero no ha podido buscarlos. A su madre, comenta, estuvieron a punto de matarla luego, porque vio a un falangista con el reloj de su marido muerto y se lo quiso quitar. Dos personas intervinieron y se salvó.
Ariel Dulitzky va a presidir desde el 1 de octubre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, y es uno de los cinco miembros de esta comisión que viajará por a Madrid, Barcelona, Vitoria y Sevilla hasta el 30 de septiembre, por invitación del gobierno y solicitud de las asociaciones de familiares.
«La idea es servir de asistencia técnica y compartir experiencias que puedan servir a España, y la expectativa es recibir la mayor cantidad de información para dar visibilidad al tema de las desapariciones forzadas», explica a BBC Mundo.
Luego de la visita producirán un informe con conclusiones y recomendaciones que presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
A Dulitzky no le está permitido hablar antes o durante la visita sobre la materia concreta de estas reuniones, pero sí le comenta a BBC Mundo que el derecho «irrenunciable» a saber qué pasó con los desaparecidos «no prescribe», porque la desaparición forzada «es un crimen continuado» hasta que se establece el paradero:
Muchos desconocen después de tantos años el paradero de sus seres queridos.
«Ni siquiera una ley de amnistía puede facilitar que esa verdad no se sepa. Esto lo dice el artículo 18 de la propia declaración de Naciones Unidas de 1992, que las personas responsables de desapariciones forzadas no deben beneficiarse con leyes de amnistía. Cuando el crimen se da en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas contra la población civil es imprescriptible».
Amnistía Internacional España publicó dos informes en 2012 y en 2013 en los que habló de impunidad y apeló al «principio de jurisdicción universal» como una «vía para luchar contra la impunidad». Se refieren a la investigación de estos crímenes en otros países.
En efecto, una jueza argentina, María Servini, los investiga desde 2010, a solicitud de familiares de víctimas, y hace pocos días solicitó el arresto y extradición de cuatro torturadores desde España (Ver recuadro).
En los tribunales españoles está negada la posibilidad de investigar desde la paralización de la causa del juez Garzón -que había admitido la querella en 2008 y luego fue inhabilitado- y sobre todo desde que el Tribunal Supremo de Justicia de febrero de 2012 emitió una resolución que estos crímenes son delitos ordinarios que prescribieron, usando como argumento, entre otros, la Ley de Amnistía de 1977, y por lo tanto los jueces nacionales no deben investigarlos.
En las cuentas de Amnistía Internacional hay 47 casos archivados en juzgados españoles.
Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad -constituida en mayo con 100 asociaciones para pedir al Parlamento la constitución de tal comisión, cosa que harán en los próximos días a través de los partidos minoritarios- analiza con BBC Mundo varias causas del silencio:
«La dictadura franquista duró demasiados años, prácticamente no hay precedente. La ley de amnistía permitió que las estructuras del régimen franquista siguieran presentes y gente que tenía poder entonces sigue teniéndolo, económico y en algunos casos políticos», comienza por decir.
«Y el miedo a que hubiera de nuevo una guerra, un miedo tan feroz inculcado entre la gente, que ha durado generaciones. Mucha gente renunció a su propia historia para poder sobrevivir», agrega.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, dice que el silencio ha sido «unánime» en los tres poderes del Estado.
«Desde el principio de la transición todos los gobiernos han decidido que se podía pasar la página de lo que ocurrió sin leer esa página, con el argumento de la reconciliación. Pero tú logras reconciliación sólo si logras verdad, justicia y reparación. El olvido es imposible. España tiene la obligación de investigar», detalla.
Según Beltrán, esta impunidad hace de España un caso excepcional en el mundo ahora. «No hay nadie que haya pasado por un juzgado para ser investigado, ni una sola víctima ha ido a un juez en España y ha obtenido amparo. Argentina es hoy la única causa abierta por esto en el mundo».
La ley de Memoria Histórica puesta en vigencia durante el gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero no promueve acciones penales ni reconoce derechos, pero permitió la proliferación de las asociaciones por la memoria y la asistencia a las víctimas.
Innumerables bebés fueron robados durante el franquismo.
No obstante, la Plataforma afirma que el gobierno actual de Mariano Rajoy ha cerrado la oficina de ayuda a las víctimas y ha retirado las ayudas para abrir fosas comunes y ha renunciado a abrirlas.
El 30 de agosto pasado, el gobierno español hizo una declaración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: «España fue uno de los primeros países europeos en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, asumiendo los derechos y obligaciones que este instrumento internacional establece».
«La promoción y el respeto de los derechos humanos, así como la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España», añade la declaración.
BBC Mundo pidió información a los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y de la Presidencia sobre la visita del grupo de trabajo de la ONU y sobre los avances en este tema. Solo respondieron fuentes de Justicia, en términos genéricos:
«España por medio de la Ley de Memoria Histórica trató de ofrecerles una reparación», dicen.
Y enumeran declaraciones de reparación moral, aportaciones económicas por más de US$33 millones para investigación y exhumación de fosas, la recopilación de datos de 4.400 españoles fallecidos en los campos nazis de Austria y Alemania, presentación de esta información en la web del ministerio, y partidas presupuestarias para subvenciones «a víctimas de determinadas represalias del franquismo desde la instauración de la democracia».
Entre los entrevistados por BBC Mundo hay esperanza en la jueza argentina y en la visita de la ONU, porque eso puede llamar la atención de la comunidad internacional y ayudar a destrabar el proceso, coinciden.
En la experiencia de Dulitzky con otros países del mundo, que la impunidad termine depende sobre todo «del esfuerzo sostenido de las asociaciones de familiares, pero al final del día es una cuestión de voluntad política y compromiso de los gobiernos».
«Se arreglaría todo con que en el gobierno dijeran que tienen razón las víctimas y tienen derecho a enterrar a sus muertos dignamente», concluye Gordon.
De lo contrario, agrega Beltrán, «¿quién va a poder creer a España cuando hable de derechos humanos y desapariciones forzadas si no ha hecho los deberes en casa?».
