Por mayoría, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la ley, incluidos los cuatro artículos cuestionados por Clarín, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma.
La Corte Suprema argentina declaró constitucional la Ley de Medios Audiovisuales tras una compleja batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, que celebró el fallo sólo dos días después de haber sufrido un duro castigo en las urnas.
Por mayoría, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la ley, incluidos los cuatro artículos cuestionados por Clarín, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma.
La Corte advirtió también al Gobierno sobre la necesidad de aplicar políticas transparentes y evitar el manejo partidista de los medios públicos e introdujo una novedad: el Estado debe indemnizar a las empresas que dejen licencias.
Tras conocerse la decisión del Supremo, Clarín dijo en un comunicado que «analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales».
Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, explicó que «por la más elemental prudencia» el máximo tribunal evitó anunciar el fallo antes de las elecciones legislativas del día 27.
«Lo hubiésemos podido sacar antes pero decidimos que saliese después de la elección para evitar que se entendiese que estábamos interfiriendo de alguna manera en la actitud del electorado», dijo en declaraciones a la televisión pública argentina.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La regulación afecta a un puñado de grandes grupos mediáticos del país, que tendrán que desprenderse de licencias de radio y televisión, en abierto o por cable, aunque todos, salvo Clarín, habían presentado a la administración planes de adecuación para ajustarse a los términos legales.
El fallo, de 392 páginas, provocó una caída de las acciones del grupo en la Bolsa de Buenos Aires, que a media jornada interrumpió la cotización de la corporación.
Seis de los siete jueces supremos argumentaron en la sentencia que la ley, «en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces».
La norma es coherente «con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información», añade el fallo, que llega solo dos días después de las legislativas que confirmaron el retroceso del gobernante Frente para la Victoria, que en dos años perdió más de tres millones de votos, pasando de un 54 a un 32 por ciento de votos a nivel nacional.
El Supremo sostuvo que Clarín no ha podido demostrar «que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica», pero dictaminó que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización.
Clarín lamentó en un comunicado que el fallo no considera «el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión» y «condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia».
El grupo advirtió que «continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas».
El oficialismo celebró la decisión judicial con una concentración frente al Congreso en la que participaron cientos de simpatizantes, en su mayoría de agrupaciones juveniles kirchneristas, y dirigentes del gubernamental Frente para la Victoria.
El vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, aseguró que «hay más democracia para los 40 millones de argentinos».
«Pasaron cuatro años en los que la ley no puedo ponerse en vigencia. Alguien pudo detener su implementación. Hay que mirar en profundidad dónde residía el poder en la Argentina», agregó el funcionario, formalmente al frente de Gobierno por la convalecencia de la presidenta Cristina Fernández, que se recupera de una neurocirugía.
«Es una gran noticia para la democracia», celebró Martín Sabbatella, titular del organismo responsable de la aplicación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
«Todas las empresas de medios sin excepción tienen que cumplir la ley» y «Clarín tiene que sumarse a la legislación que el resto ya está cumpliendo», insistió en rueda de prensa.
Explicó que a partir de ahora se realizará un inventario de las licencias del Grupo Clarín y una tasación para determinar cuáles saldrán a concurso.
«No se puede tener frecuencia de aire y cable en el mismo lugar», insistió el funcionario, que admitió que la aplicación de la ley afectará las finanzas del grupo.
Desde la oposición, la diputada Elisa Carrió fue la voz más crítica, y llegó a decir que la presidenta «seguro que se recuperará pronto», en referencia a la enfermedad de la mandataria.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de una norma sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero sucesivas medidas cautelares solicitadas por Clarín frenaron hasta hoy su completa aplicación.
