La demanda considera que tanto su ideología como su militancia atentan contra los principios de un Estado democrático, persiguen metas anticonstitucionales y defienden, en sus revistas o mítines, cuestiones como la deportación forzosa de los extranjeros.
El ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) afronta desde hoy un proceso de ilegalización, apuntalado en los paralelismos ideológicos con el nazismo de la que es la principal formación de ese espectro en la Alemania actual.
Con apenas 6.000 militantes, los fondos públicos bloqueados a causa de sus irregularidades contables y con resultados electorales mínimos -un 1,3 % en las generales del pasado septiembre-, el NPD es una rémora del partido nazi de Adolf Hitler.
Así lo presenta al menos la demanda que formalizó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) la Cámara alta (Bundesrat), diez años después del fracaso de un primer proceso, entonces respaldado además por la cámara baja (Bundestag) y el gobierno federal.
Los «Länder» (estados federados) apoyan su demanda en apartados del programa del NPD, en que se defienden tesis como «Alemania para los alemanes» y se «lamenta» la extranjerización del país atribuida a la inmigración.
A ello se unen declaraciones xenófobas y antisemitas en mítines o actos semiclandestinos de sus miembros, muchos de los cuales tienen un amplio historial delictivo por negación del Holocausto -delito que en Alemania conlleva penas de cárcel-, agitación y actos violentos.
La demanda considera que tanto su ideología como su militancia atentan contra los principios de un Estado democrático, persiguen metas anticonstitucionales y defienden, en sus revistas o mítines, cuestiones como la deportación forzosa de los extranjeros.
Representan la versión más agresiva de la xenofobia y su militancia se extiende por todas las capas sociales y en todo el país, aunque públicamente sean más presentes en la mitad Este de Alemania, donde el desempleo casi dobla al resto del país.
Los «Länder» optaron por lanzar esta segunda iniciativa tras el escándalo en torno a Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), una célula integrada por tres neonazis, que durante una década asesinó impunemente a nueve inmigrantes en varios puntos del país.
La existencia de ese grupúsculo salió a relucir en 2011 a raíz del suicidio de dos de sus miembros -acosados por la policía tras un atraco-, a lo que siguió un proceso por terrorismo contra la superviviente del grupo, Beate Zschäpe.
Por primera vez en la Alemania moderna se aplicó el término terrorismo a la ultraderecha en un caso manchado por las múltiples negligencias en la investigación policial, que además sacó a la luz los vínculos del NPD con éste y otros grupos.
El NPD está aquejado de una caída de militancia desde hace años, lo mismo que su hermanada Unión del Pueblo Alemán (DVU), mientras proliferan otras 200 «camaraderías» u organizaciones locales, con unos 25.000 militantes catalogados como potencialmente violentos.
El propósito de los estados federados es ahogar financieramente al NPD, que pese a no haber obtenido nunca escaños en el Bundestag percibe financiación pública por los puestos que sí tiene en dos cámaras regionales, más algunas corporaciones municipales.
Hace unas semanas les fueron bloqueados esos fondos por impago de sanciones e irregularidades, pero solo una ilegalización implicará el cerrojo definitivo a la financiación pública de un partido cuya mera existencia avergüenza a Alemania.
Es un proceso complejo, como lo mostró el fracaso de la demanda anterior, que tras largas deliberaciones fue rechazada por el Constitucional al basarse en confidentes policiales, pagados los servicios de seguridad a cambio de presuntas filtraciones.
Los «Länder» fundamentan la demanda en los paralelismos con el partido nazi, cuyo sucesor, el SRP, fue ilegalizado en la década de los años 50 del siglo pasado.
Ése es el único precedente de ilegalización de un partido en la República Federal de Alemania (RFA), además de la del Partido Comunista de Alemania (KPD), asimismo en la posguerra.
El riesgo al fracaso ha llevado tanto al Bundestag como al gobierno de Angela Merkel a inhibirse de respaldar la demanda del Bundesrat.
La canciller adoptó esta decisión en la pasada legislatura, al frente de una coalición de centro-derecha, y no se espera un cambio en la próxima, previsiblemente con los socialdemócratas.
Pese a ello, su Ejecutivo ha expresado su deseo de que prospere la demanda ante el TC, único órgano facultado en Alemania para prohibir un partido a escala nacional.
