La audiencia contra Xu Zhiyong coincide con la publicación por parte de varios medios internacionales de un informe que denuncia que familiares de al menos cinco de los más altos líderes del gigante asiático cuentan con activos en paraísos fiscales.
El movimiento «Nuevo Ciudadano», cuyo fundador, Xu Zhiyong, es juzgado en Pekín acusado de «alterar el orden público», nació con el objetivo de pedir al Gobierno chino más transparencia y una aplicación justa de la Constitución.
El juicio se desarrolló este miércoles en medio de fuertes medidas de seguridad, con un cordón policial en torno al Tribunal Intermedio Número 1 de Pekín, que impidió que los periodistas pudieran acercarse al edificio.
Fue a mediados de 2012 cuando el abogado Xu decidió fundar «Gongmen», como se conoce en mandarín al movimiento.
El letrado se unió a varios colegas y presentó la plataforma en un artículo que circuló online en mayo de 2012, en el que dejaba constancia de sus intenciones.
«Nuevo Ciudadano» perseguía la «libertad, la democracia, la aplicación de la ley y de la Constitución».
Sus miembros abogaban por varios y diversos asuntos, entre ellos una educación igualitaria, el respeto a los individuos, la libertad de expresión y de asamblea o la necesidad de que los dirigentes chinos hicieran públicos sus activos como vía para combatir la corrupción.
La diferencia con respecto a otros activistas es que el movimiento aunaba a miembros de muy diferente perfil, desde ciudadanos de profesiones liberales hasta acaudalados empresarios descontentos con el statu quo vigente.
No cumplen, por lo tanto, el perfil de los peticionarios -ciudadanos que se acogen a una antigua ley imperial para pedir al Gobierno central que solucione sus litigios con las autoridades locales- o de activistas rurales.
Para debatir sus iniciativas instauraron la costumbre de reunirse el último sábado de cada mes en cenas organizadas, de forma que no despertaran las sospechas de las autoridades en un país en el que los banquetes son una parte sagrada de los negocios y de la vida social.
Tal vez temiendo que esas cenas civilizadas se convirtieran en protestas callejeras, uno de los mayores miedos del Gobierno chino, apenas un año después de su fundación comenzaron las detenciones (18, según Human Rights Watch) y los juicios contra algunos de sus miembros.
Los primeros en ser juzgados el pasado octubre bajo la acusación de «reunión ilegal» fueron Liu Ping, Li Sihua y Wei Zhongping, algo más de tres meses después de que Xu fuera detenido.
El caso más llamativo fue el de Liu, al ser una política china no adscrita al Partido Comunista que presentó su candidatura independiente en unas elecciones locales en 2011, en una lista en la que también se encontraba Wei Zhongping.
Tres meses después, es el propio fundador el que se ha sentado en el banquillo de los acusados de un tribunal pequinés, en un juicio que ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional.
Tras el juicio de Xu, otros seis miembros de «Gongmen» acudirán a los tribunales hasta el viernes.
Paradójicamente, la audiencia contra el defensor de la transparencia en las cuentas de la elite china ha coincidido con la publicación hoy por parte de varios medios internacionales de un informe que denuncia que familiares de al menos cinco de los más altos líderes chinos cuentan con activos en paraísos fiscales.
La información, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fue desestimada por el Ministerio de Exteriores de la potencia asiática, que también señaló que el juicio de Xu cumple los requisitos legales necesarios.
