En el país azteca existía la esperanza de que a última hora quedara cancelada la ejecución, confiando en que algunos de los recursos presentados en las últimas horas forzaran al gobernador de Texas, Rick Perry, a aplazar el ajusticiamiento o conmutar la pena.
México recibió con pesar y frustración este jueves la ejecución en Texas (EE.UU.) del reo mexicano Edgar Tamayo, decidido en claro desacato a un fallo de derecho internacional y desoyendo las peticiones de clemencia hechas a ambos lados de la frontera.
El preso mexicano, de 46 años, murió a las 21.32 hora local del miércoles (03.32 GMT de este jueves) por una inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), después de que fuera condenado a la pena capital por el asesinato en 1994 del policía estadounidense Guy Gaddis cuando iba detenido en un auto policial.
En una reacción difundida muy poco después de que se confirmara la muerte del reo, el Gobierno mexicano lamentó la ejecución y recordó que ese hecho viola un fallo adoptado hace 10 años por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Ese fallo del llamado «Caso Avena» ordenó a EE.UU. revisar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuestas a Tamayo y otros 50 mexicanos porque se violó su derecho a ser notificados y recibir asistencia consultar al ser detenidos.
En un comunicado, la Cancillería mexicana recordó los pasos adoptados en el caso de Tamayo «hasta agotar todas las instancias a su alcance, tanto internas como internacionales, con el fin de obtener la revisión y consideración del caso por parte de las autoridades judiciales de Texas, a la luz de la falta de notificación consular».
«El Gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas y eviten que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países», añadió la nota oficial.
El comunicado reiteró que «la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho de acceso a la protección» que ofrecen los consulados mexicanos en el exterior.
La Cancillería recordó que las autoridades mexicanas han brindando «la debida asistencia consultar» a los familiares de Tamayo.
«A solicitud de la familia Tamayo, dicha ayuda se mantendrá en el proceso de traslado a México de los restos de Edgar Tamayo», agregó el comunicado.
A la inmediata reacción del Gobierno se sumaron organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que en una nota consideró que las circunstancias del juicio del reo, como el hecho de que no se tomaron en cuenta elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, «convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación».
«Lo que el mundo atestiguó hoy no fue acto de justicia sino de crueldad. Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia», afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
En México existía la esperanza de que a última hora quedara cancelada la ejecución, confiando en que algunos de los recursos presentados en las últimas horas forzaran al gobernador de Texas, Rick Perry, a aplazar el ajusticiamiento o conmutar la pena.
Mientras se realizaban estos esfuerzos legales y políticos, en el pueblo donde nació Tamayo, Miacatlán, en el estado mexicano de Morelos (centro), vecinos del reo realizaban una cadena de oración siguiendo a distancia los hechos que se desarrollaban en Texas.
Pero ni las plegarias ni las peticiones oficiales de clemencia tuvieron éxito, y Tamayo se convirtió en el tercer mexicano que es ejecutado desde que se conoció el fallo del Caso Avena, desoyendo incluso peticiones hechas desde la Casa Blanca.
Apenas el martes, el Gobierno de Estados Unidos reiteró su petición a las autoridades de Texas para que se aplazara la ejecución por los efectos que puede tener en los estadounidenses detenidos en el extranjero.
«Estamos pidiendo un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele una revisión adecuada y una reconsideración de si la falta de acceso consular influyó en el resultado del proceso», afirmó el martes la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
Estados Unidos «quiere poder pedir a otros países las mismas protecciones garantizadas en la Convención de Viena, y no quiere que eso quede minado» por su propia falta de cumplimiento en casos como el de Tamayo, agregó.
Según el experto mexicano Luis de la Barreda Solórzano, el empeño de Texas de terminar con la vida de Tamayo y de otros reos incluidos en el Caso Avena hace necesarios cambios legislativos en el país vecino para que el presidente conmute una pena capital cuando los gobernadores se nieguen a dar ese paso.
«Creo que el derecho a otorgar el perdón, la conmutación, debe ser en primera instancia del gobernador, pero en una instancia superior, del presidente», dijo a Efe De la Barreda, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De la Barreda recordó que EE.UU. «es un solo país» y debe acatar los fallos internacionales.
