Según la defensa, al no conocer la procedencia de la inyección no se dispone de suficiente información para garantizar que el preso no sufrirá dolor durante la ejecución, lo que podría violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles.
Misuri ejecutó al reo Hebert Smulls con una controvertida inyección letal no homologada después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la última petición de la defensa, en la que argumentaba que el Estado se ha negado a revelar la procedencia de la inyección.
La ejecución de Smulls, de 56 años, estaba prevista para la madrugada de este miércoles, pero en el último momento la Corte Suprema ordenó una suspensión temporal para estudiar las últimas alegaciones de la defensa.
Smulls murió a última hora del miércoles, después de que el Supremo diera luz verde a la ejecución al rechazar las alegaciones de la defensa en una escueta orden emitida pocas horas antes.
El reo fue condenado a pena de muerte por asesinar al dueño de una joyería del condado de San Luis (Misuri) durante un robo en 1991, un suceso en el que también hirió de gravedad a la esposa de la víctima.
La polémica en torno a la ejecución de Smulls, la sexta en lo que va de año en EE.UU., radica en que la inyección letal usada tiene un solo componente, el anestésico pentobarbital, cuya procedencia fue declarada «secreto» en el estado de Misuri y que se obtuvo a través de una fórmula magistral, excluida, por tanto, de la supervisión de las autoridades federales.
La escasez de las dosis de las inyecciones letales convencionales ha forzado a la mayoría de los 32 estados que aplican la pena de muerte a tantear nuevos métodos de ejecución, incluso ha puesto sobre la mesa una posible vuelta al uso obligatorio de la silla eléctrica.
Hasta ahora se usaba una inyección letal con una combinación de tres medicamentos, pero se agotaron las existencias cuando las farmacéuticas que producían los anestésicos, los ingredientes clave, dejaron de venderlos para su aplicación en la pena capital.
Según la defensa, al no conocer la procedencia de la inyección no se dispone de suficiente información para garantizar que el preso no sufrirá dolor durante la ejecución, lo que podría violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles.
Una jueza federal del distrito en Kansas City rechazó el lunes la petición de retrasar la ejecución 60 días por considerar que el hecho de que se desconozcan los peligros asociados a la inyección no implica necesariamente que su aplicación vaya a causar dolor.
