Según la querella, el ex mandatario chino también «promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tibet con una mayoría de la etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales».
El juez de la Audiencia Nacional de España Ismael Moreno ha expedido una orden de búsqueda y captura internacional contra el expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro altos cargos del Partido Comunista chino por genocidio, torturas y delitos de lesa humanidad contra la población del Tíbet.
La querella del Comité de Apoyo al Tibet por la cual se inició la investigación y que ahora es reproducida por el juez en el auto para decretar la prisión del expresidente, asegura que «Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana».
Según la querella, el ex mandatario chino también «promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tibet con una mayoría de la etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales».
Las órdenes de detención y de ingreso en prisión incondicional sin fianza fueron remitidas por el juez a través de la Interpol.
Además de Jiang, el juez ordenó la detención de Li Peng, primer ministro de la República Popular China entre 1987 y 1998 y presidente de la Asamblea Popular Nacional entre 1998 y 2003; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Pelyun, exministra de Planificación Familiar.
La acción del juez Moreno se produce un día antes de que el pleno del Congreso debata una propuesta de ley enviada por el Partido Popular -PP, partido oficialista al cual pertenece el presidente Mariano Rajoy- para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, que sería el caso de la querella por represión en el Tíbet.
La oposición criticó la «urgencia» del PP para aprobar esta ley «por la puerta de atrás» y 17 organizaciones entre las cuales se encuentra Amnistía Internacional entregaron una carta en el Congreso de los Diputados para exigir a los grupos parlamentarios que rechacen la propuesta, la cual reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal.
La proposición del PP, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, busca que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
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