El fallo que el Gobierno de Cristina Fernández ha pedido revisar es el que dictó el juez Thomas Griesa, confirmado en agosto de 2013 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que obliga al Estado argentino a pagar a los fondos litigantes 1.300 millones de dólares más intereses.
El gobierno argentino se mantiene «expectante» a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la revisión de un fallo adverso para el país, en el contencioso que mantiene por la deuda con fondos de inversión especulativos conocidos como «fondos buitre».
«Estamos expectantes de qué decida hacer la Corte Suprema», afirmó hoy a una radio local el ministro de Economía, Alex Kicillof, sobre el fallo que el tribunal debería emitir hoy, aunque, según fuentes consultadas por EFE a Washington, postergará hasta el próximo lunes.
El ministro argentino sostuvo que el pleito con los tenedores de deuda «es una aventura judicial» y «un problema del sistema financiero internacional, no sólo de Argentina, como pretenden hacer pasar los fondos buitre».
El fallo que el Gobierno de Cristina Fernández ha pedido revisar es el que dictó el juez Thomas Griesa, confirmado en agosto de 2013 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que obliga al Estado argentino a pagar a los fondos litigantes 1.300 millones de dólares más intereses.
Argentina alega que este pago constituye un trato injusto para los acreedores que en 2005 y 2010, después del cese de pagos de 2001, aceptaron la reestructuración de la deuda argentina, con importantes quitas de capital e intereses, con una adhesión del 93 por ciento.
El ministro dijo que si la Corte estadounidense decidiera intervenir sería «un escenario más favorable» para Argentina, pero de lo contrario «se abren distintos escenarios» porque no sólo influirá lo que opte hacer el Gobierno sino que también «hay que ver qué deciden los tribunales inferiores» del país norteamericano.
«Esto está en manos de la Justicia norteamericana, no son decisiones unilaterales del Gobierno argentino», insistió Kicillof.
Para defender la posición argentina, una comisión de legisladores oficialistas y opositores, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, viajó a Whasington el pasado domingo.
Durante la semana, la delegación parlamentaria ha mantenido encuentros con Paul Clement, coordinador de la defensa argentina y exprocurador de Estados Unidos, y representantes del estudio Cleary Gottlieb.
También se ha reunido con la secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson; el director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Ricardo Zuñiga, y con varios legisladores estadounidenses.
La agenda ha incluido además una entrevista con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
«Somos un equipo. Creo que esta semana por primera vez el Congreso se presentó como un equipo con todos los bloques con representación parlamentaria», aseguró hoy Domínguez en declaraciones a una radio local desde la capital estadounidense.
El presidente de la Cámara de Diputados señaló que el trabajo de la delegación argentina es «un desafío difícil, porque los fondos buitre están desafiando las capacidades de los propios Estados».
«Sostenemos que todos los acreedores tienen un principio de equidad, no puede un 7,0 por ciento hacer caer el 93 por ciento de lo que acordamos con otros acreedores», afirmó Domínguez, quien destacó que «hubo países como México, Francia, Brasil y mismo EEUU, que se presentaron en apoyo a la posición argentina».
En ese sentido, recordó que Argentina «recorrió todo el camino jurídico» e hizo «todo lo que había que hacer, y si faltaba algo era este respaldo de todas las fuerzas políticas».
Para el Gobierno argentino las consecuencias de este caso trascienden a Argentina pues, de haber un fallo adverso, «las decisiones de los tribunales inferiores podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana».
Esto, porque ya no podrían hacerse acuerdos de canje ya que nadie los aceptaría teniendo a su favor un antecedente jurídico que le habilitaría a exigir el pago total de la deuda.
