El TSJ dice que los actos de la nueva Asamblea Nacional son nulos mientras los tres diputados opositores de Amazonas cuya elección fue suspendida sigan juramentados. ¿Es legal? ¿Qué pude hacer el parlamento?
El juego de ajedrez entre oposición y oficialismo en el llamado «choque de poderes» pasó de lo simbólico a lo práctico.
El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró que todos los actos de la nueva Asamblea Nacional (AN) serán nulos mientras sigan juramentados los tres diputados opositores de Amazonas cuya elección fue cautelarmente suspendida.
El turno de juego ahora es para la oposición, que debe decidir si acata la decisión del TSJ, que considera viciada en lo legal pero en la práctica puede dejar a la AN sin competencias reales.
La oposición dice que la aparente intervención del Poder Judicial al Poder Legislativo, que es elegido por voto popular, es un «golpe judicial».
Pero el oficialismo también habla de una suerte de «golpe de Estado», puesto que dice que la nueva AN ha violado las layes desde que se instaló la semana pasada.
El enfrentamiento legal y político se da una semana después de que la oposición se inauguró como mayoría en el Parlamento venezolano después de 17 años de control oficialista.
La situación que la semana pasada se puso tensa por el retiro de la imágenes de Hugo Chávez del Palacio Federal, sede de la Asamblea, ahora promete más de lo mismo, pero con mayores implicaciones.
Lo que muchos se preguntan ahora es: ¿es legal la decisión del TSJ? y ¿cómo puede afectar, en concreto, el funcionamiento de la Asamblea?
Para responderlo, antes hay que recordar el origen de la disputa.
La Asamblea Nacional ahora es controlada por la oposición, pero el TSJ se ha visto como su mayor obstáculo.
El pasado miércoles, un día después de la instalación de la AN, tres diputados de Amazonas se juramentaron pese a una medida cautelar emitida en diciembre por el TSJ en la que se declara la elección de cuatro diputados del estado indígena –uno de ellos chavista– «temporalmente suspendida».
La suspensión respondió a una denuncia de miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que tras publicar una conversación privada de una funcionaria de la gobernación opositora de Amazonas alegaron compra de votos en las elecciones de ese estado.
Después de la juramentación de los diputados, el PSUV introdujo una denuncia por desacato que ahora fue aceptada por el TSJ.
El TSJ ordenó que los diputados fueran separados de la AN.
Y dice que en caso de que sigan juramentados, todas las leyes o resoluciones que apruebe la Asamblea serán nulos.
Constitucionalistas críticos del gobierno han dicho que la oposición no incurrió en desacato, pues aseguran que una proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no se puede reversar.
El diputado Diosdado Cabello dijo que espera que la oposición revoque el martes la juramentación de los diputados.
Por otro lado, alegan que el TSJ no puede vetar leyes que no existen ni desconocer el poder del Poder Legislativo, que es elegido por voto popular.
En teoría, han dicho expertos electorales críticos del gobierno, las elecciones son legítimas hasta que se demuestre lo contrario en un juicio que se deriva de la impugnación.
Sin embargo, el oficialismo dice que los fallos del TSJ, la máxima corte del país, deben ser acatados por todos los poderes.
Quien no lo haga, dicen, viola la ley.
El TSJ no ha fallado en contra del gobierno una sola vez en los últimos nueve años, según un libro del año pasado que estudió más de 40.000 sentencias.
La sentencia se esperaba y representa la primera versión del desafío que enfrenta la oposición ahora que contarla el Parlamento: el control institucional del chavismo.
La oposición en la AN puede acatar la decisión del TSJ.
Con eso, se arriesga a perder la mayoría de dos tercios que le permite tomar significativas medidas, como revisar el nombramiento de magistrados del TSJ o llamar a un referendo revocatorio del presidente.
La semana pasada el conflicto entre AN y gobierno ya se vio con el retiro de las imágenes de Chávez del Palacio Federal.
El CNE dio a la oposición 112 de los 167 curules en disputa, pero sin los tres indígenas queda con 109.
La pregunta es si, en caso de acatar la medida el TSJ, los dos tercios se miden ahora con un total de 164 diputados, sin incluir a los cuatro suspendidos.
Porque además de los cuatro diputados suspendidos, otras seis elecciones donde ganó la oposición en otras partes del país fueron impugnadas por el PSUV y esperan decisión del TSJ.
Ahora: la oposición también puede volver a desacatar la resolución del TSJ, alegando que es inconstitucional y parte de una medida política para obstaculizar a la oposición.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, dijo que «los 112 diputados van a seguir trabajando, la sentencia es una sentencia absolutamente política».
Ahí se abre un abanico de posibilidades, todas de enorme sensibilidad política y legal, que incluye la relegación total del Poder Legislativo en Venezuela.
Al tiempo, tanto la oposición como el chavismo dicen tener una agenda de gestión para solucionar los graves problemas económicos del país.
Tres diputados de Amazonas se juramentaron pese a una medida cautelar emitida en diciembre por el TSJ.
El gobierno asegura que quiere aprobar un decreto de emergencia económica para «profundizar la revolución» y atacar la «guerra económica».
El viernes el presidente, Nicolás Maduro, irá a la AN a presentar su memoria y cuenta del 2015.
La oposición, por su parte, espera revisar la designación –supuestamente inconstitucional– de 13 magistrados del TSJ que el chavismo hizo en diciembre justo después de las elecciones, cuando aún era mayoría en la AN.
También busca aprobar una ley de amnistía para liberar a los llamados presos políticos y leyes para incentivar la producción nacional.
El diputado Diosdado Cabello ha dicho que el Estado «no se va a paralizar porque tengamos una AN que no respeta al TSJ».
Sin embargo, muchos temen que el juego de ajedrez legal y político que vemos ahora impida al Estado resolver la crisis económica que enfrenta al país.
Y que la situación se deteriore a medida que las soluciones no se den.
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