La máxima instancia judicial británica decidió que la primera ministra Theresa May no puede poner en marcha el proceso de negociaciones para la salida de la Unión Europea sin la previa aprobación de la Cámara de los Comunes. ¿Qué pasa ahora?
Theresa May afirmó que invocará antes de fin de marzo el artículo 50 del Tratado de Liboa, que pone en marcha las negociaciones para la salida de la Unión Europea.
La Corte Suprema, la máxima instancia judicial británica, dictaminó este martes que el gobierno de la primera ministra Theresa May no puede activar el «Brexit», la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), sin consultar antes al Parlamento.
El tribunal, por una mayoría de 8 contra 3, rechazó el recurso presentado por el gobierno contra un dictamen anterior del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que los legisladores debían ser consultados antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de negociaciones para la salida de la UE.
«La decisión de la Corte reafirma que es el Parlamento el que aprueba las leyes en el Reino Unido y sólo el Parlamento puede derogarlas o cambiarlas», señaló el corresponsal de temas judiciales de la BBC, Clive Colman.
El Tribunal Superior había fallado en noviembre a favor de la empresaria Ginna Miller, quien en representación de un grupo de ciudadanos presentó un recurso ante la Justicia alegando que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.
El Tribunal Superior había fallado en noviembre a favor de la empresaria Ginna Miller, quien en representación de un grupo de ciudadanos presentó un recurso alegando que May no podía activar el Brexit sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.
Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supone que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972, y sólo el Parlamento puede retirar esos derechos.
El gobierno, por su parte, afirmó en su apelación que podía activar el artículo ejerciendo poderes ejecutivos denominados «prerrogativas reales», agregando que en el Reino Unido el poder es ejercido en forma dualista por el Parlamento y el Ejecutivo.
El gobierno también argumentó que el referéndum del 23 de junio de 2016 le da el mandato suficiente para negociar el «Brexit» sin una votación previa del Parlamento.
La apelación del gobierno fue rechazada por 8 contra 3 en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial en el Reino Unido.
En dicho referéndum el 51,9 % de los participantes votó a favor de abandonar la UE, frente a 48,1% a favor de permanecer en el bloque.
Al anunciar el dictamen este martes, el presidente de la Corte Supream, David Neuberger, aclaró que la decisión del tribunal no afecta el resultado del referendum a favor del Brexit, sino sobre el mecanismo constitucional para abandonar la UE.
Algunos analistas señalan que el gobierno presentará un proyecto en el Parlamento muy breve, incluso de una línea, para acelerar el proceso y mantener el calendario presentado por May, quien afirmó que invocará el artículo 50 antes de fin de marzo.
La activación del artículo 50 inicia un proceso de un máximo de dos años de duración, por lo que el Reino Unido habrá abandonado el bloque en 2019.
Se espera que la propuesta del gobierno sea aprobada, ya que el Partido Laborista, principal grupo de oposición, indicó que no tiene previsto bloquear la puesta en marcha del artículo 50.
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