Existe temor de que Toledo pueda refugiarse en un país sin tratado de extradición con el Perú.
De primera autoridad de la nación, a estar entre los prófugos más buscados por la justicia. Alejandro «El Cholo» Toledo Manrique, el primer Presidente democrático tras el fujimorismo, y que llegó al Palacio Pizarro con la promesa de barrer con la corrupción, es acusado de haber recibido $20 millones de dólares de soborno de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
A los 18 meses de prisión preventiva y la orden de captura internacional dictadas en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho, el Ministerio el Interior del Perú ha agregado una recompensa a quien ayude a dar con el paradero del ex mandatario: $100.000 soles, aproximadamente $30.000 dólares.
Palo Alto, en California, Estados Unidos, donde hace clases en la Universidad de Stanford; Francia; o Israel, país donde puede obtener la ciudadanía mediante la Ley del Retorno, a través de su esposa belga de ascendencia judía Eliane Karp, son los más probables paraderos.
El incentivo ofrecido por el gobierno peruano responde a la total falta de datos disponibles para ubicar al «Cholo», y al temor de que, pricipalmente en el caso de que decidiera asentarse en Israel, pudiera recibir inmunidad ante la extradición. La Ley del Retorno israelí otorga el derecho a la ciudadanía a toda persona con al menos un abuelo judío mientras no profese otra religión, y también a su cónyuge. Toledo, a pesar de no ser judío y de profesar la fe católica, al estar casado con Eliane Karp, de padre judío, tiene derecho a acogerse a la ley. Israel no tiene tratado de extradición vigente con el Perú.
Casi la mitad del dinero entregado al ex Presidente se ha logrado ubicar, habiendo sido depositado en cuentas de empresas offshore propiedad del empresario peruano israelí Josef Maiman, íntimo amigo de Toledo.
El abogado Heriberto Benítez, parte del equipo de defensa del ex Jefe de Estado, hizo un llamado diciéndole públicamente a su cliente que se quede donde está: «Le recomiendo que no venga, no hay garantías dadas para un debido proceso. En estas condiciones no se puede presentar, con un juez que quiere enviarlo a la cárcel violando los derechos humanos».
