Una nueva negativa de Holanda de permitir a funcionarios del gobierno de Ankara a realizar mitines electorales en torno a un referendo que busca ampliar los poderes del presidente Erdogan incrementa la crisis diplomática que se ha abierto entre Turquía y varios gobiernos europeos.
La policía en Holanda utilizó cañones de agua y caballos para dispersar una protesta frente al consulado de Turquía en Rotterdam, después de que las autoridades de esa ciudad expulsaran una ministra del gobierno turco.
Más de 1.000 manifestantes se congregaron en torno al lugar en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
Se informa que los manifestantes arrojaron botellas y asaltaron los autos de patrulla.
Los desórdenes sucedieron cuando la ministra de la Familia de Turquía no fue permitida por las autoridades a ingresar al consulado de su país y luego fue escoltada hasta la frontera con Alemania y expulsada del país.
Fatma Betul Sayan Kaya había viajado por tierra el sábado para realizar un mitin político planeado para recaudar el apoyo de la comunidad turca en Holanda en torno al referendo del próximo mes para ampliar los poderes del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El rechazo de la ministra por las autoridades holandesas generó una oleada de tuits inflamatorios.
El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, confirmó en las tempranas horas del domingo que la señora Kaya había sido llevada hasta la frontera alemana por la policía.
En un mensaje de Facebook, Rutte expresó que los intentos para encontrar una «solución razonable» a las diferencias entre ambos países habían resultado «imposibles», al tiempo que tildó la llegada de la ministra Kaya a Rotterdam de «irresponsable».
El incidente es el más reciente capítulo de un creciente enfrentamiento entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Europa tras la negativa de las autoridades de Holanda y de Alemania a autorizar a miembros del gobierno turco a participar en mítines políticos en esos países de cara al referendo.
El sábado, Erdogan se refirió al gobierno de Holanda como «residuos de los nazis y fascistas», durante una concentración en Estambul.
Las palabras fueron en reacción a la prohibición del gobierno de los Países Bajos de un mitin en Rotterdam en el que tenía previsto participar el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, a cuyo avión no se le permitió aterrizar en el país.
Una semana antes, Erdogan había usado símiles semejantes para referirse al gobierno Alemania, presidido por Ángela Merkel.
«Sus prácticas no son diferentes de las prácticas de los nazis en el pasado. Yo pensé que hacía tiempo que Alemania había abandonado (esas prácticas nazis). Estábamos equivocados», dijo el mandatario turco sobre las autoridades germanas.
En ambos casos, la causa de su malestar es la misma: la negativa de las autoridades de Holanda y de Alemania a autorizar a miembros del gobierno turco a participar en mítines políticos en esos países de cara al referendo que se realizará el mes próximo en Turquía y con el cual Erdogan aspira a ampliar sus poderes.
A finales de febrero, en dos estados de Alemania fue retirado el permiso para la realización de concentraciones políticas dirigidas a los ciudadanos turcos que viven en ese país.
Las autoridades de Colonia (en Renania del Norte Westfalia) y de Gaggenau (en el estado de Baden-Württemberg) esgrimieron razones de seguridad para justificar su decisión de cancelar los encuentros.
Pese a ello, el ministro de Economía de Turquía, Nihat Zeybekci, realizó un acto más pequeño en un hotel de Colonia al que asistieron unos 300 invitados y unos 70 periodistas, según informó la prensa alemana.
Previamente, el gobierno de la canciller Ángela Merkel había recibido peticiones para prohibir a Erdogan o a sus ministros hacer campaña en Alemania, en medio de críticas hacia Ankara por el arresto de un periodista turco-germano.
«El gobierno de Alemania deplora el hecho de que la libertad de expresión y la libertad de prensa estén limitadas actualmente en Turquía en un grado inaceptable. Si rechazamos esto en otro país, entonces debemos estar más alertas aún para asegurarnos de que la libertad de expresión es respetada, en el marco de la ley, en nuestro propio país», dijo el portavoz del gobierno de Merkel, Steffen Seibert.
Este sábado, el gobierno de los Países Bajos prohibió, también alegando razones de seguridad, un mitin en Rotterdam en apoyo al referendo convocado por Erdogan y en el que tenía previsto participar el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, a cuyo avión no se le permitió aterrizar en el país.
La decisión del gobierno holandés generó la dura respuesta de Erdogan y está llevando a un conflicto diplomático mayor.
El gobierno de Turquía convocó al encargado de negocios de la embajada de Holanda en Ankara a una reunión para exigir una explicación por lo ocurrido, mientras que Erdogan amenazó con aplicar retaliaciones prohibiendo la llegada de vuelos procedentes de ese país.
«Prohíban volar todo lo que quieran a nuestro ministro de Exteriores, pero a partir de ahora, vamos a ver cómo sus vuelos van a aterrizar en Turquía«, dijo Erdogan.
El primer ministro holandés, Mark Rutte, rechazó la comparación de Erdogan con los nazis.
«Es una afirmación loca, por supuesto», dijo.
En una declaración escrita, Rutte advirtió que las amenazas de sanciones por parte de Turquía hacen «imposible la búsqueda de una solución razonable» y destacó que funcionarios holandeses habían estado hablando previamente sobre la posibilidad de que el mitin de Cavusoglu pudiera ser, más bien, una reunión privada y más pequeña que tenga lugar en la embajada o en un consulado de Turquía en el país.
Tras la prohibición del aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco, la ministra de la Familia, Fatma Betul Sayan Kaya, viajó por tierra desde Alemania hacia Rotterdam, donde las autoridades policiales le impidieron ingresar al consulado de su país.
La televisora holandesa NOS divulgó imágenes del momento en el que la funcionaria turca llega al consulado y las fuerzas de seguridad le impiden ingresar.
«Fuimos detenidos a 30 metros de distancia del consulado general en Rotterdam y no se nos permitió entrar», dijo la ministra en Twitter.
Tras la prohibición del mitin del ministro de Exteriores de Turquía, centenares de partidarios del gobierno de Erdogan se concentraron para protestar alrededor del consulado turco en Rotterdam.
Mientras tanto, las autoridades de Turquía anunciaron que los accesos a la embajada de Holanda en Ankara y al consulado en Estambul habían sido cerrados por motivos de seguridad.
Según informó la agencia Reuters, también fueron cerrados las vías de ingreso a las residencias del embajador, del encargado de negocios y del cónsul general de Holanda.
Las actividades proselitistas de miembros del gobierno turco también han sido cuestionadas en Suiza, donde el viernes fue cancelado un acto en Zurich, y en Austria, donde se cancelaron mítines en Hoerbranz, Linz y Herzogenburg.
Las relaciones entre Turquía y muchos países de la Unión Europea se han deteriorado desde el fallido intento de golpe de Estado contra Erdogan, ocurrido en julio pasado.
Alemania criticó expresamente las detenciones y purgas masivas con las que el gobierno de Erdogan respondió al suceso, que se tradujeron en la remoción de casi 100.000 funcionarios públicos.
Muchos países europeos han visto en esta respuesta del gobierno turco señales de una deriva hacia el autoritarismo.
Según cifras del ministerio de Exteriores de Turquía, hay 5,5 millones de ciudadanos de ese país que residen en el extranjero, de los cuales unos 4,6 millones viven en Europa occidental.
Estos expatriados conservan su derecho a votar en el referendo, lo que explica el interés del gobierno por poder realizar campaña fuera de Turquía.
El referendo previsto para abril en Turquía busca ampliar los poderes de Erdogan bajo un nuevo sistema presidencial.
Los cambios propuestos a los votantes permitirían a Erdogan postularse para otros dos períodos en la presidencia, por lo que podría permanecer en el poder hasta 2029.
Los seguidores del mandatario afirman que esos cambios permitirían fortalecer la presidencia y poner fin a la inestabilidad derivada de las complejas coaliciones parlamentarias que llevaron al país a una crisis económica en la década de 1990.
También resolverían el conflicto de poderes que en ocasiones se produce entre el presidente y el primer ministro.
Los opositores al gobierno, sin embargo, afirman que los cambios propuestos traerán una era de autoritarismo al país, con un presidente que estará sometido a menores controles por parte de un parlamento que le es fiel.
Temen que eso permitiría a Erdogan avanzar en la consolidación del poder que ha ido acumulando hasta ahora a través de la purga de funcionarios públicos no afines y de la represión de la prensa y de los partidos de oposición.
El próximo 16 de abril, los electores turcos tendrán la palabra.
