El mismo día en el que el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.
El día señalado para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela está cada vez más cerca.
Lo que significa que la oposición también está redoblando sus esfuerzos para detenerla.
El primer paso de esa «ofensiva final» es un paro de 48 horas, convocado por la denominada Mesa de la Unidad Nacional (MUD) y que empezó este miércoles, en mismo día en el que el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.
En esta primera jornada de huelga la fiscalía confirmó el fallecimiento de Rafael Vergara, de 30 años, durante una manifestación en la localidad de Ejido, en el occidental estado de Mérida.
También murió en Caracas un adolescente de 16 años cuya identidad hasta el momento se desconoce. Ha habido al menos 50 detenidos.
Además de calles bloqueadas con barricadas, ausencia de transporte público en algunas zonas del país y comercios cerrados, también ha habido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en Caracas y otras ciudades importantes del país, según reportaron medios locales.
«Todos (los venezolanos) deben quedarse en sus casas a no ser que bajen a trancar sus calles o avenidas», invitó, en vísperas del paro, el diputado opositor Freddy Guevara.
La oposición aseguró que la huelga fue secundada en un 92%, lo que fue negado por el propio Nicolás Maduro.
El mandatario aseguró en un acto con sus simpatizantes trasmitido por televisión que el paro «ha sido derrotado» por la «clase obrera» que ha obtenido «una victoria total hoy frente al intento de una huelga indefinida».
«El pueblo no le paró al paro, la gente salió a las calles atrabajar, a vivir, a hacer, a construir. Mientras ellos quierenparar, el pueblo quiere paz», añadió, según informó la agencia EFE.
Pero según el diputado opositor Freddy Guevara, quien representa a la MUD, la huelga fue un éxito.
La elección de una nueva Asamblea Constituyente está prevista para el domingo 30 de julio.
Según el diputado, la huelga general tuvo el mayor índice de cumplimiento en el sector de transportes, seguido del petrolero, el comercial y el sector público.
Como paso siguiente a la huelga, la coalición opositora está convocando a una gigantesca movilización en Caracas el viernes, dos días antes de la fecha prevista para celebración de los polémicos comicios.
Más de 7,2 millones de venezolanos votaron en contra de la idea de la Constituyente en un referendo informal organizado por la oposición el pasado 16 de julio.
Y la oposición espera paralizar completamente el país por dos días para tratar de forzar la mano del presidente Nicolás Maduro, electo en abril de 2013 con 7,58 millones de votos.
El mandatario insiste en que la actual Constitución, promulgada bajo el gobierno de Hugo Chávez, necesita ser reformada para proteger las conquistas de su revolución y regresar al país a la calma.
Pero sus críticos sostienen que se trata de una maniobra para tratar de mantenerse en el poder después de meses de protestas y enfrentamientos, que ya han dejado más de 100 muertos.
También hay sectores del chavismo que se oponen a la Constituyente.
«Hoy en Venezuela estamos ante una amenaza muy clara», advirtió el martes el líder opositor Leopoldo López, quien actualmente guarda casa por cárcel.
«Y esta amenaza busca dos cosas: primero, el aniquilamiento de la república y del estado democrático, y lo segundo, la sumisión absoluta del pueblo venezolano», dijo López en un video en el que también llamó a continuar con las protestas callejeras y a sumarse al paro.
Una iniciativa similar convocada la semana pasada por la MUD movilizó a millones de venezolanos y logró el bloqueo de numerosas carreteras y calles.
Y con el reloj avanzando raudo hacia los comicios del domingo, la oposición parece decidida a dar un nuevo golpe de fuerza.
«Todos (los venezolanos) deben quedarse en sus casas a no ser que bajen a trancar sus calles o avenidas», invitó, en vísperas del paro, el diputado opositor Freddy Guevara.
El objetivo de la oposición es paralizar a Venezuela durante dos días.
El primer vicepresidente de la actual Asamblea Nacional -que es controlada por la oposición- les pidió sin embargo a los ciudadanos no obstaculizar el paso a personal médico ni a periodistas.
Y también instruyó a levantar las barricadas el jueves, para permitir la llegada a la capital de los manifestantes que viajarán desde otras regiones del país para sumarse a la marcha del día siguiente.
Para el jueves, el gobierno también está convocando a un multitudinario acto para cerrar su campaña a favor de un Constituyente que el presidente Maduro calificó de «irreversible».
«Vamos a hacer en la avenida Bolívar y en las avenidas aledañas de aquí de Caracas la mamá de los cierres de campaña», aseguró el mandatario el martes.
Maduro dijo que las elecciones de producirán el domingo «llueva, truene o relampagueé».
Y en medio de cada vez más rumores sobre gestiones de última hora en las que se propone posponer la votación para dar paso a un diálogo, Maduro aseguró que la elección de la Asamblea Constituyente se producirá el domingo «llueva, truene o relampaguee».
Así las cosas, los venezolanos se están preparando para los que muy probablemente serán los días más tensos desde el inicio de las protestas.
«Aconsejamos tomar las medidas preparatorias apropiadas, incluyendo recolectar suficiente comida y agua por 72 horas», recomendaba, de hecho, a través de su página web la embajada de Estados Unidos.
Y las filas más largas de lo habitual que se podían ver el martes en gasolineras y supermercados sugieren que muchos venezolanos decidieron tomar las mismas precauciones.
Una de las demandas de la oposición es la realización de nuevas elecciones presidenciales.
En las últimas horas ya se han producido numerosos arrestos, incluyendo otros este martes los de dos de los 33 jueces designados por la Asamblea nacional para sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El TSJ desconoce las decisiones del parlamento al que considera en desacato y ya había advertido que los nuevos jueces podían ser condenados por «usurpación de funciones».
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