Una periodista de la BBC tuvo acceso exclusivo a los juicios que realizan las cortes iraquíes a presuntos miembros o colaboradores del grupo extremista. Organizaciones de derechos humanos critican la calidad de la defensa en estos casos.
El joven está temblando. Bebe un poco de agua y confirma su nombre: Abdullah Hussein.
Viste un traje roto de prisionero de color marrón. Está sentado frente a tres jueces en una minúscula sala de la corte provincial de Qaraqosh, en el norte de Irak.
Está acusado de luchar para el autodenominado Estado Islámico (EI).
Uno de los jueces lee entonces la sentencia: «La decisión del tribunal se ha adoptado de conformidad con los artículos 2 y 3 de la ley contra el terrorismo de 2005. Muerte en la horca».
Al escucharlo, Hussein -que, como muchos acusados aquí, fue detenido tras la caída de Mosul- se echa llorar.
Mientras EI pierde terreno en los campos de batalla del norte de Irak, unos 3.000 sospechosos de ser miembros o colaboradores del grupo extremista están a la espera de ser procesados en los tribunales iraquíes.
Generalmente hay por lo menos 50 audiencias al día.
Por razones de seguridad, la mayoría son enviados a dos tribunales en esta ciudad, de mayoría cristiana, ubicada a 30 kilómetros al sureste de Mosul y retomada por las fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos en octubre pasado.
Algunos activistas de derechos humanos han criticado el sistema, pero altos jueces iraquíes insisten en que juega un papel vital en la restauración de la ley y el orden.
Se me permitió asistir a algunas de las sesiones.
El siguiente acusado, Khalil Hamada, de 21 años, es más hablador. Viene de una ciudad que estuvo en poder de EI durante dos años y cuenta cómo se unió al grupo.
«Fui solo, nadie me obligó, muchos nos unimos», dice.
¿Cómo te uniste, qué juramento hiciste?, pregunta el juez.
«No puedo recordar exactamente las frases. Pero he jurado lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi (jefe de EI) y al califato», responde.
Relata después su entrenamiento con el grupo: en la ley de la sharia, en ejercicios corporales y el uso de armas.
Pero le dice a la corte que terminó siendo «sólo un cocinero», aunque luego admite que también fue uno de los guardias, «armados con Kalashnikovs», en una base de EI.
Le pagaban, dice, alrededor de US$150 dólares al mes.
Cuando el juez resume su historia, Hamada asiente con la cabeza: «Sí, es verdad».
También habla una fiscal y -brevemente- el abogado defensor designado por el Estado.
Al igual que Abdullah Hussein, Khalil Hamada es condenado a muerte.
Le dicen que puede apelar y que un tribunal superior en Bagdad tomará las decisiones finales.
Sin embargo, su mirada de resignación sugiere que sabe que esto es poco más que una formalidad.
Durante los combates en Mosul, Human Rights Watch (HRW) encontró pruebas de que algunos soldados iraquíes estaban ejecutando sospechosos de ser miembros de la EI en lugar de enviarlos a juicio.
El reporte denuncia que hombres y niños que huían de la ciudad fueron maltratados, torturados y asesinados.
El primer ministro iraquí admitió que hubo «violaciones claras» de los derechos humanos.
Ahora HRW asegura que tiene «serias preocupaciones» sobre la calidad de la defensa en los casos que se juzgan en el Tribunal Penal de Nínive, en Qaraqosh.
Pero el juez jefe Salam Nouri insiste en que su corte actúa profesionalmente y que hacen un trabajo esencial.
«Envía un mensaje a la gente de que las cortes son la potencia más alta y que el gobierno iraquí tiene el control,» asegura.
«El juez sigue siendo neutral», dice el Younis Jameeli, jefe del Tribunal de Investigaciones, que ha sido temporalmente establecido en una gran casa familiar.
Señala que EI atacó a los tribunales de Mosul y asegura que 15 de sus colegas fueron asesinados.
«Cada uno de nosotros perdió a familiares y nuestros hogares fueron destruidos, pero cuando un sospechoso aparece ante nosotros, lo tratamos según la ley», prosigue.
Cuando le pregunto al juez Jameeli sobre las evidencias, noto un brillo en su ojo.
«Sabes que EI nos está ayudando a condenarlos», dice mientras busca unos documentos en su escritorio.
En el archivo hay otra prueba de que EI no es una milicia desordenada: pretendían funcionar como un Estado. Es una hoja de cálculo impresa, recuperada por la inteligencia iraquí.
Cada una de las 196 filas identifica claramente a un miembro de EI con su nombre completo y dirección, trabajo y una fotografía.
Ante los temores reales de que los yihadistas intentarán mezclarse de nuevo con la población iraquí, muchos esperan que los enjuiciamientos puedan detener la reaparición del grupo insurgente y prevenir represalias.
Fuera de la corte, me encuentro con Muwafaq, que ha venido de Mosul para hacer una investigación. Me dice que su vecino, que se unió a EI, le quemó la casa.
«Espero que llegue a la corte antes de que lo vea», dice.
Pero otros alegan que sus seres queridos fueron detenidos injustamente.
Una mujer afirma que su esposo, detenido hace dos meses, tiene problemas de salud mental.
Un padre dice que su hijo era «un joven normal que vendía artículos para carros», pero que no era parte de EI.
Al hablar con ellos, queda claro que juzgar exactamente quién era o no un colaborador de los yihadistas es una tarea complicada: es difícil saber si algunos lo hicieron para poder sobrevivir o si en realidad siguieron la ideología extremista del grupo.
Cuando los procesos judiciales terminan cada día, guardias armados sacan del juzgado a una columna de presos cabizbajos.
Mientras, las calles de Qaraqosh están prácticamente desiertas.
Hace tres años, decenas de miles de residentes huyeron de esta ciudad y muy pocos han vuelto.
Ahora Qaraqosh -con sus iglesias profanadas- da testimonio de la barbarie de la EI y de lo difícil que será para los iraquíes comunes reconstruir sus vidas.
