La entidad afirma que persisten las denuncias de «uso excesivo de la fuerza» por parte de la Policía, muchas veces enmarcado también en el conflicto mapuche.
El gobierno y la Fiscalía siguen «abusando» de la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales, según Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual, la ONG recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2014 que invocar la ley antiterrorista contra mapuches supone en algunos casos violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La controvertida ley antiterrorista endurece las penas para los delitos, permite el uso de testigos protegidos, restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los periodos de prisión preventiva.
Amnistía Internacional enumera en su informe varios casos en los que esa legislación fue invocada en 2017 contra mapuches, como los once comuneros, incluida la chamana Francisca Linconao, acusados del homicidio de un matrimonio de ancianos en 2013 en un incendio intencionado en su vivienda.
Los acusados estuvieron detenidos o en arresto domiciliario a la espera del juicio durante 18 meses y fueron absueltos en dos ocasiones, aunque el juicio se repetirá este año.
En septiembre pasado, señala la organización, la Policía lanzó la llamada Operación Huracán, que culminó con la detención de ocho líderes de una organización mapuche radical acusados de asociación ilícita terrorista por la quema de decenas de camiones.
Este caso dio un vuelco hace algunas semanas cuando la Fiscalía acusó a Carabineros de haber manipulado pruebas para inculpar a los mapuches, que fueron puestos en libertad.
Amnistía Internacional afirma que persisten las denuncias de «uso excesivo de la fuerza» por parte de la Policía, muchas veces enmarcado también en el conflicto mapuche.
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1990), AI subraya que las víctimas siguen exigiendo «justicia, verdad y reparación».
El principal hito en materia de derechos sexuales y reproductivos es la entrada en vigor de la ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.
La ley establece también el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que opten por no realizar abortos, que sigue siendo un delito en todas las demás circunstancias.
La ONG remarca que en junio del año pasado el Senado chileno aprobó en el primer trámite legislativo la ley de Identidad de Género, que permitirá a personas mayores de edad cambiar legalmente de nombre para que coincida con el género con que se identifican.
