La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que el gobierno de Colom (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval US$35 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para instalar un sistema prepago del Transurbano.
Un juez en Guatemala falló este jueves que el expresidente Álvaro Colom deberá ir a juicio por acusaciones de fraude durante su gobierno en el caso de la adquisición de los buses del Transurbuano, un sistema de transporte metropolitano de la capital de ese país.
La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que el gobierno de Colom (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval US$35 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para instalar un sistema prepago del Transurbano.
El juez Eduardo Cojulum dijo que Colom y 12 de los miembros de su entonces gabinete, incluyendo el actual presidente de la ONG Oxfam, Juan Alberto Fuentes, deberían ser procesados.
Fuentes fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Colom y hoy es el titular de la organización benéfica británica que se ha visto envuelta en un reciente escándalo de prostitución en Haití, el cual o está conectado con el caso de Guatemala.
Colom y sus ministros fueron arrestados el 13 de febrero y están bajo arresto preventivo o detención domiciliaria.
El exmandatario declaró su inocencia, afirmando que su proyecto para mejorar el transporte público estaba destinado a evitar los ataques mortales contra los conductores y pasajeros del sistema de autobuses.
El caso examinará un contrato público de US$35 millones firmado en 2009 para la compra de cientos de autobuses para cubrir las rutas del sistema en una concesión de 25 años.
Los fiscales alegan que la cifra estuvo inflada y mucho del dinero fue desviado a gastos inapropiados e inexplicables.
El juez Cojulum dijo que había «elementos suficientes» para seguir un juicio contra Colom, Fuentes y los otros 11 sospechosos.
Añadió que todos los inculpados deberían ser procesados por fraude, mientras que Colom y Fruentes también deberían enfrentar cargos de malversación de los fondos públicos por su «conocimiento directo» del asunto. Ambos niegan estas acusaciones.
