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El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada no tendrá que indemnizar a los familiares de las víctimas de la «Masacre de octubre», de acuerdo al fallo que un juez estadounidense emitió el jueves.
Un juez de Estados Unidos anuló este jueves el fallo que declaraba «responsable» al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por la muerte de civiles durante las protestas registradas en 2003 en el país sudamericano que hicieron caer al gobierno.
Familiares de ocho indígenas aimaras que la policía mató durante los sucesos habían interpuesto una demanda civil contra el exmandatario y el ministro de Defensa en aquella época, Carlos Sánchez Berzaín.
Los deudos los acusaban de ordenar al ejército boliviano usar la fuerza para reprimir las manifestaciones durante la llamada «Masacre de octubre», que dejaron un saldo de más de 50 muertos.
En abril, un jurado civil de Estados Unidos los declaró responsables de las ejecuciones extrajudiciales y los obligaba a indemnizar con US$10 millones a los demandantes.
La sentencia no contemplaba pena de cárcel por tratarse de un caso civil.
Sin embargo, el juez federal James Cohn emitió este jueves un fallo firme y dijo que la evidencia presentada al jurado había sido «legalmente insuficiente»al considerar que los demandantes no presentaron pruebas de un «plan concebido para matar civiles».
Los acusados, por lo tanto, no deberán pagar las indemnizaciones fijadas previamente por el jurado.
Los demandantes dijeron que apelarían «inmediatamente» este fallo.
«No creemos que hayamos perdido, esto es solo un obstáculo», dijo el letrado Thomas Becker.
Otra de las abogadas de los familiares, Judith Chomsky, aseguró que el caso no ha terminado y que apelarán porque el jurado había llegado a la conclusión «correcta».
El jurado declaró el 3 de abril a ambos acusados responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de asesinatos intencionados, lo que según el equipo de defensa de los exfuncionarios bolivianos era una «incoherencia».
Derechos de autor de la imagenCENTER FOR CONSTITUTIONAL RIGHTSLa Corte no emitió entonces sentencia final y solicitó a las partes presentar por escrito argumentos suplementarios.
En una carta, Sánchez de Lozada dijo que este fallo del juez «demuestra que no había absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden para usar la fuerza letal contra civiles».
Las sangrientas protestas en el país andino se desataron en 2003 contra los planes de exportar gas natural de Bolivia a Estados Unidos.
Un sector de la población criticaba los bajos precios a los que se quería exportar el combustible y la falta de un plan que abasteciera antes el mercado nacional.
Los soldados abrieron fuego durante las manifestaciones celebradas en El Alto, cerca de La Paz, y dejaron más de 50 muertos y más de 400 heridos.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESPoco después, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín renunciaron a sus cargos y se mudaron a Estados Unidos, donde viven desde entonces.
El caso que los llevó a juicio se abrió por la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas normas de ámbito extraterritorial en Estados Unidos que autorizan procesar delitos cometidos fuera del país en tribunales federales estadounidenses.
Fue la primera vez que un exjefe de Estado se sentaba frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en EE.UU.
