Las declaraciones políticas no se hicieron esperar.

En el gobierno del Partido Popular alegaron que no realizarían una lectura política, sino “valorar el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento del Estado de derecho y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados”, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de este mismo partido, consideraba la condena como “un triunfo del Estado de Derecho” argumentando que “el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios”.

Desde la oposición, el Partido Socialista aseguró que “respeta y acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más”.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificaba este día como “triste para los demócratas” y ha calificado de “injusta” la decisión.

Y la Asociación Profesional de la Magistratura consideraba que, aunque los mecanismos de Justicia han funcionado “correctamente y con neutralidad”, se trata de una condena “dura”.

En una carta abierta, la hija del juez, María Garzón, espetaba “ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila”.

En las plazas, apoyo a Garzón

La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que desde hace dos años se concentra todos los jueves en la madrileña Puerta del Sol, se vio este jueves arropada por centenares de personas que quisieron apoyar al magistrado tras conocer la sentencia.

En otras ciudades españolas se vieron muestras similares. Entre gritos de “fuera fascistas del Tribunal Supremo” o “fosas cerradas, heridas abiertas”, miembros de la plataforma convocaron a concentrarse el próximo domingo frente a la sede del Tribunal Supremo y anunciaron sin concretar futuros actos de homenaje al juez.

Como desde hace un año y medio, la octogenaria Hilda Farfantes acudió de nuevo a la Puerta del Sol. Lleva colgada del cuello una página impresa con las fotos de sus padres. Tenía 5 años cuando desaparecieron y sus cuerpos “todavía siguen en las cunetas”.

Hoy se siente “horrorizada, avergonzada y disgustada”. “Garzón era nuestra última esperanza”, añade con los ojos húmedos. Ella cree que el verdadero motivo de su inhabilitación es haber abierto la investigación por el franquismo, y no el caso Gürtell.

Blanca, María y Beatriz, todas entre 26 y 27 años y que no quieren dar sus apellidos, destacan que no se manifiestan a favor de Garzón sino en contra del desarrollo de los procesos judiciales en los que está implicado.

“No es solo el franquismo, también se trata de la corrupción política y de todo aquello sobre los que no se puede investigar en este país”, opina Blanca.

Su amiga María coincide en la politización de la Justicia española: “tiene temas tabú, se puede encausar a la izquierda y a los ciudadanos pero la derecha es intocable”, y aclara que no le gusta Garzón y que jamás pensó que le podría llegar a defender.

Algunas de las razones las completa Beatriz, como su excesivo empeño en aparecer en la prensa y en hacerse con las causas más mediáticas y polémicas, lo que “le ha hecho ganarse también muchos enemigos”.

Un poco más alejado del bullicio de la plaza, Enrique González, de 50 años, tenía otra opinión del proceso: “Mejor dejar las tumbas quietas, bastante tenemos con la que está cayendo ahora”.

“Garzón tiene lo que ha buscado, ahora que apechugue”, compartía Román Aguirre.

Twitter diluye lo políticamente correcto

En Twitter, el debate también saltó apenas conocerse la sentencia. Los hashtag #Garzón y #Apoyoagarzón se situaban rápidamente y durante todo el día como los temas de discusión principales en España.

La típica discreción de los políticos se diluía en los 140 caracteres de la red social, en la que por ejemplo el líder del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba escribía: “Respeto todas las sentencias pero algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA”.

“La caza de #garzón perseguía su despido y descrédito: 1 Malo técnicamente: Gürtel. 2 Sesgado x ideológico: fosas. 3 Corrupto: Santander”, decía @arsenioescolar (Arsenio Escolar, director del periódico 20 minutos).

“Cuando el juez es el primer condenado en un caso de corrupción es que algo no funciona…”, apostillaba @kurioso (Pepo Jiménez).

Otros, aplaudían la sentencia, como @mariavsellan(María Vázquez): “He leído la sentencia: jurídicamente impecable y completamente motivada. Como debe de ser en un Estado de Derecho”.

O el de @jorgalve (Jorge G. Alvear): “La sentencia dice que GARZÓN en acto arbitrario (al ordenar la escucha) desmanteló la configuración del proceso penal como un proceso justo”.

Sin embargo, la red también mostraba otras aristas de la polémica trayectoria del juez. Por ejemplo, al permitir las torturas policiales a jóvenes independentistas catalanes y vascos en los años 90, querella esta rechazada por el Tribunal Supremo.

“Que vergüenza que#Garzónsea condenado por perseguir la corrupción y no por amparar la tortura en los interrogatorios, ésta es su justicia”, manifestaba @miguelurban (Miguel Urban Crespo).

Y también el de @lu1spa (Luis Espartano), en el que alude al cierre de varias publicaciones de izquierda independentista vasca, a la que relacionaba con ETA y que diez años después, al considerarse que su actividad no era ilícita, no pudieron volver a abrir.

“Ahora que caigo: cuando los periodistas de Egin y Ardi Beltza nos quedamos sin trabajo, no protestó casi nadie en el Estado español.#Garzón”.

La Casa Blanca informó en un comunicado que Biden y otros altos funcionarios de la Administración Obama se reunieron el miércoles con cuatro expertos y defensores de los derechos humanos para tratar “el deterioro de la situación de los derechos humanos en China y las perspectivas de reforma”.

En la conversación participaron los expertos y activistas sobre derechos humanos y reforma legal en China Benjamin Liebman, Kenneth Roth, Jianying Zha y Xiaorong Li.

Biden reiteró que “una mayor apertura y protección de los derechos universales es la mejor manera de promover la innovación, la prosperidad y la estabilidad en todos los países, incluida China”, según recogió hoy la Casa Blanca.

También subrayó “la creencia de la Administración en la universalidad de los derechos humanos y su compromiso con los derechos humanos como parte fundamental” de la política exterior de Estados Unidos.

Horas antes, el vicepresidente Biden también mantuvo una conversación telefónica con Xi sobre asuntos económicos, comerciales, regionales y globales.

La Casa Blanca aseguró que Biden “enfatizó la importancia de construir una relación china-estadounidense que responda a los asuntos prácticos que son de importancia para ambos países”.

Xi, considerado el heredero de Hu Jintao al frente de China y el Partido Comunista de este país, tiene previsto acudir a EE.UU. la semana próxima para una visita que le llevará a Washington y los estados de Iowa y California y durante la cual se reunirá con Biden y con Obama el próximo martes.

Dos semanas atrás, EE.UU. expresó su “grave preocupación” por los informes de violencia, inmolaciones y manifestantes muertos en el Tíbet, por lo que instó a China a afrontar las “políticas contraproducentes” que han causado continuas tensiones en la región.

Timerman, según un comunicado de la Cancillería difundido este jueves, también se dirigirá al presidente de la Asamblea General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, y al secretario general, Ban Ki-moon.

De acuerdo con el comunicado, les informará “sobre la violación del Reino Unido de las cerca de 40 resoluciones de las Naciones Unidas, que convocan al diálogo entre dicho país y la Argentina para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 1833 con la invasión militar de las islas Malvinas”.

También se reunirá con el presidente del Comité de Descolonización, Pedro Núñez Mosquera, y los representantes de Colombia y Guatemala, los países latinoamericanos miembros del Consejo de Seguridad.

Durante un acto en la sede del Gobierno, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ratificó que Timerman realizará este viernes “la presentación en Naciones Unidas por la militarización” y llegada de “armamento nuclear” a las islas.

Las gestiones del canciller responden al anuncio lanzado el martes por Fernández para denunciar la “militarización” de las Malvinas ante la inminente llegada a la zona del MS Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real inglesa.

El martes, por ejemplo, las autoridades de Jamaica incineraron más de 2.000 pistolas y revólveres ilegales, muchos de ellos decomisados en operativos policiales, como parte de un programa para reducir el narcotráfico y la violencia, dos temas que -además del turismo- aparecen vinculados a Jamaica en los titulares de prensa.

Simultáneamente, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en Puerto España, Trinidad y Tobago, un informe en el que alerta que los índices de homicidios en varios países de la región -con la excepción de Surinam o Barbados- son “extremadamente altos” para los estándares mundiales.

Sobresalen dos ejemplos, según las cifras que ofrece Naciones Unidas: la propia Jamaica, que si bien logró reducir el número de homicidios ha tenido en los últimos años el tercer índice más alto del mundo en este rubro; y Trinidad y Tobago, cuya tasa se multiplicó por cinco entre 1998 y 2008.

La tendencia de la tasa de homicidios en otros países de la región, como Antigua y Barbuda, Guyana y Santa Lucía, también es creciente.

La principal fuente de la violencia en esos países proviene de organizaciones y bandas criminales, cuyas actividades están ligadas con frecuencia al tráfico de armas o de drogas.

En la última década, según un informe de 2011 de la oficina de la ONU para las drogas y el crimen (UNODC), la importancia de El Caribe como un centro de distribución de drogas pudo haber caído. Esto se debe a la búsqueda de nuevas rutas por parte de los capos y a una mayor presión de las autoridades.

Sin embargo, el documento señala que las recientes cifras demuestran que la región puede estar adquiriendo importancia de nuevo.

Pobreza, drogas y violencia

Los países de El Caribe tienen dos condiciones que favorecen la presencia de narcotraficantes: por un lado están ubicados estratégicamente en rutas por donde se transporta droga desde países productores en Sudamérica a países de tránsito en Centroamérica y de ahí a mercados como Estados Unidos o Europa.

También están ubicados en medio de un flujo que va en la dirección opuesta, el de las armas que van mayoritariamente de Estados Unidos a Sudamérica.

Por el otro, sus instituciones son generalmente débiles y, según el informe del PNUD, los crímenes asociados a estas actividades rara vez generan arrestos o condenas.

Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda y actual directora del PNUD a nivel mundial, considera que hay una tercera razón, un motivo subyacente: la pobreza.

“El empobrecimiento de sectores de la población lleva a que algunas personas no puedan encontrar una forma de ingresar a la economía formal, cayendo así en manos de narcotraficantes o gánsteres, así que hay un sustento económico para lo que luego es un problema extremadamente importante a nivel social y de orden público”, le dijo Clark a BBC Mundo desde Trinidad y Tobago.

El profesor Corin Bailey, de la Universidad de las Indias Occidentales, explica a su vez que estos factores se traducen en altos índices de violencia en la región.

“Esta asociación con el narcotráfico ha moldeado de muchas maneras el panorama criminal de El Caribe”, le explicó a BBC Mundo desde Barbados.

“Está vinculado al incremento de crímenes violentos y a crímenes como el lavado de dinero y la corrupción de funcionarios”.

América Latina

Ivelaw Lloyd Griffith, un profesor de Guyana que se especializa en la criminalidad y la seguridad en El Caribe, prefiere ser cuidadoso cuando se analizan las cifras.

Explica que el tema de los altos niveles criminales en la región no es nuevo, mas sí persistente o creciente en la mayoría de casos.

Añade que la violencia El Caribe debe diferenciarse de la de América Latina, donde habitualmente hay poblaciones más grandes e instituciones más capacitadas para afrontar los retos del narcotráfico y la violencia.

“Se debe entender de manera diferente a como se ve en países como Guatemala, El Salvador o incluso Colombia”, explica en diálogo con BBC Mundo.

“El crimen organizado no es tan organizado en El Caribe comparado con esos países”, y añade que en lugares como Santa Lucía o Guyana las redes criminales son “sueltas” o hay capos individuales.

Griffith resalta que una excepción notoria es Jamaica, un país de tránsito para las drogas pero también productor importante de marihuana a nivel regional, y con estructuras más claras.

Su capo más conocido, Christopher “Dudus” Coke, fue extraditado a Estados Unidos y manejaba una organización criminal que se extendía muy lejos de las fronteras de la pequeña isla caribeña para traficar marihuana, cocaína y armas.

Atracción para los jóvenes

Si bien la situación en América Latina es diferente a la de algunos países de El Caribe, parte de la solución consiste en trabajar en ambas partes, según Helen Clark.

“Para afrontar este problema se necesita una interacción cercana entre las instituciones (…) en varios países”, dice la exprimera ministra.

“Para que se dé esa interacción tiene que haber confianza en la integridad de esas instituciones. Parte de la respuesta, entonces, tiene que ser aumentar el nivel de integridad de la policía, el sistema judicial y los guardaespaladas, entre otros”.

“Por supuesto tiene que haber una respuesta de orden público, pero también es importante tener un enfoque más amplio que mire la marginación y el empobrecimiento, que pueden alimentar la atracción de los jóvenes para ingresar a estas bandas muy violentas”, concluye.

“Ese recuerdo tuvo un profundo efecto en mí. Me sentí mal por ellos y no entendía porqué había pasado todo eso”, dice este oriundo de las Islas Malvinas/Falklands.

El conflicto -armado y diplomático- por la soberanía de las islas del Atlántico Sur ha marcado la vida de Peck, quien es el primer isleño en pedir y obtener un certificado de nacimiento argentino.

Siendo apenas un adolescente de 13 años fue testigo de la invasión argentina a su pequeña comunidad.

Su padre, un comisario de la policía en las islas en ese entonces, huyó ante la llegada de los argentinos y después se incorporó a las tropas británicas que retomaron el control del lugar.

Luego, años después, conoció a una argentina quien se convertiría en su esposa (ahora están separados) y la madre de sus dos hijos.

“He tenido siempre toda esta carga de la guerra y del tema por las islas. De hecho, de cierta manera parte de la separación con mi esposa fue por la guerra. Yo no aceptaba a su familia, yo defendía a las islas, no querían que mis hijos usaran la camiseta de fútbol de la selección argentina y me quejaba porque los argentinos reclamaban para sí las islas”, señaló Peck a BBC Mundo.

“Pero llegó un punto en que me pregunté ‘¿qué estoy defendiendo?’ Y ahí decidí dejarlo ir todo”, agregó.

Nacionalización

Es la primera vez que Peck acepta hablar con un medio de comunicación sobre su situación y vida personal desde que obtuvo el documento de identidad argentino en junio del año pasado. Eligió mantener un bajo perfil para dedicarse a su pasión, el arte.

“Pero han venido ocurriendo muchas cosas recientemente y hay muchos periodistas escribiendo basura sobre las supuestas tensiones entre ambos países (Argentina y Gran Bretaña), y decidí que tenía que decir algo”, señaló.

A finales de los años ‘90, Peck se estableció en Buenos Aires para trabajar como artista. Pero al separarse de su pareja volvió a las Malvinas/Falklands. Estando allá, la separación de sus hijos fue demasiado y ahí surgió la idea de regresar al continente, y residenciarse.

“Fui con un amigo y pregunté qué tenía que hacer. Y decidí obtener el documento de identidad para así vivir cerca de mis hijos. Decidí convertirme en un padre argentino”, aseveró.

“Cuando alguien tiene una pareja e hijos de otro país es normal aplicar para una dicha nacionalidad. Pero en este caso me emitieron un documento de identidad y no una nueva nacionalidad, porque yo nací en las islas. Soy isleño, que es diferente a ser británico”, explicó.

Argentina considera a los isleños nacionales del país. De ahí que el registro civil de de Ushuaia le emitió un certificado de nacimiento argentino y luego obtuvo un documento de identidad.

Esta tarjeta no le llegó por correo como a cualquier solicitante común. El DNI se lo dio personalmente en la mano la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un multitudinario acto que se efectuó el 29 de junio de 2011, el día en que se recuerda la rendición las tropas y el triunfo de Gran en la guerra hace 30 años.

Peck dice estar consciente de la utilización política de su pedido. “Cuando supe cómo sería el acto lo pensé por varios días. Pero al final yo sólo quería estar con mis hijos”.

“Creo que los políticos en todo el mundo capitalizan el sacrifico de la gente y yo acepté el uso político. Además yo simpatizaba con (el ex presidente argentino) Néstor Kirchner por la forma en que le dio la vuelta al país tras la crisis económica y no creo que su esposa (la mandataria Fernández de Kirchner) sea una mala persona”, afirmó.

Secuelas

La decisión de Peck no fue muy bien recibida por algunos de quienes lo conocían en las islas.

“No he vuelto, pero sí me llegaron comentarios desagradables desde allá. No entiendo cómo no se comprende que hice esto para estar con mis hijos”, dice.

El (fallecido) padre de Peck es considerado un “héroe” en las islas por haber participado en la retoma británica.

Pero para este artista de 43 años de edad, Argentina ha estado presente incluso desde antes de la guerra.

“Siempre hubo algún contacto. Alguna hermana mía se ponía de novia con un argentino. Había juegos de fútbol entre locales y argentinos, y recibíamos comida del continente. Incluso durante la guerra, mi madre, al estar separada de mi padre, vivía con un argentino y así fue durante el conflicto. Por eso nadie se sorprendió cuando me casé con una argentina”, indicó.

Argentina y Gran Bretaña han tenido varios cruces diplomáticos en las últimas semanas, pero para Peck “muchas de las tensiones son exageradas por los periodistas o por los políticos”.

“Después de 30 años es ridículo que hay tanta mala sangre. Hay mucha ignorancia y los periodistas tienen la responsabilidad de no atizar el fuego”, señaló.

“Sería bueno que la gente hablara y pudieran arreglar las cosas”.

Según expresó el hombre que tuvo por las cuerdas a Augusto Pinochet, la sentencia del Tribunal Supremo español que le condena a 11 años de inhabilitación “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.

El tribunal encontró al juez culpable del delito de por prevaricación, por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de una trama de corrupción, que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular, y sus abogados.

Cientos de personas se manifestaron en el centro de Madrid para mostrar su solidaridad con el juez y expresar su “indignación” y “vergüenza” por la sentencia.

La concentración tuvo lugar en la conocida Puerta del Sol, en la que los manifestantes desplegaron una pancarta con la imagen del magistrado en la que se podía leer “Contra los juicios de la vergüenza”.

El portavoz de la plataforma “Solidarios con Garzón”, Jaime Ruiz, leyó un manifiesto asegurando que el Alto Tribunal quería expulsar a Garzón de la judicatura española porque “molestan los jueces independientes que quieren acabar con la corrupción y juzgar los crímenes del franquismo”.

Los manifestantes corearon lemas como “Del Tribunal Supremo fuera fascistas”, “Garzón amigo, el pueblo está contigo”, “Basta ya de mafia judicial”, “Tenemos memoria, queremos justicia” y “Vergüenza, Vergüenza”.

Entre ellos se encontraba el líder de la formación Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien señaló que espera una “reacción popular importante de todos los demócratas de este país”, al margen de su ideología, de manera “pacífica y tranquila”, para decir al Supremo que la Justicia que está aplicando “no coincide con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos”.

El archivo, divulgado bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), se compiló bajo la presidencia de George Bush, porque el entonces mandatario barajaba en 1991 la posibilidad de nombrar a Jobs como presidente del Consejo de Exportaciones estadounidense.

En 1985, según los documentos, alguien trató de chantajear al ícono tecnológico al exigirle un millón de dólares a cambio de no hacer estallar varios aparatos colocados en su casa y en las de otros tres empleados de Apple.

Finalmente, la persona que estaba detrás de la amenaza fue localizada en un hotel cerca del aeropuerto de San Francisco (EE.UU.).

En cuanto a su coqueteo con las drogas, Jobs admitió en una entrevista en 1991, días antes de su boda, que en su juventud había probado el hachís y el LSD.

Según el FBI, algunos de los entrevistados pusieron en tela de juicio la integridad personal del empresario y dijeron que era difícil trabajar con él.

El archivo deja claro que el cofundador de Apple no se enfrentó a ninguna condena por delitos serios, pero también menciona el uso de drogas y cuestiona la “honestidad” del genio informático.

“Varias personas hablaron sobre el uso de drogas de Jobs en el pasado. (…) El señor Jobs también comentó sobre su consumo de drogas”, dice una cita de la investigación, que seguidamente añade que algunas personas de su entorno cuestionaron su honestidad.

“Varias personas cuestionaron la honestidad del señor Jobs, afirmando que Jobs no diría toda la verdad y distorsionaría la realidad con el fin de lograr sus objetivos”, agrega el FBI.

Pese a esas dudas, los autores del informe indicaron que no veían razones que impidieran que se ofreciera a Jobs el cargo al frente del Consejo de Exportaciones.

Para la elaboración del informe sobre la idoneidad de Jobs para el posible nombramiento, el FBI entrevistó a una treintena de personas, entre ellas vecinos y colegas de trabajo.

El informe menciona, no obstante, que aunque se entrevistó a algunos trabajadores de Apple, esa empresa “se ha mostrado poco cooperativa en lo que respecta a proporcionar la asistencia requerida por el Departamento Legal”.

En aquel entonces, Jobs había dejado Apple y era el presidente de Next y presidente y consejero delegado de la compañía de animación Pixar.

Entrevistar al propio Jobs para el informe tampoco fue fácil, según ponen de relieve los agentes del FBI, que indican que la secretaria del genio de la tecnología les informó de que su jefe no estaría disponible durante tres semanas y no podía conceder al encargado del caso “ni una hora”.

El archivo también señala que “según los antecedentes proporcionados por el señor Jobs, no tiene familiares cercanos que residan en países controlados por comunistas”.

Jobs murió el 5 de octubre pasado, a los 56 años, tras una larga batalla contra el cáncer que le obligó en agosto del mismo año a renunciar a su puesto como consejero delegado de Apple

Garzón, quien cobró celebridad en 1998 por emitir una orden de extradición contra Augusto Pinochet que mantuvo al ex dictador más de un año bajo arresto domiciliario en Londres, fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas escuchas, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta.

La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, supone la “perdida definitiva” de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.

Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

Crímenes del franquismo

El magistrado está imputado en otras dos causas en España, una por tratar de investigar los crímenes del franquismo -que ya está vista para sentencia- y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.

Sobre este último caso, en el que arriesga otra condena de 20 años de inhabilitación,  el juez recibió el domingo último el respaldo de un editorial del diario The New York Times, que consideró que estaba siendo perseguido por “desafiar la ley de Amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia”.

Asimismo, sostuvo que la  acusación no se sustenta porque “en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y desapariciones no resueltas que constituyen un delito continuado”.

El entusiasmo, la incertidumbre y la presión de salir bien parados dominan las emociones en la oposición de cara al domingo.

Cinco precandidatos lucharán por llevarse la victoria, aunque a horas de los comicios sólo dos aparecen como favoritos: son los gobernadores de los estados más poblados del país, Henrique Capriles Radonsnki, de 39 años, (Miranda) y Pablo Pérez, de 42 años, (Zulia).

La diputada independiente María Corina Machado, el ex embajador Diego Arria y el laborista Pablo Medina tienen escasas probabilidades de acuerdo a los sondeos, que coinciden en darle el primer lugar a Capriles.

Entusiasmo

La oposición vive el acto con singular entusiasmo. Y no sólo en Venezuela, sino que se espera la participación de venezolanos en más de 80 ciudades de 31 países.

Años de divisiones y fracturas internas hicieron de la unidad opositora una quimera.

Aunque en 2006 un bloque opositor mayoritario llegó a las presidenciales con un candidato único –Manuel Rosales–, éste no fue elegido a través de elecciones internas sino tras un acuerdo de los líderes del sector.

Pasó el tiempo y las cosas han cambiado.

“Para la oposición de base el ánimo debe ser muy favorable, el ejercicio del 12 de febrero va a permitir avanzar en la madurez de la oposición venezolana. Esto reaviva y reanima el proceso electoral”, le dice a BBC Mundo Nicmer Evans, profesor de Teoría Política de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Gane quien gane el domingo, muchos ojos estarán puestos en el nivel de participación.

Aunque difícil estimar cuánta gente se acercará a las urnas, aseguran los analistas, se esperan entre uno y dos millones de votantes, es decir, entre el 5% y 10% del padrón electoral, aunque algunos aventuran que se podría llegar al 15%.

La oposición viene de obtener 5,3 millones de votos en las parlamentarias de 2010, apenas 100.000 menos que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aunque nadie sueña ni de cerca con aproximarse a esas cifras, una votación contundente servirá para iniciar la ardua carrera hacia octubre con más solidez y deshacerse de la probable respuesta oficialista que buscará quitarle impacto a los comicios.

¿Temores justificados?

El proceso también se vive con un dejo de temor: exponer la tendencia política en Venezuela a veces puede ser un problema.

No en vano desde la MUD se ha hecho hincapié una y otra vez en la confidencialidad del voto que, aseguran, estará blindado.

Buscan dar garantías al votante: no quedará ningún registro escrito de las personas que vayan a sufragar.

Los cuadernos de votación serán destruidos a las 48 horas.

Todavía en muchos está presente en el recuerdo de la “lista Tascón”, una nómina que se hizo pública de quienes entre 2003 y 2004 firmaron para pedir un referéndum revocatorio para que el presidente Hugo Chávez abandonara el poder.

Una lista que a la postre vetaría a muchos de empleos públicos.

“Entiendo el miedo”, le dice a BBC Mundo Luis Vicente León, director de la firma de opinión pública Datanálisis. “Habrá cámaras de televisión por todos lados, VTV (el canal estatal) estará ahí, te ven la cola para votar, explícame si eres empleado público si vas a querer estar ahí”.

Incluso la MUD llegó a alertar esta semana de supuestas “amenazas” a funcionarios públicos para que no concurran a votar.

Evans asegura que los temores de que se generen medidas excluyentes están presentes no sólo en la oposición.

“Dueños de empresas privadas están exigiendo a trabajadores que lleguen con el dedo manchado. Es un temor hacia una cultura política que busca amedrentar de un lado o del otro”, señala.

Otra de las garantías que se ofrecerán en el proceso electoral es que no se utilizarán máquinas captahuellas y que no será obligatorio que los electores utilicen tinta indeleble para registrar su voto.

Pero más allás de algunos temores una porción del país se prepara para emitir un voto histórico el domingo. Al día siguiente empezará otra historia. La de trabajar por desbancar el 7 de octubre al presidente Hugo Chávez

El mandatario, quien se recupera de un cáncer del cual fue operado en junio, suele decir que la oposición nunca volverá a gobernar Venezuela y ha asegurado que pretende permanecer en el poder hasta 2031.

“Esta es la elección más ganable. No es el escenario más probable, pero es posible. Hay un desgaste natural de Chávez y la oposición ha aprendido”, dice León.

El que sea elegido tendrá por delante un desafío mayúsculo.

Pillay incidió en la “extrema urgencia” de que los países rompan sus lazos políticos con el régimen de Bachar Al Asad, como lo han hecho últimamente los de la Unión Europea, del Golfo Pérsico y Estados Unidos.

Igualmente, les instó a que tomen acciones “efectivas” para proteger al pueblo sirio.

Consideró que el último fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en condenar y acordar sanciones contra el régimen sirio “parece haber avivado la disposición del Gobierno de masacrar a su propio pueblo en su objetivo de aplastar la disidencia”.

El Consejo de Seguridad ha abordado en tres oportunidades la situación en Siria, pero ha sido incapaz de adoptar medidas concretas por la oposición de Rusia y China que afirman que ello sería una injerencia en los asuntos internos del país árabe.

Pillay reiteró a través de un comunicado que existen los elementos para afirmar que en Siria se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

La ONU cuenta con información que indica que los hospitales, que ya hacían esfuerzos por atender a la gran cantidad de heridos en las últimas semanas, ahora están simplemente saturados o son inaccesibles, por lo que la gente ha levantado clínicas de campaña en Homs.

Por esta razón, Pillay dijo que además de las violaciones a los derechos humanos le preocupa el fuerte deterioro de la situación humanitaria en Siria, sobre todo en la castigada Homs, cuna de la rebelión y donde importantes zonas han sido aisladas por las fuerzas de seguridad por largos periodos.

Sin atreverse a avanzar una cifra de muertos -la última ofrecida por la ONU hace un mes indicaba más de 5.400 muertos-, Pilay dijo que la naturaleza y el alcance de las violaciones es tal que pueden equivaler a crímenes contra la humanidad.

Para estos últimos, recordó, no existe prescripción del delito, por lo que “habrá esfuerzos sostenidos durante el tiempo que sea necesario para hacer justicia a las víctimas”.

En agosto y diciembre pasados, la alta comisionada pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.

Lo que hace once meses empezó con protestas pacíficas que pedían apertura democrática y mayores libertades en Siria se ha transformado en un baño de sangre que la comunidad internacional no ha sido capaz de detener ni evaluar en su exacta dimensión por la imposibilidad de entrar en el país que tienen la prensa y las organizaciones internacionales o civiles.