A casi dos siglos del inicio de los procesos de independencia y descolonización, América Latina aún no constituye una unidad política como la soñaran en su tiempo algunos ilustrados próceres independentistas o como en la actualidad algunos expertos de Bruselas quisieran verla, ora irreflexivamente deseosos de exportar el modelo de integración de la Comunidad Europa a otras regiones del planeta, ora necesitados de nuevos interlocutores regionales de envergadura que les permitan contrapesar el -por momentos incontrarrestable- predominio mundial norteamericano.
Con todo, las alianzas parciales entre países de la región y de algunos o del conjunto de países latinoamericanos con terceros se han multiplicado en los últimos años, sobre todo en el ámbito económico: es el caso del Mercosur y, en menor medida, de la Comunidad Andina de Naciones, por una parte; del Nafta, de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y del proyectado TLC de las Américas, por otra. Más allá de lo eventualmente contradictorio y hasta caótico de estos procesos -lo que algunos estudiosos y líderes políticos pretenden resolver hablando eufemísticamente de «regionalismo abierto»- lo cierto es que si las alianzas regionales, intra e inter regionales, aún con sus limitaciones, se multiplican es sencillamente porque en un contexto de mundialización de los intercambios los países por sí solos -salvo escasas excepciones- han dejado de ser actores relevantes para intervenir en las dinámicas que molden su propios desarrollos. Esto, que es contemporáneo con el agotamiento de los esquemas de «desarrollo hacia adentro», no significa sin embargo el fin de los Estados nacionales y el advenimiento irrefrenable de Estados posnacionales, como algunos autores vaticinan, sino más bien el reajuste del rol de esa invención histórica que conocemos como «Estado-nación», en el contexto de la emergencia de nuevas constelaciones de poder, sobre todo de carácter regional.
En el ámbito de la cultura, en un sentido amplio -y de la educación, de manera específica-, el escenario antes descrito genera al menos dos posibilidades inéditas para el conjunto de los países latinoamericanos.
Un primer desafío es el de la cultura latinoamericana en el escenario de la mundialización o, si se quiere, de la interculturalidad inter-regional. En particular, nos referimos a la situación de las industrias (empresas) culturales latinoamericanas -mercados culturales: «cultura de masas», «bienes simbólicos», «industrias del imaginario» (internet incluido), o como se le quiera llamar. Es sabido que en las negociaciones económicas internacionales ha existido en los últimos años un vivo debate en torno a si considerar de manera especial los mercados de bienes simbólicos (la llamada «excepción cultural», en las negociaciones Europa-Estados Unidos), en cuanto estos influirían drásticamente en los estilos de vida y en los rasgos identitarios de los pueblos. Ahora bien, más que medidas defensivas -restricciones de acceso al mercado cultural latinoamericano o imposición de cuotas de emisión de producciones regionales; impracticables por lo demás dadas las redes satelitales o por cable-, cabe aquí avanzar en políticas de estímulo a las industrias culturales deficitarias en la región (particularmente, en el área audiovisual), vía fondos regionales concursables, medidas impositivas apropiadas y cooperación internacional. Es nuestra convicción que tales políticas sólo serán viables en la medida que comprometan al conjunto de países de la región (y, eventualmente, por razones lingüísticas, a España y Portugal), pues se trata de contextos donde las políticas nacionales por sí solas no tienen incidencia significativa. No se trata aquí, sin embargo, de buscar sólo modos de paliar actuales asimetrías flagrantes en el intercambio económico-cultural de la región frente a los mercados culturales hegemónicos (particularmente el norteamericano), sino también de estimular el acceso a los mercados mundiales a aquellas industrias culturales latinoamericanas de indudable vigor y creatividad (por ejemplo: la música popular, las teleseries, etc.).
El otro gran desafío de los años venideros es la promoción de la interculturalidad intra-regional e intra-nacional, especialmente en el ámbito educativo. En otras palabras, el reconocimiento de las identidades culturales que la modernidad occidental tradicional (valga el oximoron), desde la conquista del «Nuevo Mundo» -pasando por la instauración de las repúblicas latinoamericanas- históricamente negó, reprimió y/o discriminó. Nos referimos, particularmente, a las minorías nacionales indígenas, a los grupos de inmigrados contra su voluntad (afroamericanos), y a grupos sociales tradiocionalmente excluidos del progresismo republicano: mujeres, niños, campesinos. Ello implica, desde ya, coordinar políticas socioculturales de alcance regional de apoyo y de afirmación positiva a tales grupos discriminados. Pero también, y sobre todo en el caso de los países con importantes minorías indígenas, es necesario avanzar hacia el reconocimiento del carácter de Estados pluriculturales (o plurinacionales), con las correspondientes reformas institucionales, sobre todo en el plano educacional. En este último ámbito ya existen, por lo demás, interesantes experiencias de educación intercultural en algunos países de la región, que pueden orientar la puesta en práctica de iniciativas análogas en aquellos lugares donde el prurito del monoculturalismo aún no da muestras de abrirse a aceptar toda la riqueza de la diversidad.
En síntesis: no es posible pensar en consolidar los procesos de integración regional latinoamericanos -imprescindibles en el contexto de la globalización y de la pérdida relativa de poder de los Estados nacionales- sin una coordinación en el ámbito de las políticas socio- y económico-culturales, orientadas éstas por el principio de la interculturalidad (intra e interregional). En este contexto, la interculturalidad como criterio rector de los sistemas y prácticas educativas en los países de la región adquiere más que nunca una inédita prioridad.
