Al tema de los derechos humanos y del conflicto indígena que marcan los primeros 60 días del gobierno de Lagos, se han sumado la ineficiencia del Plan para descontaminar Santiago y temas calientes como el caso Ralco y el caso de Celulosa Arauco en el valle del río Itata.
Pehuenches del Alto Bío Bío y agricultores del valle del Itata, acompañados de ecologistas y abogados, han visitado ministerios y oficinas publicas y frecuentado el frontis de la Moneda como espacio de protesta.
En el caso Ralco, las hermanas Quintreman y los pehuenches afectados han sido recibidos numerosas veces por las nuevas autoridades, sin embargo en ninguna circunstancia se han reconocido sus derechos, consagrados en la Ley Indígena, ni prometido una revisión de las irregularidades de la aprobación del proyecto, ni fiscalizado las condiciones bajo las que la empresa continúa desarrollando sus trabajos. Peor aún, el nuevo gobierno ha anunciado que concederá en junio próximo la Orden Bernardo O´Higgins -máxima distinción del Estado chileno- al empresario Martín Villa, presidente de Endesa España -la dueña del proyecto Ralco- en reconocimiento a las inversiones desarrolladas por esa empresa. Es decir por las inversiones del Proyecto Ralco.
El proyecto de Celulosa Arauco en el valle del Itata fue rechazado por 17 votos contra 2 por la Comisión Regional de Medio Ambiente-Corema VIII Región. Luego que la empresa apelara al Consejo de Ministros, el proyecto ingresó al Consejo Consultivo, donde curiosamente se estancó el proceso en el primer mes del gobierno de Lagos. Y peor aún, luego de ser sometido al pronunciamiento del Consejo Ministerial, como lo establece el reglamento, el proyecto fue devuelto nuevamente a la COREMA de la VIII Región, en un procedimiento totalmente irregular dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Filtrado este hecho irregular a las comunidades agrícolas del Itata, 600 agricultores, liderados por Moisés Ramírez, presidente del comité de Defensa del Valle de Itata, se trasladaron a Santiago a pedir explicaciones al Ministro Alvaro García y a Adriana Hoffman, presidente y directora Ejecutiva de CONAMA, respectivamente. A pesar de que ambos reconocieron que se estaba utilizando un procedimiento «sin precedentes» en la historia de la aplicación de la ley ambiental, señalaron que serían «absolutamente objetivos» en la conducción del proceso.
Durante los primeros 60 días del gobierno de Lagos, ambos casos están mostrando graves contradicciones en el discurso y manejo de la política ambiental. Contradicciones de discurso que perfilan un potencial de graves contradicciones de gobierno.
La autora es directora del Programa Chile Sustentable y ex candidata presidencial.
