Las polémicas suscitadas en torno a la pena de muerte como el de las penas aplicadas a violadores y asesinos, han creado una vez más la sensación de que en Chile es más importante la apariencia que la esencia y que los contenidos del Derecho, entendido éste como la ciencia social que regula las relaciones a nivel de los seres humanos. Es entendible que ello suceda todavía en una país que vivió 17 años de dictadura y que sigue viviendo al amparo de una Constitución de origen más bien espúrio, pero aún así ello no impide que quienes siguen profesando el Derecho como elemento regulador esencial, podamos reabrir el debate en sus verdaderos términos.
No parece justificable que una minoría partidaria de la pena de muerte, pueda utilizar sin limitación alguna los medios de comunicación para difundir su mensaje aprovechando del justo y real dolor de las familias de las víctimas. Mediante pura manipulación de este tipo llevaron inclusive a un obispo católico a ponerse en contra del Papa, Jefe Supremo de esa Iglesia, quien en ésta como en otras materias emite opiniones infalibles, ex-cátedra, como lo señala la teología oficial de ese credo. Fallido este intento, usando y abusando del manejo de los mass-media, volcaron la presión sobre los Administradores del Estado, y el Ministerio de Justicia realizó un aparatoso traslado de condenados y acusados de violación y homicidio a ciertos presidios considerados de alta seguridad. Pero, ¿es lo mismo un condenado que una procesado? Hasta el Director de Prisiones reconoce que entre ellos hay varios deficientes mentales y cabe aquí preguntarse: ¿es esto legítima? ¿No se están violando algunos de los Tratados firmados por Chile al respecto? ¿No se están creando condiciones para que este Gobierno pueda ser acusado ante los organismos internacionales dedicados a la protección de los Derechos Humanos?
Resulta curioso que sean los mismos que callaron por tantos años quienes toman ahora la iniciativa y mediante estos ardides transforman la Justicia en un «show» que tiene más el propósito de tranquilizar a la opinión pública que de administrar Justicia con la serenidad, ponderación y firmeza que ello requiere. ¿No habrá un segundo objetivo e intención en esto? ¿Y si se desprestigia la Justicia precisamente en esta etapa de reconstrucción del tejido democrático, no se lesiona por largo tiempo la credibilidad del sistema?
Los que no creen en la pena de muerte deben callar pues están desarmados en esta etapa en que la comunicación es más importante que los hechos mismos. Deben comportarse como aquellos españoles que hubieron de soportar en silencio las palabras de aquel General que gritó «viva la muerte», que fue augurio de la mayor tragedia que haya jamás vivido el pueblo español en toda su historia, La Guerra Civil, que fue precisamente el triunfo de la Muerte.
Los que sostenemos el predominio de la Razón por sobre sus contrarios, tenemos historia y ejemplos más que abundantes para defender la primacía del Derecho por sobre la contingencia y allí está como piedra angular del pensamiento chileno la figura y la obra de Valentín Letelier. Los crímenes más horrendos y repudiables, cesan de ser tales toda vez que alguien pretenda resolverlos fuera del ámbito del Derecho y de las ciencias que coayudan a la administración de Justicia. La tarea de quienes la ejercen es acallar la histeria y el desenfreno pues la historia no se hace a «furor di poppolo».
