Hace unos días tuve la ocasión de asistir a la Asamblea General de la OEA, realizada en Windsor, Canadá, en representación de una ONG internacional. Como es sabido, uno de los ejes del debate en la Asamblea lo constituyó la situación electoral del Perú.
El tratamiento del caso peruano por la OEA representa un paradigma de la diplomacia latinoamericana, en términos de esquivarle el bulto a los problemas, de cuidarse las espaldas unos a otros y del temor permanente de que «si hoy van por ti, mañana vendrán por mí.»
La misión de observación electoral de la OEA encabezada por el ex Canciller guatemalteco Eduardo Stein no pudo haberlo puesto más claro: en una decisión sin precedentes, decidió retirarse del Perú por considerar que la segunda vuelta electoral no daba garantías suficientes para impedir la concreción de un fraude. Sin embargo, cuando el asunto fue trasladado a los territorios de la diplomacia de la OEA, el mismo comenzó a hacer agua rápidamente.
Así, primeramente se desechó de manera casi unánime el aplicar la Resolución 1080, acordada el año 1991, que persigue proteger los sistemas democráticos en el Continente. Conforme a esta resolución, se pueden adoptar sanciones serias por parte de la OEA contra el estado infractor, incluyendo una eventual marginación del país involucrado de dicho organismo. La gran mayoría de los estados arguyó que la Resolución 1080 no era aplicable al caso peruano, dado que no existiría un golpe de estado propiamente tal, a pesar de que claramente el futuro de su sistema político se halla en entredicho.
Se sometió entonces a consideración de la Asamblea General un proyecto de resolución por la que se enviaba una nueva Misión, integrada por el Secretario General de la OEA y el Presidente de la Asamblea (el Canciller de Canadá). En su versión original, el proyecto ponía en tela de juicio las elecciones peruanas y tal era el fundamento de la Misión.
Sin embargo, ni el cuestionamiento a las elecciones se salvó. Si bien se mantuvo la Misión, se eliminó la referencia a irregularidades y otras afirmaciones de parecido mal gusto para las sensibilidades diplomáticas, señalándose en la resolución que la Misión se enviaría con el objeto de contribuir al perfeccionamiento de las instituciones democráticas peruanas. Ä„Cómo si se tratara de un problema de aprendizaje democrático de nuestros vecinos! Curioso el asunto, considerando que las elecciones en Perú antes eran más limpias que ahora. En otras palabras, el problema real no es de carácter técnico, sino que radica en una serie de acciones deliberadas dirigidas a distorsionar la voluntad popular.
En el debate propiamente tal que precedió a la resolución antedicha fueron muy escasas las delegaciones estatales que asumieron de manera franca el problema. El grueso de las delegaciones le bajaron el perfil al asunto, sin encarar la gravedad del mismo. Y el más fiel y vigoroso aliado del gobierno peruano no fue otro que el gobierno de Venezuela, quizá temeroso de que el día de mañana pudiera ser su propio comportamiento electoral el que fuera objeto de escrutinio.
¿Y qué pasó con el gobierno de Chile? Se inscribió entre los numerosos países que contribuyeron a bajarle al perfil al asunto. Claro, se dirá que es una cuestión de relaciones de vecindad y que lo que pretendía el gobierno era evitar entorpecer las relaciones con su similar peruano, nunca suficintemente sólidas.
Pero entonces sobrevino la paradoja: al aterrizar de regreso en Chile, me encontré con las fuertes pugnas en torno a la fiscalización de la mosca de la fruta. O sea, el conflicto que el gobierno de Chile pretendió evitar -a pesar de que se trataba de asuntos de primera importancia, como la supervivencia de la democracia en el Perú- se vino encima de todas maneras, aunque por una causa mucho más puntual y que no envuelve una cuestión de principios, como es el ingreso sin timbre de aduana de la mencionada mosca. Lo que la democracia no pudo, la mosca sí.
El autor es abogado, docente de la Universidad Diego Portales
