La mesa de diálogo sobre derechos humanos supone un antes y un después. Hay que decirlo: la Mesa ha sido la primera gran negociación política de la Transición en la que han participado institucionalmente las Fuerzas Armadas. Por algo allí estaban presentes uniformados que actuaban como representantes de los comandantes en jefe.
La mesa de diálogo es, de alguna forma, un revival de lo que fue el Acuerdo Nacional, el del año 1984, donde la Iglesia Católica hizo lo que tal vez mejor sabe hacer: política.
El Acuerdo Nacional, en aquel entonces, buscó un consenso en el centro, dejando de lado, por la izquierda, al Movimiento Democrático Popular (MDP), donde estaban comunistas, socialistas almeydistas y otros grupos menores, y, por la derecha, a la UDI, apostando a la entonces Unión Nacional de Andrés Allamand, la Renovación Nacional actual.
Ahora, se ve, la UDI no está fuera. Los comunistas siguen al margen, y cada vez más solos, cada vez más lejos de la política.
Sin embargo, también ha quedado fuera de este acuerdo la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, las víctimas, y desde esa perspectiva, a lo menos, hay preguntas éticas que debieran recibir respuesta. Algunas de ellas:
1.- ¿Cómo interpretar un acuerdo en el que está sólo una de las partes, los ofensores, pero no los ofendidos?
2.- Desde esa perspectiva, segunda cuestión: allí en la mesa había un grupo de personas que actuaron a nombre de la sociedad civil. Todos, no hay que dudarlo, muy respetables. ¿Quién los eligió? ¿Quién les dio ese carácter de ser representantes de todos nosotros? El gobierno, las autoridades. Podría entonces pensarse que eran los representantes de una parte de la sociedad civil, la que adhería a ese consenso.
3.- ¿Cómo interpretar el hecho de que Ricardo Lagos, en su discurso, pretendiese incorporar simbólicamente al acuerdo a la fallecida Sola Sierra, que muy probablemente se opondría a lo acordado si estuviese viva?
Pero la mesa y su acuerdo, permite, por simple ejercicio de divagación, de ocio pensante, preguntarse o deducir otras cosas.
Por ejemplo, se podría deducir que es la manifestación de que el Presidente, a pesar de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no las manda. Porque si efectivamente las mandara, y éstas le obedecieran, no habría sido necesaria una negociación política para llegar al acuerdo de la mesa: habría bastado que el presidente ordenara a los militares buscar y entregar la información sobre los detenidos desaparecidos, para lograr lo que se pretende conseguir: ubicar los restos de las víctimas.
Otra cosa. Los esfuerzos están centrados en saber el paradero de los detenidos desaparecidos. Sin embargo hay un grupo de hombres, aparte de los que los hicieron desaparecer, que sí debieran saber algo al respecto. Se trata de los capellanes militares, los que bajo secreto de confesión (y esperamos que sólo por esa vía) seguramente se enteraron de más de un crimen.
¿Por qué nadie ha investigado o cuestionado el rol jugado por esos curas de uniforme? Allí hay una extraña simbiosis entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas.
¿Y por qué, todavía, hay gente que sigue hablando de «excesos» -y no de violaciones a los derechos humanos-, como Pedro Daza, ayer, aquí mismo, en El Mostrador? ¿Es ésa una de las concesiones del acuerdo de la mesa?
