El texto de la declaración de la mesa de diálogo sobre derechos humanos deja en claro, tal como lo anticipara el juez Guzmán el año 1999, que los detenidos desaparecidos plantean un problema a las fuerzas armadas y al gobierno que era urgente resolver.
Guzmán, quien sustancia como ministro de fuero las 117 querellas presentadas contra Augusto Pinochet, dijo que «ni al actual gobierno, ni al futuro gobierno, ni a las Fuerzas Armadas les interesa que siga este juicio». También indicó que «los procesos por desaparecidos pueden acelerar una ley de punto final que favorezca a todos», en declaraciones al diario La Segunda, del 21 de junio de 1999, en un artículo titulado «Presidente de la
Corte Suprema: Tres veces se le ha pedido al minsitro Guzmán que tenga cuidado con sus declaraciones». El texto de la mesa de diálogo debería denominarse «Proposiciones para la resolución del problema de desaparición de seres humanos durante el régimen militar», ya que no responde a los propósitos de verdad y justicia.
La mesa de diálogo se inicia en agosto de 1999, en circunstancias que el general Pinochet estaba detenido en Londres y había perdido la batalla legal, quedándole como única opción para eludir la justicia el apelar a las razones humanitarias. En Chile, el juez Guzmán lo estaba procesando con la tesis del secuestro permanente, lo que posibilitó una ampliación de las querellas en su contra.
La «anunciación» y «concepción» de la mesa (símbolo de conciencia), recibió la asesoría, respaldo activo y no explícito del Presidente del Instituto Internacional de Psicoanálisis que en ese tiempo asistía a un Congreso Mundial de psicoanalistas en Chile y al cual, lógicamente, el Presidente de la República le planteó su preocupación por los trastornos emocionales de la sociedad chilena que se estaba polarizando peligrosamente.
Era necesario crear un amplio consenso que excluyera los dos polos del problema. Es así como en agosto de 1999 comienza a agravarse la salud de Pinochet y se reemplaza -como interlocutores- a la Agrupación de Familiares de Detenidos Deasaparecidos por abogados vinculados a la defensa de los derechos huamanos que actúan, a partir de ese momento, a título personal. La sociedad pasa a ser representada por personas escogidas por las autoridades, a las que se denomina «representantes de la sociedad civil». Desde el plebiscito de 1988 en adelante, alrededor del un 60 por ciento de la «sociedad civil» pide verdad y justicia en relación a los detenidos desaparecidos, con una persistente intransigencia moral. El resto de los integrantes, incluídos los religiosos, participan desde 1985 del Acuerdo Nacional y forman parte de la elite del poder gobernante, participando en todas las conversaciones -¿y/o negociaciones?- posteriores.
El lenguaje comienza a cambiar… El Ministro de Defensa, quien actúa como anfitrión, se transforma en un «facilitador» del diálogo, igual que un psicoterapeuta del grupo. Los coordinadores son un psicólogo y un abogado. El psicólogo actúa como ayudante del facilitador, y es el encargado de conducir este grupo de diálogo desde la pseudo polarización FF.AA/abogados de derechos humanos a la integración emocional entre ellos mediante la intervención de sociedades religiosas y civiles que los transformaron en una pareja que, al cabo de nueve meses, dará nacimiento a un hijo que nos permitirá preocuparnos del futuro del niño, dejando atrás nuestros rencores del pasado. Como el futuro del niño debe ser legal -reconocido, con papeles
al día, no huacho- se necesita un abogado como coordinador.
Al cabo de nueve meses nace un texto cuya paternidad es claramente reconocible a partir de las siguientes observaciones:
1.- Bajo el título I. Reflexiones Fundamentales, se hacen planteamientos históricos que se reducen a constatar la violencia de los años 60 que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar (…) y que culminaron con los hechos del 11 de septiembre de 1973 (…) y las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los agentes de organizaciones del Estado duante el gobierno militar.
Resulta extraño que la presencia de historiadores no dé cuenta de que Chile no fue una isla en medio de la Guerra Fría y que hay otras doctrinas, además del comunismo, que están íntimamente ligadas a la violencia, como aquellas que se denominaron Doctrina de Seguridad Nacional.
2.- Pareciera ser que las reflexiones fundamentales de tipo histórico fueron argumentos consensuados que desligan de responsabilidad a cualquier autoridad o institución comprometida en las violaciones a los derechos humanos, puesto que las responsabilidades serían individuales.
El entonces candidato a la presidencia, Ricardo Lagos, afirmó que «a estas alturas es claro que fue una política general del gobierno de la época; no son hechos aislados de determinadas personas que se excedieron en sus atribuciones. Por lo tanto, me parece inevitable la necesidad de avanzar en una respuesta institucional» (diario La Segunda, 6 de agosto de 1999).
Es obvio que existe una incompatibilidad entre el texto entregado el martes 13 de junio del 2000 al presidente Lagos y las declaraciones citadas. En función de la transparencia y la igualdad ante la ley, solo cabe decir que el país real necesita una explicación.
3.- Las referencias morales del texto apuntan a una grandeza moral para concordar medidas efectivas y sacar lecciones para que estos hechos no se repitan nunca más.
Es sabido que aquello que se obvia en términos morales en el documento -es decir, la culpabilidad moral- es el fundamento de la culpabilidad penal. ¿Se pretende desculpabilizar moralmente a los autores de las desapariciones? ¿Se pretende iniciar ahora una conversión cuya labor correspondía a la Vicaría Castrense? ¿Se pretende presionar el perdón de los familiares de las víctimas sin la restitución de la dignidad que les corresponde?
Para comenzar a responderse estas interrogantes resulta ilustrador el comentario de la página editorial de la revista Reflexión y Liberación número 38, de junio de 1998: «Detengámonos más en las propuestas éticas que nos hace el Arzobispo de Santiago, para corresponder a su búsqueda de diálogo. Monseñor Errázuriz pide un doble gesto: i) que las víctimas (o sus familiares) renuncien al derecho que tienen de demandar la sanción de los culpables; ii) que los victimarios y sus cómplices renuncien a su negativa de reparar mínimamente el daño causado. Esta reparación mínima consiste en rescatar en lo posible los restos de las víctimas o dar noticias de cómo y dónde perecieron. La propuesta se basa pues en dos actitudes éticas: el perdón por una parte y la conversión por otra».
4.- El «secreto profesional» respecto a la identidad de los informantes y a las sanciones a quien viole este secreto -que incluye a las FF.AA. y Carabineros, y a las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la mesa de diálogo- estaría dando origen por ley a una «logia», una sociedad secreta dentro de la sociedad civil. Bastaría un somero examen de la experiencia de países como Italia, Francia o España en la década de los 90 para deducir la inconveniencia de esa medida.
La luz al final del túnel que avisora el Presidente de la Corte Suprema no corresponde a aquella que siguieron los Reyes Magos, que por supuesto no eran los de España, Inglaterra y Bélgica, y el niño nacido de uniforme no salva al 60 por ciento de los chilenos que aspiran reiteradamente a la verdad y a la justicia.
El autor es psicólogo
