El surgimiento de una fuerte polémica a pocas horas de firmado el acuerdo emanado de la Mesa de Diálogo nos lleva a concluir que su éxito o no es de la laya que se dice o definitivamente no es tal.
A la luz de cualquier enfoque de ciencia política, es claro que tales acuerdos tendrán vigencia y validez, además de utilidad, sólo en la medida en que recojan, expresen y proyecten un gran consenso, que en esta oportunidad no debe ser unanimidad, pero sí algo muy parecido a aquella. Así no ha sido, y las primeras reacciones dejan ver que la credibilidad del acuerdo es menor de lo que se esperaba. En este último sentido, podría decirse que la presidencia del Presidente Lagos fue útil al Acuerdo, más que éste a aquélla. Si todo el hacer nacional tuviese un comportamiento similar, debemos pensar que habrá un desgaste prematuro de la imagen del Presidente, lo que a todas luces parece inconveniente.
Un segundo elemento que parece del todo negativo es que no hay un claro reconocimiento estratégico al valor del derecho y, en particular, del Estado de Derecho como base de la democracia, único sistema para resolver las contradicciones propias de toda sociedad. No, el documento emanado de la Mesa de Diálogo es de bastante menor cuantía y se queda en situaciones más bien de coyuntura a las que parece tan habituada nuestra clase política dirigente. Aparte de frases altisonantes -que, insisto, siempre esconden graves vacíos conceptuales-, no hay una perspectiva de mediano y largo plazo que garantice a las partes en conflicto la no repetición de las graves violaciones al derecho, específicamente en el plano de los derechos humanos.
Supongo que sin ánimo de festinar las cosas, el abogado Roberto Garretón justamente declaró que esto resolvía más bien «los aspectos funerarios» del problema. Por tanto, estaríamos más bien ante una tregua entre los mundos civil y militar, pero en ningún caso ante una puerta que abre la senda de la reconciliación tan proclamada y tan poco lograda por los ex socios civiles de los gobiernos militares, ahora oposición oficial, y los gobiernos de la Concertación.
Da la impresión que estamos ante un nuevo «Pacto de los Montes», con mucho ruido, y al final sólo un ratón que no justifica tanta reunión, tanto comunicado de prensa, tanta expectación preparada. Es como la repetición de tanta tontera de la política tradicional, esa que algunos han motejado como «más de lo mismo».
Han pasado algunos días desde que comencé a escribir este artículo y -tras haberlo puesto en el congelador, temeroso de estar expresando puras subjetividades-, y puedo ahora verificar cómo mi personal visión de las primeras horas no era del todo ajena a la realidad. Estoy con la señora Viviana Díaz y sus representados -de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- en la misma medida que ellas y ellos defienden la posibilidad de que en nuestro país se vaya dando forma a un Estado de Derecho en el que no prime la brutalidad del «derecho del más fuerte», en el que no haya espacio alguno para «saltarse» la acción de la justicia.
Si ante cada crimen masivo o atroz se crean leyes y espacios de excepción, estaremos lentamente cayendo en el camino de la barbarie. Aunque no lo crean los ministros de Defensa, hay en Chile todavía un segmento de la población que no ha perdido el hábito de pensar, y este tipo de trucos que recuerdan el pasado reciente, con maniobras de opereta, como las que se usaron para esconder las cosas, no tienen hoy éxito. Todo esto no es más que los últimos aleteos de un marco regulatorio nacido en, por y para el absurdo, como es esta Constitución del ’80, llama en su tiempo «Constitución de las bayonetas».
