España y la Unión Europea han solicitado la apertura de nuestros puertos para el desembarque y posterior envío a Estados Unidos de la merluza que la flota gallega captura en la alta mar aledaña a nuestra zona económica exclusiva.
Para satisfacer sus pretensiones han iniciado un procedimiento obligatorio ante la Organización Mundial de Comercio.
La pretensión española es totalmente infundada. Los puertos son aguas interiores de un país ribereño en que ejerce plena soberanía sobre ella. Por otra parte, el pretendido libre tránsito que alega España y la Comunidad no se ha extendido nunca en los productos de la pesca y que capturan en alta mar ni a los barcos que la efectúan.
El problema es aún más grave porque la albacora es una especie declarada en plena explotación sometida a normas de conservación para la preservación de la especie que los españoles no están dispuestos a implementar.
Los pesqueros españoles no han aceptado someterse a las normas de conservación y han eludido el planteamiento chileno de atender el problema en los términos que exige la Convención del Mar.
Debe anotarse que España ha tenido ya problemas con Argentina y Marruecos por el carácter depredatorio de la actividad pesquera gallega.
Debe agregarse que la práctica que reserva el Estado ribereño la absoluta soberanía sobre sus puertos es coincidente con el Derecho Internacional y constituye un precedente universal, incluida la que practica la Unión Europea.
Si se acepta la pretensión española, políticamente se estaría afectando la soberanía nacional y se estaría cediendo ante una presión indebida. En efecto, la Unión Europea ha violado sus obligaciones de conservación de la albacora, ha suspendido las consultas a que está obligada a su respecto con el Estado costero, ha incumplido su deber de proporcionar a la FAO sus estadísticas de captura y se beneficia de subsidios ilegítimos.
En tales circunstancias, España aspira a hacer excepción a una norma y práctica universal, cual es la discrecional disposición de los puertos por el ribereño, lo que sentaría un nefasto precedente, no sólo para Chile.
La Cancillería debe ser muy firme para defender nuestros derechos y evitar así un daño sustantivo a una actividad tan importante para Chile como es la pesca. Debe tenerse en cuenta que la actividad albacorera es desarrollada en Chile principalmente por pesqueros artesanales y que el daño que produciría la competencia desleal de España puede influir negativamente en el nivel de empleo y habría afectado en el momento actual del país.
Un hecho adicional a lo ya mencionado es que los pesqueros gallegos reciben subsidios de Galicia, España, y de la Unión Europea con la cual dejarían fuera de competencia a la legítima actividad que se desarrolla en nuestro país.
Sería absolutamente inconveniente que Chile otorgara facilidades portuarias a una actividad que actúa de manera tan poco concordante con lo que implica una pesca normal como es recibir subsidios y no atenerse a las normas de conservación.
