Joaquín Lavín ha sacado el habla en materia política para criticar al gobierno, y eso no debería sorprender, porque, mal que mal, es de la oposición. Ha mordido donde más duele hoy a la administración de Ricardo Lagos -el desempleo-, pero al pasar también se ha referido al tema de las reformas constitucionales.
Lavín no renegó que durante su campaña se manifestó abierto a hacer modificaciones a la Constitución, pero llamó a no «armar más peleas políticas», y a aprobar las reformas en las que actualmente coiciden oficalistas y opositores.
En suma, ha respaldado la acción, en este campo, de la Alianza por Chile, que ha ofrecido un paquete de cambios constitucionales que el gobierno considera insuficiente.
De acuerdo a esto, la Constitución demorará, entonces, todavía varios años en adquirir una faz plenamente democrática. La llave está en manos de Renovación Nacional y de la UDI, y la puerta no será abierta de par en par.
Algunos han criticado que tras la oferta de la oposición hay un cálculo político, por ejemplo al pretender mantener a los senadores designados hasta el 2006, pero sería bueno poner atención a los argumentos de la Alianza por Chile.
El tema central, desde el cual se construyen los que algunos llaman «enclaves autoritarios» nacen de esa disposición constitucional que asigna a las fuerzas armadas el rol de garantes de la institucionalidad. De ella se deriva, por consecuencia lógica, la inamovilidad de los comandantes en jefe.
Renovación Nacional -al menos Sergio Diez- ha señalado que ese tema, el de la inamovilidad de los comandantes en jefe, no es una cuestión de principios, sino de oportunidad. Y el presidente de RN, Alberto Cardemil, ha agregado, entre otras cosas, que ese tema es inoportuno tratarlo ahora, cuando las FF.AA. tienen en sus manos una tarea tan importante como es lograr que la mesa de diálogo sobre derechos humanos entregue resultados; o sea, información sobre los detenidos desaparecidos.
Si el argumento es la oportunidad, entonces es cuestión de tiempo. En ese lapso, el tema constitucional será pasto para las campañas electorales. Ya lo adelantó el ministro Claudio Huepe, cuando dijo que a la hora de votar los ciudadanos deberán sopesar eso. Tal vez la Concertación no ha evaluado aún el efecto que podría tener el insistir en ese tema, cuando la población no se sacude aún de la angustia que genera el desempleo y que, por lo que se ve, aparte de los problemas económicos coyunturales obedece cuestiones más estructurales de nuestra economía (o sea que gastará también más tiempo que el que se creyó inicialmente).
Pero el tema de la Constitución es, al mismo tiempo, ineludible para el oficialismo. Está en su esencia, en su promesa original (esa que tantas veces se olvidó). Es un tema de su política, pero puede convertirse en el asunto que termine trabando su política.
Podría ser el momento para apostar a una nueva jugada magistral de Lagos. Pero no es seguro que él, en este asunto, pueda encontrar la soltura en un escenario viejo y oxidado. Diez años de óxido es mucho.
