Una parte de la clase política se horroriza de hablar de nuevos impuestos o sobretasas para financiar soluciones de fondos a problemas estructurales, como se expresa en la negativa a discutir nuevos recursos municipales y tasas para financiar la autoridad metropolitana. Por cierto, los impuestos son impopulares y no oportunos para la inversión en momentos de acelerar la reactivación económica. Sin embargo, lo que se propone es tan sólo una mejor redistribución de los fondos municipales con modestos reajustes y encarar con los santiaguinos si quieren pagar o no sobretasas para poder solucionar los problemas endémicos de la ciudad, como la contaminación y la falta de sistemas de evacuación de aguas superficiales.
La comisión política del PPD apoya el proyecto presentado por el Gobierno y ampliamente fundamentado por el Subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Vidal. Subir de cuatro mil a ocho UFs el tope del pago de las patentes comerciales afecta a un número reducido de grandes empresas. Por otra parte, lograr profundizar la redistribución de recursos de los municipios ricos a las comunas pobres, nos parece un proyecto coherente con la vocación del país por lograr mayores niveles de integración social y fortalecer con recursos nuevos a la mayoría de los municipios que hoy lograr sólo sostener sus gastos administrativos, de salud y educación, sin posibilidades de invertir con recursos propios en obras de adelanto comunal.
Hoy las comunas de los sectores altos del Gran Santiago obtienen recursos que les permiten tener en promedio un ingreso municipal per cápita por habitante de 150 mil pesos anuales, mientras el promedio de las comunas del país es de sólo 50 mil pesos. Lo grave es que las comunas de altos ingresos tienen poblaciones bajo en nivel de pobreza en porcentajes inferiores al tres por ciento, sin déficits de áreas verdes, pavimento y otros servicios básicos. En cambio, el 50% de las comunas más pobres tienen en promedio un 30% de población pobre y numerosos déficits en infraestructura social básica.
Así, mientras Avenida Kennedy tiene estándares de Europa y Las Condes una mayor cantidad de áreas verdes por habitante que lo recomendado por UNICEF, la mayoría de las comunas pobres de Santiago no logran financiar adecuadamente la mantención de vías estructurantes (General Velásquez y Ochagavía, por nombrar dos) ni mantener las áreas verdes mínimas para el desarrollo de la infancia y las familias.
La reforma no afectará el nivel de servicios de las comunas ricas, las que tienen sobrados instrumentos recaudatarios y posibilidades de racionalización de recursos y austeridad. Lo que se busca es fortalecer con mínimos criterios de equidad a los territorios más desvalidos del país. Este balance desigual de los servicios mínimos en diferentes comunas ha quedado una vez más demostrado en el desigual impacto de los temporales, que tiene una de sus explicaciones en el bajo nivel de recursos de los municipios pobres.
No obstante lo anterior, para evitar la pasividad fiscal de municipios que viven subvencionados por recursos de otras comunas, es necesario complementar la legislación asegurando que dichos recursos extras se destinen a inversión y que los municipios tengan mayor autonomía para eliminar las enormes excenciones del pago de contribuciones de bienes raíces, lo que permitiría aumentos graduales y moderados de los tributos en estas comunas.
Por otra parte, respaldamos plenamente las lúcidas y valientes declaraciones del Intendente de la Región Metropolitana, quien ha planteado la urgencia de buscar mayores recursos para financiar los problemas estructurales de la ciudad de Santiago, en particular la contaminación y la falta de un sistema seguro y eficaz de evacuación de aguas lluvias. Todos los sectores y expertos reconocen que se requieren inversiones del orden de los 150 millones de dólares anuales en cinco años, lo que escapa a las posibilidades de los actuales fondos ministeriales y el escuálidos Fondo de Desarrollo Regional que suma sólo veinte millones de dólares para numerosos programas infraestructurales de las cincuenta comunas de la Región. Es dicho marco, y ante los problemas estructurales que permanecen, la postura del PPD ha sido clara en promover un Gobierno Metropolitano de generación democrática, con mayores competencias y recursos. Sin mayores recursos, el resto es retórica vacía, demagogia y populismo.
Tanto en la encuesta sobre medio ambiente metropolitano como en estudios de opinión se ha demostrado que los santiaguinos están dispuestos a pagar tasas especiales si ello apunta a invertir en los problemas estructurales de la Región. El Intendente Galilea ha planteado por cinco años una sobretasa a las propiedades de mayor avualación fiscal. Es un instrumento moderado, focalizado, transitorio por cinco años y que fue usado en el pasado, como ocurrió tras el terremoto de 1985. Hay otras fórmulas mixtas; una sobretasa a la bencina y el petróleo, bajar la alta excención a las propiedades y el mecanismo propuesto por Galilea. Más allá de las fórmulas, se necesita encarar este debate y no soslayarlo por la impopularidad o los períodos electorales. El vivir mejor cuesta y para ello se requieren recursos y solidaridad. Galilea está en lo justo y hay que hacer un debate con alturas de miras, sin engañar con soluciones facilistas y mágicas a la ciudadanía.
* El autor es dirigente del PPD
