Hace unos días, leí en un diario que un grupo de diputados había reflotado la idea, al parecer con un alto grado de consenso, de aprobar la ley de divorcio con una pequeña cláusula adicional que permita que los novios, al casarse, puedan optar ya sea por el matrimonio con divorcio o sin divorcio.
Tras varios segundos de estupefacción y risa, me acordé que estamos en Chile y que nuestra particularidad más relevante es el «si, pero no».
Así , la justicia es «en la medida de lo posible», la democracia es hasta ciertos límites, la verdad es una moneda de cambio según el momento en que negocie y la libertad -en especial, la libertad de prensa- es irrestricta sólo en cuanto no ponga en peligro los parámetros que los políticos han decidido.
Un ejemplo lo prueba. Hace unos días, El Mostrador publicó partes del cuaderno secreto del juez Guzmán que tenían indudable interés periodístico. Al menos conozco de tres medios de prensa diferentes que tenían los mismos documentos, pero no se atrevían a darlos a conocer. No por dudas sobre su contenido, sino por temor a las represalias judiciales. Ese es un ejemplo de cómo operan las cortapisas a la libertad de expresión en Chile: no hay censura, pero documentos que en otros países los periodistas se hubieran peleado por publicar, aquí se esconden hasta que sea otro el que se atreva. «Estamos esperando que los saque la CNN y de ahí nos «colgamos todos», me dijo hace unos días un colega, antes de que la noticia se publicara en El Mostrador.
Ahora El Mostrador puede enfrentar las iras de un Poder Judicial que sí tenía la obligación de guardar los secretos que se le confiaron. Se dice que la publicación del nombre de un testigo podría ser perjudicial para su seguridad. Pues bien, en otros países lo que se hace en casos como éste es ofrecerle un programa oficial de protección de la identidad. Porque, si los periodistas pueden obtener tan fácilmente los cuadernos secretos del Juez Guzmán, ¿acaso no los pueden obtener igual de fácil aquellos posibles culpables que tuvieran interés en dañar a esos testigos, sin necesidad de que sus nombres se publiquen en la prensa?
Clara Szczaranszki, que tiene a su cargo la defensa legal del Estado, me decía hace un tiempo que por eso es tan fácil la introducción de la droga en Chile: porque la ley no contempla un programa efectivo de protección de testigos, los que a veces terminan descabezados y sus restos lanzados al Canal San Carlos o al Zanjón de la Aguada.
Dejemos por una vez de culpar a la prensa, que debería siempre hacer su trabajo, cual es, informar, de los males de la democracia o la justicia en Chile y enfrentemos las verdades enteras, y no a medias.
Y si no, entonces aprobemos esa ridiculez del divorcio a gusto del cliente que deja tan contentos a todos y no satisface verdaderamente a nadie.
