El debate sobre el ritmo de la recuperación económica y los niveles altos de desempleo debe obligarnos a un análisis sobre las causas estructurales del fenómeno. En lo coyuntural, se habla de endeudamiento que no activa la demanda y el consumo, de las señales pesimistas de los empresarios, que no invierten en un estado de subjetividad negativo por el caso Pinochet y por las reformas laborales y de evasión de impuestos. Razones por cierto controvertibles. En lo más de fondo, se habla de una economía que no ha dado un segundo salto exportador, que no logra arrancar como plataforma de servicios, que no cuenta con instrumentos como capital de riesgo e incentivos para nuevas inversiones.
Pero hay un ámbito que no suele ser considerado en los análisis: en Chile los Gobiernos Regionales y municipios no juegan un rol decisivo en la competitividad de sus territorios ni en políticas de desarrollo económico en pro de mayores y mejores oportunidades de empleo. La razón se ubica en el tipo de estado atrasado y centralizado en comparación a otras economías medio-altas o emergentes, las que en su totalidad en las dos últimas décadas no sólo han liberalizado las economías sino reformado el estado en una lógica de competitividad de sus territorios, autonomía de gobiernos regionales y mayor poder local para que estos asuman su rol en apuestas de desarrollo e incentivo a la economía y el empleo.
En el mundo globalizado de la nueva economía las tendencias apuntan a un rol más flexible del estado central, el cual se concentra en los roles regulatorios y en la redistribución de recursos para apoyar a las zonas y segmentos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad. La eficiencia se mide en los adecuados niveles de focalización y modernidad de dichas tareas estatales. Junto a ello, se consolidan en lo económico grandes bloques y acuerdos comerciales, combinado con un mayor poder regional y local, los que articulan el nivel «meso», que se refiere a las redes de competitividad del territorio, ligando educación, tecnología, entornos empresariales o emprendedores favorables, incentivos a la inversión (asistencia técnica, capital de riesgo, subsidios, reconversión, empresas de capitales mixtos, infraestructura por la vía de bonos).
En Chile el estado central regula, diseña, financia e implementa las políticas en todos los niveles, bajo un modelo centralizado con proliferación de agencias y programas de Gobierno, que asumen ciertas expresiones territoriales sin una clara petición de cuentas, coordinación ni visión de mediano plazo. Sólo en el tema del empleo se contabilizan veinte programas y servicios públicos nacionales que buscan actuar en el ámbito regional y local en los ámbitos urbanos y rurales; SENCE, SERCOTEC, CORFO, INDAP, INIA, FOSIS, Pro Rural, Prodesal, Prodecoop, Fondecyt, SERNATUR, etc.
La lógica en otros países ha sido elegir gobiernos regionales en forma democrática, con recursos propios, los que asumen un rol de liderazgo en la competitividad de sus territorios, creando agencias territoriales de desarrollo regional que asumen un papel activo en el diseño y ejecución de programas propios y en alianza con el sector universitario y privado. Ciencia y tecnología, educación superior y fomento a las inversiones, promoción internacional y nuevas oportunidades turísticas, reconversión agrícola, incentivos tributarios, son algunas de las tareas preponderantes que asumen gobiernos electos que deben dar cuenta a la comunidad y se convierten en redes de articulación público-privada con eficacia. Los municipios por su parte son capaces de competir por inversiones, tienen rangos para bajar impuestos, oficinas relacionadoras de inversiones, consorcios para denominaciones de origen, protagonizan proyectos de mayor inversión en capacitación y capital humano, pueden hacer grandes obras de infraestructura emitiendo bonos, crean empresas mixtas de servicios. En Chile sólo hay restricciones; prohibición de endeudamiento (por el fantasma de las crisis fiscales de algunas provincias argentinas o brasileñas), imposibilidad de crear empresas (ley del estado empresario), limitación para crear corporaciones de desarrollo, imposibilidad de emitir bonos, restricciones para bajar impuestos.
El estado atrasado inhibe un rol protagónico de los entes subnacionales de gobierno que se convierten en motores de desarrollo en otros países que han hecho reformas descentralizadoras, como los estados brasileños, las autonomías españolas y los departamentos colombianos.
Una reforma sustantiva del estado para que se modernice y esté a la altura de la nueva economía es urgente. Modernización que no se agota en ventanillas únicas, mejor trato al usuario, consultas para inversiones a entes regionales o mayor coordinación del disperso aparato estatal. Estas han sido las líneas principales de la modernización del estado a la chilena que logra avances valiosos pero insuficientes. El atraso se supera con una mayor dispersión del poder central y su adecuada concentración a niveles territoriales que necesitan jugar roles más relevantes que la mera administración de servicios básicos (los municipios) o la definición de inversiones medianas de infraestructura (los gobiernos regionales). El ejecutivo de un estado moderno equilibra el presidencialismo y la función del gobierno central con un mayor dinamismo de los gobiernos territoriales. La economía se activará con mayor sustancia cuando muchos se sientan responsables de actuar para una mayor competitividad de los territorios y ello sólo se logra con una reforma descentralizadora donde la gente elija gobiernos municipales y regionales que deben actuar a favor de una economía de empleos dignos para sus comunidades.
