Cada cierto tiempo se vuelve a reproducir en la Concertación y más específicamente en el Gobierno el debate entre «autocomplacientes» y «críticos» o » autoflagelantes» como se ha motejado tontamente el disenso de esta ya prolongada coalición.
Resulta difícil intervenir en este debate que corre y correrá siempre el riesgo de ser instrumental como la mayor parte de lo que sucede en nuestra criolla realidad. Las hachas afiladas para recoger frutos no buscados directa y honestamente, abundan y van haciendo cada vez más gris el panorama intelectual.
Pero a veces surgen, sin que se den cuenta sus propios autores, oportunidades de analizar situaciones que van más allá de los guarismos vulgares, con los que quieren manejar todo los dueños de la información.
Este es el caso de las ya famosas AFP, que constituyen en mi opinión la más grande y brutal carcajada de los sectores que dominaron por 17 años, y que lo siguen haciendo tranquilamente en la llamada transición democrática de estos 10 últimos años. Se acaban de publicar algunas cifras respecto de los capitales que manejan y eso resulta realmente asombroso. Se dice que en el caso de Provida, una de las mas importantes AFP, la suma ascendería a la no desdeñable cantidad de 6.318.832.630.347 pesos, lo que escrito sin el auxilio de los números resulta casi imposible de hacer.
Se dice además que equivaldría a 6 ó 7 veces el Producto Interno Bruto de la República de Chile y, para ilustrar la imaginación del lector sería equivalente más o menos a 63.000 casas de un valor de 100 millones de pesos cada una. Es decir, algo así como la ciudad de Talca pero sólo con casas del valor antes indicado.
Todo esto, en manos de un grupo que por tener el control de la abultada cifra citada, tiene en sus manos el 40% de esa cifra, pues en eso se valora el precio de la variable «control». Se podría agregar además que en este curioso caso chilensis, también se les paga a los controladores por ejercer como tales; cifras que no son pequeñas pues ninguno de esos salarios está en el mínimo legal.
Por participar accionariamente en empresas variadas las AFP tienen el derecho de nombrar miembros de los Directorios, donde van parientes, amigos o correligionarios, sean de política o de religión. ¿Y los cotizantes, o sea los que con su aporte mensual han permitido la construcción de esa montaña de dinero? Pues nada, tienen tan sólo la obligación de pagar en silencio hasta los 65 años y recibir las jubilaciones y pensiones que todo el país conoce.
¿Es posible que se hable de democracia en estas condiciones? ¿Sería esto admisible en una sociedad capitalista desarrollada?
Creo que casi todos los demás debates enmudecen ante tanta injusticia pues en este modelo que vivimos es el capital el que da la fuerza y ésta se ejercerá sin escrúpulo para crear estos poderes fácticos que hoy amenazan con reemplazar la democracia formal, por unas nuevas y muy reales galeras romanas.
