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Un nuevo ataque al territorio

por 24 octubre, 2000

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Desde Mayo de 1998 hasta Enero de 2004 estuvo vigente el "Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica" (PPDA) en la región metropolitana, que tenía por misión encarar con medidas efectivas la pésima calidad del aire, derivada del inorgánico crecimiento de la ciudad.



A raíz de las presiones recibidas por la autoridad de parte de las asociaciones empresariales que orientan al gobierno, éste se vio en la necesidad de desmantelar dicho Plan y en la actualidad tenemos un remedo del anterior denominado con astucia "Reformulación y Actualización del PPDA", publicado en el Diario Oficial del 29 de Enero de 2004. En este nuevo cuerpo normativo se eliminaron todas las medidas referidas a la utilización del suelo, las que fueron consideradas como burocráticas y contrarias a la inversión por la ventajista "Agenda Pro Crecimiento".



Los técnicos que elaboraron el PPDA verdadero sabían que las áreas verdes ayudan en gran medida a controlar la polución y por ello se les protegió adecuadamente imponiéndose una prohibición de modificar su uso de suelo. Esta salvaguarda se mantuvo hasta el 11 de Abril de 2001, ya que al día siguiente se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo NÅŸ 20 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que levantó parcialmente la protección ambiental.



Y así fue como se permitió la desafectación del 20% de las superficies de todos los Parques Metropolitanos, Intercomunales y Áreas Verdes Complementarias (Equipamiento Recreacional y Deportivo, Cementerios Parque y Áreas de Interés Histórico o Cultural) no consolidados, los que eran llamados despectivamente "peladeros". El objetivo era permitir en este porcentaje de territorio desafectado todo tipo de negocios inmobiliarios, siempre y cuando el titular del proyecto asumiera la responsabilidad de compensar dicho cambio: tenía que materializar como área verde el 80% restante del predio por un período de 20 años con garantías reales, vale decir, depósitos endosables o boletas bancarias.



Ahora bien, lo precedente que antes estaba normado en la legislatura ambiental, fue trasladado a la regulación urbanística, que es de menor rango, y ello se refleja en la incorporación del artículo 5.2.1.1. -Recuperación de Áreas Verdes del Sistema de Áreas Verdes y Recreación- del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en donde se establecen las condiciones para compensar las desafectaciones de las áreas verdes previamente aludidas, indicándose que los cambios de uso de suelo se homologarán a las vigentes en el Plan Regulador para las áreas adyacentes.



Y se enfatizó que esta disposición no se aplicará en los casos de las Avenidas Parques y de los Parques Quebradas, ambas componentes de los Parques Intercomunales. La autoridad no permitió la desafectación de estas tipologías porque son muy sensibles ante los riesgos de inundación y por ello se optó por preservarlas. Las áreas ribereñas de las quebradas son ocupadas por las aguas cuando ocurren aluviones y la mayoría de esos terrenos están afectados por afloramientos de aguas subterráneas o napas freáticas.



Pero, sorpresivamente y sin consultársele a todas las municipalidades de la región metropolitana, ni menos a la ciudadanía, que asume con natural estoicismo las consecuencias negativas de la impermeabilización excesiva del suelo, el Minvu abusando del buzón de la Corema, logró que ésta aprobara el 14 de Octubre pasado una modificación al PRMS, en orden a que ahora sí es posible efectuar negocios inmobiliarios en los bordes de las Quebradas localizados en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén y La Florida.



Es decir, se continúa depredando el territorio en aras de aumentar artificialmente la oferta de suelo urbanizable, a pesar de que el propio nuevo PPDA tiene como meta "aumentar la dotación de áreas verdes para alcanzar al año 2010 seis metros cuadrados por habitante". Hoy en día, terminando el año 2004, tenemos menos de tres metros cuadrados por habitante y al ritmo que vamos, en vez de aumentarlas, como dice el discurso, se reducirán, tal como los porfiados hechos lo demuestran.



Y como el Estado es benevolente con aquellos privados que urbanizarán las áreas verdes de los bordes de las quebradas de esas 4 comunas del sector oriente de la ciudad, solamente se les obligará a construir y mantener por 5 años el área verde relocalizada que equivale a la superficie de la que modificó su uso de suelo. Como se ve, no existen las compensaciones que contemplaba el PPDA verdadero.



Además, tratándose de no incomodar a los potenciales inversionistas, se estableció que los municipios "podrán" exigir documentos de garantía que caucionen el cumplimiento de las obras mencionadas. Los dóciles redactores de la Resolución Ambiental fueron cuidadosos para no escribir "deberán", expresión que significa que las cosas se harán.



Estamos casi seguros que esta contraproducente iniciativa no ha sido conocida por Sonia Tschorne, nueva ministra de Vivienda y Urbanismo, ya que ella es una profesional especializada que conoce muy bien todo lo relacionado con los equilibrios territoriales y medioambientales. El desarrollo armónico de la ciudad que todos deseamos no admite estas jugarretas compulsivas que conducen a generar beneficios privados a ciertas minorías y perjuicios sociales que son asumidos por las grandes mayorías.



Por lo anterior, sería deseable que la competente ministra anule todo lo obrado e implemente las políticas de desarrollo urbano ofrecidas por el Presidente Lagos en su flamante y muy bien redactado Programa de Gobierno en materias de ciudad.



Nunca es tarde para cumplir lo prometido y en este sentido, aún se puede hacer mucho en concordancia con el desarrollo sustentable que demanda la ciudadanía.




Patricio Herman P. es director de la agrupación "Defendamos la Ciudad".














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