Reacción a una noticia - El Mostrador

Lunes, 22 de enero de 2018 Actualizado a las 00:29

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Reacción a una noticia

por 24 noviembre, 2000

Como sigo de cerca El Mostrador y me entusiasma su propuesta y valoro su audacia, le doy el beneficio de la duda y creo que la comunicación pública de Renato Hevia de la que se informa existe e incluye los elementos informativos que quiero destacar.



Por no sé qué número de veces, en no sé ya cuántos casos -desde las publicaciones sobre el ministro Correa Bulo, anteriormente informaciones del ámbito policial y ahora las que tienen que ver con arbitrajes profesionales de la actual presidente del CDE- se utiliza un mismo argumento para rechazar lo que la periodista autora de todas esas crónicas -Paula Afani- manifiesta bajo su firma: la relación inevitable entre la información que ella obtuvo y su condición de esposa de un capitán de Carabineros, actual Subcomisario de Lo Barnechea, de quien ignorantemente se dice que incluso hasta hoy trabaja en inteligencia de ese cuerpo policial.



Renato Hevia añade otra descalificación más, según leo en El Mostrador: la de estar procesada por haber "sustraido" un expediente del caso denominado Operación Océano.



Me voy a referir a Paula Afani y el caso de la Operación Océano debido a que esas publicaciones Paula las hizo mientras yo era director del diario La Tercera, habiendo personalmente aprobado cada una de ellas.



Jamás en mi vida profesional he autorizado una sustracción de documentos judiciales y Paula Afani jamás ha sustraido expediente o documento alguno. De hecho, Paula Afani no está procesada por sustracción alguna. Ella enfrenta un procesamiento por un "delito" que muchos medios de comunicación, incluido El Mostrador, cometen a diario: violación de secreto de sumario. Esto es, revelar información que obra en un proceso y que no está libre a los ojos de la opinión pública.



Cada "golpe noticioso" con información sobre un caso judicial: lo que declaró tal o cual persona, las diligencias privadas del juez, los careos que existieron, la documentación y evidencia que se ha allegado al caso, todos ellos son, técnicamente, violaciones del secreto del sumario a la hora de hallar camino a un diario, radio, televisión o medio digital.



Más aún, los periodistas de todo el mundo hemos dado siglos de batalla para defender que las personas tienen derecho a conocer los casos que causan conmoción y que sus investigaciones profesionales son autónomas de las disposiciones que rigen para funcionarios del Poder Judicial, sujetos a niveles de confidencialidad que no tenemos ni los periodistas ni las personas que leen, escuchan o ven televisión.



Esto ha sido una batalla enorme a un costo de centenares de periodistas presos, porque la legislación vigente privilegia que para que un juez haga bien su labor, la actividad periodística debe marginarse de realizar bien la suya. Debe callarse si se lo ordenan, publicar sólo lo que se responde, no investigar más allá de lo que se dice públicamente.



Respetar esa disposición nos transformaría en relacionadores públicos de los tribunales y de las organizaciones que allí litigan.



En el caso particular de Paula Afani, ella publicó no sólo informaciones, sino también fotocopias de documentos sobre un hecho absolutamente verídico: las confesiones de un capitán de barco chileno sobre un cargamento de droga a Estados Unidos. Esto que hoy se vende tan livianamente como "sustracción" de expedientes o "procesada a petición del CDE", en realidad es la historia típica de un golpe periodístico que pilló a mucha gente de sorpresa.



Nada de lo que dijo es falso, no hay acusaciones de injuria ni ofensas. NO, se la procesa por lo que los periodistas creemos es parte consustancial de nuestra profesión: buscar la verdad, incluso la que no se quiere mostrar voluntariamente y documentarla.



Por cierto que la apreciación periodística respecto de la importancia de la publicación de un antecedente como el mencionado puede ser distinta de la apreciación sobre la conveniencia o inconveniencia de dar a luz pública esas confesiones que pueda tener el CDE, el juez que sustancia el caso y las partes involucradas. De allí que se considere que en esta situación y no en otras, que abundaron en violaciones de sumario sobre el caso, cabe buscar el procesamiento de la autora.



A veces esa fórmula, buscar procesar a la periodista, es la única que se tiene para que el juez no sospeche que una de las partes filtró la información. Porque no nos saquemos la suerte entre gitanos: esa información fue filtrada a una periodista con el propósito que se publicara.



De hecho, buena parte del interrogatorio que el juez de la causa mantuvo conmigo en ese caso, por haber sido yo el jefe directo de Paula y haber autorizado las publicaciones, estribó en determinar por su parte de dónde se pudo haber filtrado esa información, que el juez sabía mejor que nadie no había sido sustraída ni robado el expediente.



Aquí llegamos al otro componente de esta imputación falsa y que, realmente, es la que más me escandaliza: detrás de toda filtración hay un compromiso ético inquebrantable de un periodista de no revelar su fuente, algo que hoy ha sido llevado a niveles de ley de la República.



Paula Afani pagó con su proceso su respeto a ese compromiso, como muchos periodistas lo hacen a diario, arriesgando incluso situaciones peores que un simple procesamiento. El compromiso de respetar el secreto de la fuente -si así ha sido pactado- es tan incondicional que incluso si la misma fuente se escandalizara por lo publicado, el periodista no podría desenmascararla como el origen de su información.



Esa protección a riesgo propio, creemos los periodistas, es la base de la obtención de credibilidad de fuentes que de otra manera no darían información, que está siendo ocultada al público sobre un caso de conmoción nacional.



Muchas personas, de todos los géneros y diversas instituciones, saben de esta incondicionalidad del secreto profesional del periodista, y se dan lujos como poner el grito en el cielo e incluso criticar la filtración de ciertas noticias, habiendo sido ellas y ellos grandes filtradores, habiendo exigido numerosas veces protección de la fuente y estando tranquilos, incluso en su desparpajo público, de que su identidad asociada a tal o cual filtración no va a ser revelada por el o la periodista aludida.



Me resulta contradictorio, por decir lo menos, que cuando la jueza de Viña del Mar, Beatriz Pedrals, ordenó prohibición de informar en el caso del Cabro Carrera, y el diario La Tercera -bajo mi dirección y responsabilidad- siguió publicando todos los pormenores del caso en una página web creada en Nueva York y publicitando en la portada del diario que las noticias que no se podían leer en Chile, pero podían obtenerse vía Internet de Estados Unidos -en lo que era una abierta violación de sumario- nadie, repito, nadie de los que hoy descalifican la información de Paula Afani por estar procesada por violación de secreto de sumario, hizo la más mínima acción para detener esas actividades o se escandalizó por ellas.



Todo lo contrario, incluso hasta el ministro secretario general de Gobierno de entonces, José Joaquín Brunner, manifestó que las órdenes de no informar eran no sólo injustas con el público, sino anacrónicas, ya que Internet había encontrado un método para eludirlas.



Cuando la violación de sumario conviene o no molesta, los periodistas hacen su trabajo excelentemente. Cuando esa inevitable situación informativa produce inconvenientes privados, entonces que venga la ley, que se procese y después se publicite la inhabilidad del periodista de informar por estar procesado. Ä„Por favor!



El otro argumento descalificador de Paula Afani y su trabajo profesional estriba en un acto canallesco de buscar culpabilidad por asociación. Sí, efectivamente Paula Afani está casada con un capitán de Carabineros que tuvo hace varios años labores en inteligencia policial.



El diputado Tomás Jocelyn-Holt hizo esta "asociación culpable" hace algún tiempo, a raíz de las informaciones que Paula Afani publicó sobre su desacato a detenerse cuando fue detenido a exceso de velocidad. No fue el primero en hacerlo. Me consta que su marido pasó muy malos momentos en el pasado, cuando dentro de su propio Cuerpo de Carabineros se apuntó a esta relación, debido a publicaciones de Paula Afani que dejaban muy mal puestas las explicaciones oficiales de la institución.



Tuve frente a mí, en la dirección de La Tercera, a un general de Carabineros que me fue a dar explicaciones por un seguimiento que personal civil, que había tenido actividades ligadas a la institución con anterioridad, hizo de Paula Afani, para descubrir sus fuentes. Ahora es la presidente del CDE y el hijo del ministro de la Corte Suprema, Enrique Correa Bulo, quienes son los portavoces de esta culpabilidad por asociación.



Conozco a Paula Afani y a su marido por más de siete años y nunca he visto un mayor respeto profesional de uno para el otro. En innumerables ocasiones me tocó aprobar informaciones firmadas por Paula Afani que involucraba a Carabineros y que, sabíamos, afectarían directamente al marido de Paula y su trabajo. Y jamás dudó en defender el derecho periodístico de publicarlas y de responsabilizarse por ellas. Y estoy seguro que su marido se enteró de esas informaciones, con sorpresa, cuando el diario salió a circulación y nunca antes.



De igual forma, el capitán Christian Reyne cuenta con toda mi admiración y respeto, por respetar a su vez y de una forma que no es común en nuestro medio, la autonomía y lógica de la profesión de su mujer.



Digo que no es común, porque supongo que quienes hacen esa vinculación maliciosa no imaginan un respeto profesional como el que describo, y quizás muy machistamente, tampoco creen que una periodista mujer pueda hacerse de excelentes fuentes y buena información sin depender de su marido.

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