Existen personas que ante determinadas situaciones difíciles, dicen, ofrecen o prometen cualquier cosa, para salir del paso, pero sin la voluntad real de que sus dichos se transformen en realidad. Confían en que las palabras se las lleva el viento.
Eso también suele ocurrir con algunos personajes públicos, más allá de las promesas electorales que tienen la mala fama de que nunca se cumplen. Las más de las veces, estos dichos son representados pública o privadamente al promitente o al declarante, pero no siempre es así. Sobre todo cuando existen fuertes influencias en los medios de comunicación -que son los que están en mejores condiciones para refrescar la memoria de manera eficaz- o por la mala memoria propia de la debilidad humana.
Esto es lo que ha estado ocurriendo con los destemplados reclamos que personeros de la derecha y del pinochetismo han hecho, a raíz de su desafuero hace poco, y por su sometimiento a proceso, en la actualidad.
¿Acaso se olvidaron de sus sentidos llamados a que se respetara la jurisdicción de nuestros tribunales, ante la detención del líder Augusto Pinochet en Londres? ¿En qué quedaron las invocaciones al respeto y la confianza que nuestros tribunales le merecían al líder de la UDI, Pablo Longueira, a los dirigentes de la fundación Augusto Pinochet y a sus familiares más directos? ¿Qué se hicieron?
¿Por qué, ahora, estas mismas personas acusan a los tribunales chilenos y en particular, a algunos de sus jueces, de actuar políticamente o por revancha o por evitar algún perjuicio personal?
¿En qué quedamos? ¿Se equivocaron, actuando con ligereza, cuando hacían encomiásticas declaraciones respecto a nuestros jueces o cambiaron de posición porque los fallos no se acomodaron a sus deseos? Sea cuál sea la alternativa escogida habla muy mal de quienes actúan de esta manera.
Sin embargo, existe una tercera posibilidad que es tan negativa como las anteriores y ella es que confiaban en que los tribunales chilenos serían influidos – tal como ocurría cuando el general Pinochet gobernaba- para que resolvieran de una determinada manera. Eso es coincidente con lo que han expresado algunos de estos dirigentes que «exigen» la intervención del gobierno para darle una «solución política» al asunto.
Esto refleja un absoluto desconocimiento de la vigencia del Estado de Derecho, por una parte y, de la otra, la manera como actuaban cuando dispusieron del poder. Es bueno recordarlo cuando la derecha se siente en condiciones de acceder al gobierno, ahora por la vía democrática.
Si los partidarios de Pinochet estiman que lo resuelto por el ministro Guzmán está equivocado o es una arbitrariedad, existen los mecanismos correspondientes para rectificar, dentro de los procedimientos establecidos, a través de los recursos correspondientes, pero las descalificaciones o las peticiones al gobierno para influir sobre los tribunales están fuera de lugar. Lo lógico sería que recordaran lo que decían, no hace mucho tiempo y actúen en consecuencia.
