Desde hace un año a la fecha, diversos dirigentes de organizaciones empresariales, políticos de oposición y también algunos destacados personeros de la Concertación han cuestionado las reformas laborales impulsadas, tanto por el gobierno anterior como por el actual. El tema es controvertido y ha pasado a ser un emblema en la frontera divisoria que separa a la Concertación de la derecha. Por algo será.
Una mirada superficial ha llevado a muchos analistas a sacar conclusiones erradas o políticamente interesadas. También se ha intentado menospreciar los puntos de vista del adversario, lo que es una añeja práctica, desprestigiada e inconducente.
¿Cuál es el fondo de esta discusión, que no es irrelevante para el país? Por una parte está el histórico y siempre vigente objetivo de la Concertación de reducir las grandes desigualdades que existen en nuestra sociedad, otorgando a los trabajadores mayor poder para mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, están los razonables argumentos empresariales y de diversos dirigentes políticos de la derecha, que advierten sobre los negativos efectos que produciría en el empleo una menor flexibilidad del mercado laboral.
Además se sostiene, con buenas razones, que la negociación colectiva por rama de actividad sería perjudicial para las PYME, que no podrían equiparar los beneficios conseguidos por los sindicatos de las grandes empresas.
Sin embargo, tampoco parece sensato defender el status quo y valorarlo como el marco ideal, a partir del cual, estructurar las relaciones laborales en nuestro país.
Si queremos ser un país desarrollado, debemos partir por reconocer que ello sólo es posible si somos capaces de construir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, donde las desigualdades se reduzcan en forma considerable y donde exista más equilibrio entre las partes de la relación laboral. Además, un nuevo marco laboral será ineludible si queremos potenciar nuestras exportaciones, evitando a futuro cuestionamientos sobre competencia desleal.
Chile debe tener como ventaja comparativa sus recursos humanos, pero esa fortaleza debe estar basada en la preparación y capacidad de su gente y no en una mano de obra barata y en sindicatos sin poder para efectuar negociaciones de verdad.
Si somos bien pensados, ni la Concertación ni la derecha pueden estar en desacuerdo con la necesidad de perfeccionar las leyes laborales. Sin embargo, la Concertación lucha por acelerar los cambios y la oposición defiende la estabilidad de las reglas del juego. Ese es el viejo dilema de la política. La probabilidad del error y la incertidumbre que siempre generan los cambios sociales y la parálisis que produce la estabilidad cuando de transforma en un fin en si misma o en una justificación ideológica para privilegios y posiciones de poder.
Pero ese dilema también tiene su parte positiva. Las sociedades no avanzarían sin la tensión entre estabilidad y cambio, siempre que se entienda que hay una compleja y necesaria complementariedad e interdependencia entre esas fuerzas.
Por ello es que hay que ir al fondo de nuestra discusión actual para extraer lo que le conviene al país y para desechar lo accesorio y lo negativo. No es aceptable que la derecha se presente con dos caras. Por un lado, la racionalidad, el lenguaje educado y los llamados a crear un clima de confianza y, por el otro, el populismo que ha caracterizado su discurso político desde la campaña presidencial. Uno los ve pidiendo reducir el gasto fiscal y después usando los medios de comunicación para estimular la solución inmediata y simultánea de todas las necesidades de la gente, como si ello fuera posible por arte de magia y se retrasara por mala voluntad de la Concertación o por incapacidad del gobierno.
Tampoco es aceptable que la Concertación pretenda sacar ventajas electorales usando las reformas laborales como arma contra la oposición, a pesar que existe evidencia que, tal como están planteadas, pueden ser inoportunas o inconvenientes, si se quiere reducir el desempleo y apoyar a las PYME.
La solución puede ir por otro camino. Si la derecha de verdad coincide en que debemos reducir las desigualdades; si es seria esa posición, entonces ¿por qué no buscar un acuerdo en torno a una reforma tributaria que, junto con reducir las tasas de las personas, eleve con moderación las de las empresas, pero a niveles más lógicos para un país como el nuestro?
Junto con lo anterior ¿por qué no acordar el destino de los nuevos recursos que se obtendrían? Por ejemplo, concentrarlos en una gran reforma a la salud, que es indispensable para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y obtener por esta vía una parte importante de lo que se pretendía en el corto plazo con las reformas laborales. Y, por último, ¿por qué no puede ser parte del consenso postergar los aspectos más conflictivos de las reformas, definir respecto de ellos un calendario claro y trabajar en común y de buena fe para mejorarlos?
Un acuerdo económico-social es lo que nuestro país necesita. Un solo paquete de medidas con amplio consenso, que introduzca los cambios que se requieren y de estabilidad completa a las reglas del juego. Dicho acuerdo debe ser patrimonio de todos los chilenos y no de unos pocos interesados en ventajas parciales.
Si algo hemos aprendido de la dolorosa experiencia de Chile es que el acuerdo es mejor que el conflicto y que el país que queremos debemos construirlo entre todos.
