Es duro decirlo, pero la huelga de hambre de algunos presos de la Cárcel de Alta Seguridad es la consecuencia de graves despreocupaciones en materia de derechos humanos de las autoridades de los gobiernos de la Concertación y la mayoría de los personeros del poder judicial.
Aunque las autoridades del ministerio de justicia insisten en calificar de terroristas a estos presos, la opinión del destacado constitucionalista y ex-ministro Francisco Cumplido y de los abogados del Codeju es que se trata de prisioneros por delitos políticos. Sin embargo, ni aun en el caso de que en realidad fueren presos terroristas nada justifica que no hayan sido investigadas las torturas que los presos han denunciado y que constan en los expedientes judiciales.
Los personeros de los ministerios de Interior y Justicia, especialmente en el gobierno anterior, hicieron oídos sordos ante los constantes reclamos de los familiares, sobre ese tema y sobre el de las condiciones carcelarias. Fueron necesarias otras huelgas de hambre para que .los presos pudiesen tener talleres o clases en común o para que pudieran recibir visitas de amigos.
El problema que ha conducido a algunos presos, aquellos sobre los que pesan los cargos más duros, a realizar el gesto desesperado de una huelga indefinida es el problema de la tipifacación de los delitos. El Ministro Dreyse, cuyos fallos estaban salpicados de insultos contra los prisioneros («picaros de baja estofa», entre otras) los juzgo por asociación ilícita terrorista, de modo tal que se genero un juzgamiento dual, de los tribunales militares y civiles.
Un expeditivo juzgado castrense condeno a muerte en primera instancia a un preso sin siquiera haberle tomado declaración. Esa situación escandalosa no mereció ningún comentario de prensa. Como hoy día lo saben todos los chilenos que miran los noticiarios informativos o leen los periódicos ese hecho es un elemento decisivo del debido proceso.
Estos prisioneros políticos llevan entre seis y diez años encarcelados. Ellos ni siquiera piden no ser juzgados. Exigen serlo según las normas de un estado de derecho. Piden que se continúe la labor rectificadora que había iniciado, cuando fue presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila.
Su intervención para que otro ministro revisara las aberraciones jurídicas de Dreyse, significó cambios en la situación judicial de algunos prisioneros que hoy están en huelga. En un caso, se modificó la decisión de pena de muerte a sobreseimiento. Sin embargo esa persona continua internada por la condena de un tribunal militar.
El nuevo presidente de la Corte Suprema aún no contesta una carta enviada por los presos en el mes de enero.
Estos prisioneros no reclaman impunidad. En la declaración que dieron a conocer ayer se definen como «subversivos y revolucionarios». Saben que la subversión constituye un tipo de delito político y no esconden lo que hicieron.
Sin embargo, de haberse aplicado el debido proceso, la mayoría de ellos habrían cumplido holgadamente sus condenas. Además la tipificación realizada por Dreyse y los tribunales militares les impiden obtener la libertad bajo fianza que han obtenido algunos auténticos terroristas que usaron la potestad y los recursos del Estado para hacer desaparecer personas.
Los demócratas preocupados de la defensa de los derechos humanos tienen la oportunidad de demostrar una sensibilidad que a estos presos les ha sido negada, con algunas notables excepciones. Se ha actuado con ellos como si el hecho de que hubiesen cometido sus delitos durante los gobiernos de la Concertación justificara una absoluta despreocupación por las condiciones de su encarcelamiento y de su procesamiento.
Debemos demostrar ahora que los derechos humanos nos preocupan cualquiera sea el gobierno de turno.
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