Sí a la pena de muerte - El Mostrador

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Sí a la pena de muerte

por 6 abril, 2001

El año 1990 el Congreso Nacional, en pleno período democrático, debatió el tema de la pena de muerte y llegó a un acuerdo entre sus partidarios y detractores, consistente en eliminar esta pena en cerca de 30 delitos y mantenerla sólo para cinco. Estos últimos son: robo con homicidio, robo con violación, secuestro con homicidio, secuestro con violación y parricidio. Como la pena de muerte no puede ser un castigo único y sin alternativas para el juez, estos delitos tienen una sanción que fluctúa entre 20 años y 1 día y pena de muerte.



Ese acuerdo al que se llegó en la Cámara de Diputados debe mantenerse y no hay ningún antecedente ni razón para modificarlo, más aún considerando que lamentablemente los índices de delincuencia, en los delitos particularmente graves, han aumentado.



Más aún, en el acuerdo de la Cámara de Diputados del año 90 se
establecieron estrictas exigencias para la hipótesis de que llegara a aplicarse la pena de muerte. Ellas consisten en que el delincuente debe ser reincidente de delitos de la misma gravedad; no debe tener ninguna circunstancia atenuante (intentar reparar con celo el mal causado, irreprochable conducta anterior u otra); sólo puede ser condenado por plenas pruebas y no por simples presunciones, y la pena de muerte debe ser ordenada por la unanimidad de los Ministros de la Corte Suprema. Se consignó -asimismo- que la condena a muerte no puede ser objeto del decreto de indulgencia que le envía el máximo tribunal al Presidente de la República, una vez que dicta su sentencia, para pedirle que se le indulte por razones humanitarias.



La Iglesia Católica jamás ha planteado que el tema de la pena de muerte sea una cuestión de principios. Tanto es así que el cardenal Francisco Javier Errázuriz, cuando concurrió a la Comisión de Constitución de la Cámara, citó al Papa Juan Pablo II, quien realizó un llamado a la abolición de la pena de muerte "siempre que se den las condiciones necesarias para ello".



Aún más, el cardenal expresó que "hay lugares donde el Estado no tiene condiciones mínimas para alejar a las personas que son un peligro para la sociedad. En ese caso, el legislador y el Estado tienen el deber de proteger la vida de los ciudadanos aún a costa de matar a esas personas".



No estamos ante una cuestión de principios sino, básicamente, de oportunidad. Si fuera una cuestión de principios, la Iglesia Católica la rechazaría en todo evento. Otra prueba de esto es que en el estado de Asamblea que contiene nuestra Constitución, se permite declarar la guerra y -por ende- matar legalmente a cientos de miles de personas que nunca han cometido ningún delito.

¿Qué razón hay para que en las actuales circunstancias se derogue la pena máxima? ¿Estamos en un país tranquilo, sin índices de delincuencia o estamos en un país en que todas las autoridades de gobierno y oposición nos damos cuenta que la delincuencia aumenta peligrosamente?



¿Cómo creen que se sienten cuando saben que se derogó la pena de muerte los delincuentes peligrosos que cometen permanentemente asaltos a casas particulares y violan, hieren o matan a sus moradores? ¿Se sentirán más asustados, inhibidos de cometer delitos o más contentos y más liberados? Francamente creo que se sienten más contentos, considerando que cualquiera que sea el delito que cometan, a final de cuentas sus vidas no corren riesgo.



También el reemplazo de la pena de muerte por 40 años me parece un profundo error. La norma actual es correcta: a los 20 años, un sujeto, si se ha rehabilitado, tiene derecho a que la sociedad le permita reinsertarse en la medida que se acredite seriamente que se rehabilitó y no se trate de un trámite burocrático en que todos quedan libres sin mayor análisis ni fundamentos. Dejar a una persona 40 años sin ninguna posibilidad de salir antes por rehabilitación es absurdo. ¿Qué pasa si a los 25 años está rehabilitado -y así se acredita- porque cuando cometió el delito era muy joven? Pues que debe permanecer otros 15 años preso.



En conclusión, el proyecto del gobierno me parece muy malo. No resuelve ningún problema y manda una pésima señal, distrae tiempo del Parlamento y nos impide concentrarnos en otras materias vinculadas a la seguridad ciudadana, como es la dramática situación de la delincuencia juvenil, que requiere en forma urgente de medidas de prevención y reinserción social.

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