¿Estudiantes por los privilegios y contra la solidaridad? - El Mostrador

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¿Estudiantes por los privilegios y contra la solidaridad?

por 19 abril, 2001

La propuesta de ampliar el actual esquema de ayuda estudiantil para incluir a todos los alumnos que demuestren una efectiva necesidad, independientemente de la institución en la cual se matriculen, es una de las medidas más audaces y justas anunciadas hasta aquí por el gobierno del Presidente Lagos. Es una idea progresista, diseñada con imaginación, y que de hacerse efectiva tornaría más equitativa nuestra sociedad.



Primero, y lo más importante: esta propuesta termina con la odiosa discriminación que existe entre dos segmentos de jóvenes chilenos, según si son o no admitidos a una universidad del Consejo de Rectores. Si lo son, entonces pasan a formar parte del segmento de los elegidos, pudiendo postular a una ayuda -beca o crédito fiscal-. Por el contrario, si ingresan a una institución privada —universidad, instituto profesional o centro de formación técnica—, en tal caso están forzados a pagar por sus estudios con recursos provenientes de su propio bolsillo. En breve, es una propuesta nítidamente pro-igualdad de oportunidades y de eliminación de privilegios.



Segundo, favorece a los alumnos egresados de liceos municipales o privados subvencionados. Estos provienen en su mayoría de los sectores de menores ingresos relativos, y al completar la secundaria muchos de ellos deben dirigirse a una institución privada para continuar sus estudios. En cambio, como es bien sabido, varias de las universidades del Consejo de Rectores reciben una alta proporción de sus alumnos directamente de los -mejores y más caros- colegios privados pagados. Ä„Es el mundo al revés!



En breve, la propuesta gubernamental es pro-equidad. Viene a contrarrestar el sesgo favorable al capital cultural, social y económico que inevitablemente acompaña a los procedimientos de selección por méritos académicos en una sociedad con fuertes desigualdades de origen. O sea, deja en pie la selectividad, lo que es importante en una sociedad que aspira a premiar los mejores desempeños, pero la mitiga con un sentido más solidario y de equidad.



Tercero, termina por consolidar un sistema de educación superior mixto, que ha permitido a Chile en diez años duplicar la matrícula de este nivel y aumentar el número de científicos, ingenieros, profesionales y técnicos que el país necesita para desarrollarse y competir en la arena global. En efecto, para su buen funcionamiento la propuesta debería ir acompañada por al menos dos medidas, convenientes ambas para la consolidación:



1 Toda institución autónoma -pública o privada, trátese de universidad, instituto o centro- estaría facultada en principio para recibir alumnos beneficiados por una ayuda estudiantil. Esto cimentaría definitivamente la presencia de las instituciones privadas, tornaría más competitivo al sistema de enseñanza superior y ayudaría al afianzamiento de los institutos profesionales y centros técnicos de mayor calidad.



2 Las instituciones interesadas en calificar para recibir a dichos alumnos deberían al menos demostrar que cuentan con mecanismos internos de control de calidad. Esto serviría para dar tranquilidad al público, ordenaría el mercado de la educación superior y daría un impulso a los procesos en curso de acreditación.



Naturalmente, para extender el actual esquema de ayuda estudiantil se requerirá ensanchar también su base de financiamiento. El Estado no está en condiciones de hacerlo por sí solo, sin embargo. Hasta aquí ha llevado todo el peso, incrementando los recursos destinados a la ayuda estudiantil de 6 mil millones en 1989 a 60 mil millones el presente año. Por su lado, los beneficios entregados —alumnos favorecidos— pasaron de 74 mil a 137 mil durante el mismo período.



¿Qué hacer, entonces?



En torno a este punto, el Ministerio de Educación ha expresado la parte más novedosa de su propuesta. Ha indicado que los recursos adicionales necesarios podrían provenir del sector privado, con las debidas garantías del Fisco. De esta manera el Estado cambiaría también su rol: de actuar como banco de un segmento privilegiado de la juventud chilena, pasaría a desempeñarse como garante de oportunidades para todos los jóvenes chilenos que no pueden, de su bolsillo, pagar sus estudios. Se trata, pues, de una verdadero salto adelante en la modernización de las funciones del Estado, en la dirección de la igualdad de oportunidades, la solidaridad generacional y la coparticipación pública/privada.



¿Cómo entender entonces que los dirigentes estudiantiles de las universidades del Consejo de Rectores llamen a tomarse las calles para echar abajo esta propuesta gubernamental? ¿Acaso están por defender un privilegio estamental incluso a costa y en perjuicio de sus compañeros menos afortunados? ¿No cabría esperar, más bien, que se congratulen por el hecho de que otros jóvenes accederían al mismo derecho de que ellos gozan? ¿Cómo entender que rechacen para otros lo que aprovechan para sí?



Nada de esto se puede entender porque es contrario a la razón, a la solidaridad juvenil y a los ideales progresistas.

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