A poco más de siete meses de los comicios parlamentarios de diciembre próximo, la Concertación comienza a vislumbrar su derrota y, por eso mismo, procura poner distancia con los errores del gobierno, en una estrategia que llega hasta la crítica más acerba contra las autoridades de sus propias filas y políticas gubernamentales, a fin de deslindar culpas y responsabilidades.
Así, hemos podido conocer últimamente de ácidos comentarios socialistas a la conducción de la economía y la generación de empleos, un acuerdo de la dirigencia y parlamentarios del PPD en contra de la decisión gubernamental de renovar aviones de la Fuerza Aérea, conferencias de prensa de parlamentarios demócratacristianos en las que se refieren negativamente al proyecto de reforma laboral y dejan entrever manejos oscuros por parte de funcionarios del gobierno en la fijación de las nuevas tarifas eléctricas, etc.
Los ejemplos son muchos y los vemos a diario en las noticias, donde las denuncias contra funcionarios del régimen efectuadas por los mismos parlamentarios que sostienen al gobierno se multiplican, en un intento por eludir las consecuencias que seguramente tendrá en las urnas para la coalición oficialista el desencanto y la desesperanza de millones de chilenos a tan solo un poco más de un año de haberse iniciado el tercer gobierno de la Concertación.
Paralelamente, los mismos que critican al gobierno desde el interior de sus filas se valen de cuanta oportunidad pueden para sacar provecho político de la institucionalidad del Estado que le corresponde administrar al Ejecutivo. Por esta vía, los parlamentarios de la Concertación -la mayoría de los cuales ya está en campaña para ser reelectos- tienen las puertas abiertas en La Moneda para mostrarse ante el electorado como los gestores de todas las obras públicas, construcción de viviendas y soluciones de problemas, en una peligrosa y dañina politización de esa institucionalidad.
En este terreno, se insinúan algunos signos evidentes de irregularidades y pago de favores políticos, como ha quedado demostrado recientemente en INDAP luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la República. Esto es lo que sucede inevitablemente cuando una coalición se eterniza en el gobierno, como ocurrió en México con el PRI, que tenía montada toda una maquinaria para conseguir cosas.
Pero la ciudadanía está atenta y no comulgará con ruedas de carreta. Ni las engañosas críticas de los parlamentarios y dirigentes de la Concertación contra algunos funcionarios o políticas de gobierno para eludir sus propias responsabilidades por los difíciles momentos que enfrenta el país, ni la acción «bienhechora» de los mismos -que en verdad se efectúa con dineros del Estado que deben servir para todos los chilenos- darán resultado. La estrategia es demasiado evidente y sólo servirá para desacreditar aún más a los miembros de una Concertación cuya derrota en las urnas a fines de este año y en la siguiente elección presidencial constituye, como diría Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada.
