Durante demasiado tiempo el tema de las privatizaciones en Chile ha sido planteado como algo exclusivamente técnico y económico, una especie de sinónimo de modernización. El que el mayor frenesí privatizador del gobierno militar (las llamadas privatizaciones de tercera ronda) haya coincidido con los años de recuperación económica de la crisis de 1982-83 ha llevado a importantes sectores de la opinión pública a asimilar privatizaciones con crecimiento, cuando en realidad éstas son sólo parte de los elementos que inciden en el dinamismo económico de un país.
Es cierto que durante los últimos 20 años ha habido una verdadera marea privatizadora en todo el mundo, y también es cierto que en muchos casos el traspaso de empresas públicas a manos privadas ha redundado en mayores niveles de productividad, eficiencia y calidad de servicios. Lo que no es cierto es que las privatizaciones sean una especie de panacea que resuelva todos los problemas.
Tampoco es cierto que constituyan una herramienta de política pública neutra, sin profundos efectos políticos y sociales. De hecho, la temática de las motivaciones y propósitos políticos de las privatizaciones está generando una creciente masa de literatura académica, en la que se demuestra, por autores como Harvey Feigenbaum y Jeffrey Henig, que tanto o más importantes que las justificaciones económicas que se manifiestan en público para privatizar lo son los propósitos políticos de quienes las impulsan. Ejemplo de ello fue la intención de quebrar el poder de los sindicatos en la Inglaterra de Margaret Thatcher.
La gran virtud del reciente libro de María Olivia Mockeberg El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, publicado por Ediciones B (cuya copia me costó mucho conseguir, ya que la primera edición de 5 mil ejemplares se ha agotado en menos de una semana, y la vendedora en la librería en que finalmente lo ubiqué me dijo que en todos sus años en el rubro nunca había visto tanta demanda del público lector por un libro) es que documenta con lujo de detalles el grado al cual el proceso de privatización que se dio en Chile en los ’80 fue ante todo marcado por consideraciones políticas.
El desmantelamiento del Estado benefactor en Chile al terminar con el antiguo sistema de previsión y de provisión de salud, por una parte, y el transformar a las autoridades del gobierno militar y ejecutivos de las empresas públicas de ese entonces en los dueños de las empresas privatizadas, por otra, aparecen como dos caras de la misma moneda, cuyo resultado neto fue el tremendo debilitamiento del sector público, y la creación y fortalecimiento de grandes grupos económicos privados profundamente identificados con el pinochetismo.
A partir de fuentes abiertas, y respaldada por muchos años de trabajo periodístico de primera línea, María Olivia Monckeberg nos entrega un cuadro completísmo de la forma cómo empresas públicas que tomó 40 años construir con los impuestos de todos los chilenos se vendieron a vil precio -y en muchos casos con créditos subsidiados de la Corfo y el Banco del Estado, es decir, con el dinero de los contribuyentes- a sus propios ejecutivos, quienes de modestos funcionarios públicos pasaron a poseer fortunas valoradas en cientos de millones de dólares.
No es sorprendente que los grupos económicos creados en torno a estas privatizaciones, sobre todo en las AFP y las empresas del sector eléctrico, se hayan transformado en las principales fuentes de financiamiento de la Alianza por Chile en los años ’90, creando un desbalance enorme con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco asombra que los partidos de la Alianza bloqueen todo proyecto de ley que transparente el financiamiento de los partidos y la actividad política en general, ya que perderían esa enorme ventaja de la que han gozado hasta ahora.
Lo que sí resulta inexplicable es que, después de todo esto, sigan existiendo dentro de la propia Concertación partidarios de seguir privatizando lo poco que queda del sector público en Chile. Dada la estructura del poder económico en Chile ¿quiénes son los únicos que podrían beneficiarse de ello?
*Jorge Heine es director de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y director del programa internacional de la Fundación Chile 21.
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