Seguramente en ningún otro sector de la sociedad chilena existe tal carga de prejuicios ideológicos y circulan tantas consignas como en la educación superior. Es una auténtica paradoja: que justamente donde más se espera que la inteligencia y el diálogo racional imperen, rigen, en cambio, las opiniones infundadas.
En vez de aplicar al propio sistema de educación superior las armas de la curiosidad científica y los métodos de la indagación, suele prevalecer entre las diversas tribus académicas el mito y el folklore.
Por ejemplo, se dice que la educación superior está estancada. ¿Qué muestran los datos? La matrícula ha crecido de 245 mil alumnos en 1990 a más de 450 mil el año 2001. Es un verdadero salto adelante.
En la actualidad, como producto de esa expansión, 30 de cada cien jóvenes de entre 18 y 24 años de edad cursan estudios superiores. Y cada año hay unos 40 mil nuevos titulados que entran al mercado laboral provenientes de las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Ellos son uno de los motores para impulsar una economía competitiva, abierta y capaz de asegurar un alto crecimiento al país.
En otras ocasiones se alega que hay demasiadas instituciones de enseñanza superior y que su número sigue aumentando descontroladamente. ¿Verdadero o falso? Falso. En 1990 había en Chile un total de 302 instituciones de nivel terciario; hoy son 250. El número de universidades privadas, en tanto, sigue siendo el mismo al comienzo y el final de la década: 40.
Últimamente se ha agitado el ambiente universitario debido a una supuesta desidia del gobierno para mejorar la ayuda a los estudiantes de las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores. Con todo, la verdad es que los beneficios—becas y créditos— se han multiplicado por dos entre 1990 y 2001, y el volumen de recursos comprometidos ha aumentado al doble en términos reales.
El problema, por tanto, no reside allí, sino en los miles de estudiantes que al inscribirse en una institución privada se ven excluidos de recibir créditos y becas, aunque tengan el mismo grado de necesidad socioeconómica y similares méritos académicos.
Con frecuencia se comenta en los círculos profesorales que los dineros gastados por el Fisco en las universidades del Consejo de Rectores habrían disminuido últimamente. También esta afirmación es incorrecta. Entre 1990 y 2001 los aportes fiscales a la educación superior han aumentado cada año sin excepción, pasando de 40 mil millones de pesos a más de 200 mil millones de pesos en moneda de cada año. Esto representa un aumento real superior al cien por ciento.
Suma y sigue: durante los años de la década pasada se sostuvo entre los círculos bien pensantes del mundo académico que el sistema privado de educación superior estaba llamado a fracasar. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el sistema chileno rechazaría ese extraño injerto. Segundo, las nuevas instituciones no lograrían atraer estudiantes en suficiente número. Tercero, las universidades privadas estaban condenadas a ofrecer nada más que carreras de tiza y pizarrón. Cuarto, todas ellas conformarían un cerrado mundo ideológico, ajeno a las tradiciones del sistema universitario chileno.
Vamos por partes.
Primero, el sistema chileno de educación superior ha sido históricamente más privado que estatal, como muestra el hecho que durante siglo y medio, hasta 1980, se crearon sólo dos universidades estatales y, en cambio, se establecieron seis universidades privadas. Tampoco puede decirse, sin falsas ilusiones, que ese pequeño universo de instituciones haya encarnado las virtudes del máximo pluralismo posible. De las seis universidades privadas tradicionales tres eran católicas, una se identificaba con la masonería y dos con intereses regionales, intelectuales y empresariales.
Así, la actual configuración del sistema, con su fuerte peso privado, en vez de ser un novedoso injerto tiene una larga tradición en nuestro país. ¿Y acaso todas las nuevas instituciones privadas son cerradamente de derechas o conservadoras, según suelen pregonar sus críticos más prejuiciados?
Obviamente que no es así, existiendo un número importante de universidades que, en esos términos muchas veces poco relevantes, podrían calificarse algunas de laicas, otras de pluralistas, o quizá algunas como alternativas al establishment, y otras como de izquierdas y aún otras como católico-progresistas, etc.
Que las instituciones privadas no fracasaron por falta de estudiantes es algo de suyo evidente. Su matrícula de pregrado supera en la actualidad el 50 por ciento del total de la matrícula de enseñanza superior, alcanzando a más de 230 mil alumnos. Anualmente dichas instituciones titulan más de 10 mil profesionales y 10 mil técnicos superiores.
Tampoco resultó cierto que las universidades privadas terminarían ofreciendo sólo carreras de tiza y pizarrón. En vez de asumir un comportamiento regido por puros intereses lucrativos, tal como el anticipado, han mostrado un fuerte sentido de responsabilidad social, creando escuelas y facultades de medicina, ingeniería, agronomía, pedagogía y humanidades.
En suma, hace falta más rigor en el análisis de estas materias y menos prejuicio. Bastaría con eso para dar, de inmediato, mayor densidad intelectual al debate sobre el futuro de la educación superior.
