En las últimas semanas hemos presenciado una serie de hechos de violencia en contra de personas y comunidades mapuche en el sur del país. Se trata de hechos protagonizados por agentes del Estado, quienes además de lesionar los derechos de las personas, en este caso indígenas, han generado un clima de violencia que en nada contribuye a la superación de la ya difícil convivencia interétnica que existe en nuestra región y en el país en general.
Particular gravedad revisten los hechos ocurridos en Tirúa. En esa localidad, en un operativo destinado a detener a dos personas mapuche de la comunidad de Tranikura en el marco de procesos judiciales por daño a la propiedad, la Policía de Investigaciones agredió a todo un pueblo e hirió gravemente a cuatro personas que nada tenían que ver, salvo en el hecho de ser mapuche, con quienes se buscaba.
Como profesional dedicado a la promoción de los derechos de los indígenas considero necesario dar a conocer a la comunidad una opinión sobre estos acontecimientos así como sobre el contexto en el que ellos se desarrollan.
1 Desde hace varios años que los mapuche vienen manifestando de diversas maneras su disconformidad frente a los procesos que hoy ocurren en sus territorios ancestrales, afectando sus derechos. La expansión de la actividad forestal hacia tierras históricamente pertenecientes y hoy reclamadas por ellos, o la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas en tierras reconocidas y protegidas por la legislación de su carácter indígena -iniciativas todas que cuentan con la participación directa o la autorización del Estado- han sido denunciadas por los mapuche, pues afectan la integridad de sus comunidades y su desarrollo material y cultural.
De especial gravedad resulta, en este sentido, la expansión de la actividad forestal, la cual con la plantación de arboles exóticos literalmente ha encerrado a las comunidades dentro de su propio espacio ancestral.
Las empresas forestales poseen 1,5 millones de hectáreas al sur del Biobío, y afectan seriamente las tierras y las aguas de los mapuche.
2 El Estado y las empresas involucradas en estas actividades sostienen que han actuado de acuerdo al derecho, y que han cumplido con los requisitos y autorizaciones que la Constitución y las leyes establecen para su realización. Pocas veces se preguntan por la percepción que los mapuche tienen respecto a su presencia en lo que constituyen sus espacios ancestrales.
Los mapuche, primeros habitantes de esta parte de Chile, han visto sus tierras disminuir gradualmente desde mediados del siglo XIX, primero mediante la radicación en reducciones, luego a través de la división y enajenación de sus tierras comunales promovida por el Estado, y más tarde, a través de la perdida de las tierras que les fueran entregadas a través de la reforma agraria. Se trata de un proceso que los mapuche conocen con un nombre: usurpación.
3 Por otro lado, el Estado y los particulares involucrados en estos proyectos no han tenido la preocupación de escuchar la opinión de los indígenas respecto de proyectos que, en muchos casos alteran radicalmente sus vidas. Aunque la opinión de las comunidades ha sido consultada, no ha sido considerada como lo ordena la ley indígena al momento de tomar una decisión respecto a los proyectos planteados.
El caso de la central hidroeléctrica Ralco, que fuera inicialmente rechazada por la unanimidad de los comuneros pehuenche afectadas con su construcción, es un ejemplo ilustrativo. ¿Puede sorprendernos, entonces, que dichos proyectos sean resistidos por las comunidades mapuche?
4 Se deben reconocer los esfuerzos desarrollados por el Estado desde la aprobación de la ley indígena, con el objetivo de restituir a los mapuche tierras que reclaman para sí. Cabe subrayar, sin embargo, que dichos esfuerzos resultan insuficientes en relación a sus necesidades de tierra. El propio gobierno ha señalado la necesidad de transferir a personas o comunidades mapuche 150 mil hectáreas de tierra en un lapso de seis años, lo que demuestra la magnitud del problema a abordar.
Por otro lado, el otorgamiento de tierras a indígenas sin el apoyo económico y técnico que se requiere para trabajarla, como ha ocurrido en los últimos años, es una medida inconducente, ya que no permite revertir los procesos de empobrecimiento y migración que hoy, en un contexto de crisis de la agricultura campesina tradicional, se verifican al interior de las comunidades.
5 Todo lo anterior configurado un cuadro de creciente distanciamiento entre el mundo mapuche y el Estado y las empresas privadas presentes en su territorio. Los mapuche reclaman lo que de acuerdo a su historia, su concepción del mundo, su sistema de normas y valores -su Admapu- consideran que les pertenece y les ha sido arrebatado. El Estado, por su parte, impone su ley, su estado de derecho, «por la razón o la fuerza» como lo dice el escudo chileno. Las consecuencias de dicha incomunicación son la situación de violencia que hoy se vive en las comunidades mapuche y que se agrava progresivamente.
6 Sin justificar las acciones de violencia que en el proceso de reivindicar lo que consideran les pertenece puedan haber cometido algunos mapuche, en particular en contra de bienes, todas las informaciones disponibles hacen pensar de que existe una enorme desproporción entre dichas acciones y la fuerza empleada por los agentes del Estado, o incluso por agentes de seguridad privados, para reprimir a los indígenas.
7 Preocupa que el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado (Carabineros o la Policía de Investigaciones) en contra de personas mapuche involucradas en acciones en defensa de sus derechos se haya transformado en una rutina. Llama la atención que la vida humana y la integridad física hayan perdido su valor. Son cada vez más frecuentes las denuncias de maltrato físico y verbal de personas mapuche por parte de agentes del Estado.
En muchas ocasiones dichos agentes hacen expresa alusión a su condición étnica diferenciada, lanzando insultos como indio de mierda u otros epítetos que además de constituir conductas discriminatorias sancionadas por la ley indígena, son abiertamente vejatorios.
8 Preocupa también que el hecho que las fuerzas policiales actúen en forma conjunta con las empresas que hoy se hacen presente en el espacio territorial mapuche. El caso del Alto Biobío, la relación existente entre las fuerzas policiales allí asentadas y la empresa Endesa es de tal naturaleza, que muchas veces las primeras aparecen como fuerzas subordinadas a la segunda. Lo mismo puede señalarse de la actuación conjunta de Carabineros e Investigaciones y guardias de empresas forestales en el área de Malleco.
Se trata de un hecho abiertamente ilegal, que no puede seguir siendo amparada por las autoridades.
9 Mayor inquietud causa la denuncia formulada por personas mapuche sobre el trato discriminatorio que han recibido de Gendarmería y de quienes integran el Poder Judicial. En el primer caso son frecuentes las denuncias de incomunicación y de maltrato físico y verbal a que son sometidos los detenidos mapuche vinculados a acciones en defensa de sus tierras o de su pueblo.
En el segundo caso, existen denuncias de personas mapuche que, llevadas ante los Tribunales por su participación en actividades ilegales, han sido objeto de un trato impropio por parte de quienes tienen el mandat constitucional y legal de impartir justicia, hecho que demuestra de una clara discriminación en contra de ellos asociada a su condición étnica.
Los hechos de los cuales aquí se ha dado cuenta son graves, por cuanto no constituyen hechos aislados que comprometen a personas, sino de hechos sistemáticos que comprometen a instituciones, y en última instancia al Estado.
Se trata de un comportamiento que, además de atentar en contra de los derechos humanos más fundamentales, en nada contribuye a una mejor convivencia entre los mapuche y el resto de la sociedad, y empujan hacia una militarización del llamado conflicto mapuche con consecuencias difíciles de prever.
Es comprensible la preocupación de las autoridades de gobierno, en un momento de crisis económica, por crear un clima de estabilidad que estimule la inversión y la generación de fuentes de trabajo para la población. En caso alguno, sin embargo, ello puede justificar el establecimiento de un sistema de represión en contra de personas o comunidades que se encuentran en situaciones de evidente postergación. Esta situación en gran medida es el producto de las acciones y políticas discriminatorias que el Estado ha desarrollado hacia ellas en el pasado.
El gobierno tiene la responsabilidad de poner freno a esta situación. Debe investigar los hechos de violencia denunciados y sancionar a los responsables, para evitar el clima de impunidad que creemos se está creando al interior de las entidades encargadas de mantener el orden público en esta parte del país. Dicha investigación, y las eventuales sanciones, resultan imprescindibles para revertir el escenario de violencia ya referido.
También tiene ademas la responsabilidad de establecer mecanismos e instancias que faciliten el dialogo entre el sector publico, el sector privado y los indígenas, tanto a nivel local y regional como a nivel nacional, para hacer posible la participación de los propios indígenas en la busqueda de soluciones a los multiples problemas que los afectan.
En este mismo ámbito se hace necesario la activación de instancias como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, constituída en enero pasado, con la finalidad de permitir el replanteamiento de las relaciones históricas de discriminación y exclusión existentes entre el Estado y los pueblos indígenas que están detrás de los hechos descritos.
Finalmente, se debe subrayar la importancia que el gobierno y los empresarios, en el contexto de globalización en que hoy vivimos, pongan mayor atención en los procesos que hoy ocurren en otros contextos de América y del mundo en materia de relaciones interétnicas.
Se trata de procesos a través de los cuales los indígenas han dejado de ser meros receptores de políticas públicas o testigos de inversiones privadas que ellos no deciden, para pasar a asumir, progresivamente, mayores grados de control y gestión de los procesos económicos, sociales y culturales al interior de sus espacios territoriales ancestrales.
No abrir los ojos ante esta tendencia, hoy crecientemente acogida en el derecho internacional y comparado, tampoco contribuye a la superación de los conflictos que ya son cotidianos en el sur del país.
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* José Aylwin es abogado e integra el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.
