Comprar armas, ¿para qué? - El Mostrador

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Comprar armas, ¿para qué?

por 27 julio, 2001

¿Los sistemas de armamentos que se van a adquirir reflejan un grado suficiente de planificación conjunta y garantizan la interoperatividad que los actuales desarrollos exigen a las fuerzas militares? La respuesta es no.

Los militares chilenos están empeñados en comprar sistemas de armamentos por un monto superior a 2 mil quinientos millones de dólares. Aún cuando el argumento es que se precisa renovar componentes obsoletos de su equipamiento y modernizar las instituciones, según lo expresado por ellas mismas, es un gasto que no tiene una justificación clara.



Ello, en primer lugar porque no es claro a qué diseño estratégico sirven. Segundo, porque sin esa justificación estratégica incentivan lecturas amenazantes en nuestros vecinos. Tercero, porque existen alternativas que darían mucho más equipamiento a un costo significativamente inferior.



Fuera de lo abultado del gasto, la pregunta básica es ¿para qué se requiere ese material? Pues se prevé comprar aviones de primera generación, unidades navales de superficie y submarinos -que ya se adquieren- para la Escuadra, tanques y unidades de helicópteros para el Ejército, a un nivel tecnológico que muchos países del primer mundo no tienen.



Todos los estrategas coinciden en que debe ser la lógica política la que defina la defensa de un país y el tipo de Fuerzas Armadas que tiene. Para ello, sus dirigentes determinan los intereses nacionales, observan el medio internacional en que tienen que desenvolverse, y hacen una prospección de sus tendencias predominantes, procuran captar los riesgos para los intereses y seguridad del país, y evalúan serenamente los medios totales de que se dispone.



Con esos antecedentes construyen la Directiva Estratégica, que fija los objetivos de la política y determina los medios que se requerirán para satisfacerlos. De todo esto se derivan las fuerzas militares que deberán equipar y sostener.



¿Ha hecho Chile este ejercicio de manera adecuada? ¿Es posible afirmar que sus compras obedecen a una lógica política rigurosa, en la cual lo primero que se ha hecho es elaborar las hipótesis de riesgo o conflicto y prefigurar los eventuales escenarios en que deberían desempeñarse sus Fuerzas Armadas? ¿Se ha hecho un análisis profundo de lo que se tiene y para qué sirve?



¿La formación y el despliegue de fuerzas existente corresponde a una visión moderna y adaptada de lo que está ocurriendo en materia militar, y los equipamientos son los adecuados? ¿Los sistemas de armamentos que se van a adquirir reflejan un grado suficiente de planificación conjunta y garantizan la interoperatividad que los actuales desarrollos exigen a las fuerzas militares? La respuesta es no.



La falta de coherencia en la perspectiva estratégica



Chile definitivamente no está haciendo de manera eficiente su tarea en esta materia. Es evidente que se adoptan decisiones por inercia y en un marco demasiado autónomo por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el país está enredado en una discusión acerca de los medios más que de los objetivos.



En materia militar falta coherencia entre lo que hacen sus ramas. Resulta evidente que la perspectiva que subyace a la compra de los aviones por la FACh es diferente a la del proyecto Tridente de la Armada. Mientras la primera visualiza una superioridad aérea, en contexto de un conflicto tradicional, la segunda se orienta a escenarios cooperativos en materia regional y de alianzas estratégicas de presencia oceánica, bajando el perfil a la hipótesis de conflicto vecinal, que orientó hasta hace poco su planificación.



¿Cuál es la compatibilidad, entonces, de un gasto de cerca de 300 millones de dólares por cada fragata o 60 millones por cada avión? Esto además de las objeciones planteadas por el Ejército en cuanto a que el cazabombardero F-16 carece de la flexibilidad necesaria para apoyo aéreo estrecho, lo que implicaría un gasto adicional en helicópteros para esa función.

¿Qué sentido tiene gastar 600 millones de dólares en comprar diez F-16 nuevos, si junto con ello se declara que se reducirá la presencia antártica de la FACh por falta de recursos? Esto no tiene explicación, pues la Antártica es uno de los puntos focales donde la construcción de soberanía exige una presencia ostensible, cuya responsabilidad se ha radicado en las Fuerzas Armadas.



Más inexplicable resulta que al precio de 400 millones de dólares podrían obtenerse el doble de aparatos F-16 A/B sin uso, cuya venta primitiva a Pakistán fue desestimada por EEUU. Ese simple ahorro serviría para reasignar recursos a un objetivo urgente y tangible de la defensa nacional, como la presencia en la Antártida.

La modernización impulsada por el actual mando del Ejército, que enterró tempranamente el mentado Plan Alcázar de Pinochet, también es insustancial frente a la gran transformación que en materia de personal tienen las fuerzas de tierra. Estas apuntan a un tipo de soldado altamente profesional y con firmes soportes informacionales, de alta movilidad y fácil integración con los componentes aéreos o marítimos, cinco o seis veces más eficientes que el antiguo sistema de reclutas.



El Ejército, en cambio, saluda como "un gran desarrollo tecnológico" el cohete Rayo, que es un arma de saturación que va en sentido contrario al señalado, obsoleta e inservible en los modernos sistemas de armamento, y tal vez el proyecto militar más caro de la historia del país. Su costo va en 100 millones de dólares, y ponerlo en vitrina para venderlo a otros países -lo que es muy dudoso- va a costar unos 100 millones más. Ello porque si por lo menos no lo adquiere el Ejército de Chile ¿quién lo va a comprar?



La búsqueda de una decisión razonable



Si las tendencias del medio internacional se orientan a sistemas cooperativos ampliados y a escenarios que requieren de fuerzas con alta movilidad y capacidades quirúrgicas, si todas las Fuerzas Armadas están reduciendo sus efectivos y especializando sus capacidades militares, y si la eficiencia en el gasto es fundamental, nada justifica lo que el país está haciendo para renovar sus equipos militares.



Ese gasto no es una respuesta a problemas estratégicos. Lo peor es que una mala compra lleva a un proceso de errores acumulativos, que aumentan los costos financieros y también los de seguridad.



Hay momentos para analizar y otros para tomar decisiones. Ahora el país debe decidir acerca de la renovación de equipos que efectivamente están en proceso de obsolescencia, aunque no de la manera dramático que ha querido presentarse. Y si bien el proceso de modernización de la defensa está atrasado, por lo menos se debe conservar el nivel de equipamiento y seguridad que actualmente tiene el país.



Eso es perfectamente posible de lograr comprando material usado, de amplia disposición en el mercado internacional. Un F-16 usado, con toda su electrónica nueva y debidamente armado, no debe superar los 15 millones de dólares, frente a los 60 que cuesta uno nuevo. Una fragata usada, completamente renovada y equipada, no debe superar los 50 millones de dólares, frente a los 300 millones aproximados que costaría el prototipo elegido por el proyecto Tridente. Y estos son equipos de primer nivel, con una vida útil de 20 años.



Existen enormes ventajas en comprar equipos usados. La primera es un ahorro neto que oscila entre tres y cinco veces el valor de las unidades que se adquieren, cuestión muy importante para un país que se encuentra inmerso en una crisis económica significativa.



La segunda es que se mantiene, o incluso mejora, la relación costo-eficiencia en materia de equipos comparada con lo que actualmente existe, sin hipotecar la seguridad y sin costos financieros futuros más allá de lo deseable.



La tercera es que se da una señal positiva al entorno regional, porque es evidente que un gasto de esa envergadura sin una justificación estratégica clara generará una lectura amenazante en los países vecinos.



Finalmente, desde el punto de vista militar, se tiene la holgura para avanzar en la modernización de la defensa nacional, que incluye temas como la creación del Estado Mayor Conjunto, el holding industrial de la defensa y el financiamiento y la política de personal, entre otros temas de una agenda que está muy atrasada.



Ellos requieren tiempo y reflexión. Y lo que es fundamental, una firme voluntad para fijarlos como objetivos sectoriales. La decisión es política y corresponde adoptarla a las autoridades civiles de la defensa.



* Abogado, cientista político y analista de defensa.



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