Demasiado escándalo de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia por la decisión de los socialistas de dejar que el PC, si su fuerza electoral se lo permite, tenga en algunos distritos la representación parlamentaria que un sector minoritario pero significativo de la ciudadanía merece. Parece que de nuevo los principios democráticos desaparecieran en aras de intereses partidarios particulares.
Porque lo que está en juego – y es lo que el PS ha querido defender- es el principio básico de representación de todos los sectores significativos de la sociedad en el espacio político, contra lo cual atenta el actual sistema electoral, que distorsiona la voluntad popular castigando relativamente a la mayoría que es la Concertación, absolutamente a la segunda minoría que representan sectores fuera de los dos grandes bloques político-electorales (Concertación y derecha) y privilegiando abusivamente a la primera minoría que es la derecha.
Si este principio no se ha cumplido por la vía del cambio legal, el primer imperativo ético es resolverlo por la vía política. Eso es lo que el PS ha buscado hacer en su acuerdo con el PC en un número mínimo de distritos. En vez de celebrar este acto de coraje político y de aceptar que ello es lo más conveniente para el país y la democracia y, secundariamente, que lo es también en términos electorales para la Concertación -aunque esto no deba ser lo que está en juego-, la DC y el PPD han caído en el argumento ideológico de la derecha o en la defensa de intereses electorales particulares inmediatos.
Lo lógico hubiera sido que este acuerdo hubiera sido hecho por todos los partidos de la Concertación, de modo de evitar conflictos dentro de ella, pero que algunos no luchen por principios básicos en esta materia no puede impedir a quienes lo hacen buscar las mejores fórmulas para ello.
Así, en lo que se refiere a la legitimidad y conveniencia en términos de los principios democráticos que deben inspirar las acciones políticas, este acuerdo no presenta duda alguna.
Las dudas provienen más bien del aspecto operacional y juegan en dos sentidos.
En un sentido, este acuerdo obliga al PS a no perder de vista que sus aliados están en la Concertación y que su directiva y militantes deberán trabajar y apoyar a los candidatos del conglomerado a lo largo de todo el país, porque ello es fundamental para el gobierno del que forma parte. Hasta ahora no está claro -aunque sí lo está la voluntad planteada por el PS-, cómo se materializará tanto el respeto al acuerdo con el PC como el apoyo a los candidatos de la Concertación. No me parecen éstas dos cuestiones básicamente incompatibles ni tampoco imposibles de llevar a la práctica, pero hay que buscar las formas de implementación y en esto ser muy claros y transparentes frente al país, la Concertación y el propio PC.
En otro sentido, el acuerdo obliga también al PC en dos vías: la primera es apoyar a los candidatos de la Concertación ahí donde los comunistas se omitan; la segunda, modificar el tono denunciatorio y crítico a toda costa del Ejecutivo. Es cierto que el PC no forma parte del gobierno ni tampoco de la coalición que lo sustenta y que se plantea críticamente frente a ambos, lo que es su derecho, pero también lo es que muchas veces su lenguaje ha sido asimilar el gobierno a la derecha y al neo-liberalismo.
El PC no está obligado a renunciar a su carácter de oposición, pero ésta debe pasar a ser constructiva en todos aquellos proyectos e ideas que van en el sentido de mejorar la calidad de vida de la gente y de fortalecer la democracia, que son las tareas en que el gobierno está empeñado. Si esto fuera así, ello sería otra de las ventajas del acuerdo tan conflictivo de estas dos últimas semanas.
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