El gobierno debe saber consultar y escuchar a la ciudadanía, que busca afanosamente mayores espacios de participación. Quizá si se lograra este objetivo y los jóvenes pudieran apreciar la posibilidad de influir efectivamente en la toma de decisiones a través de su opinión podrían volver a interesarse en la actividad política.
Donde uno vaya, siempre se encuentra con lo mismo: la decepción de amplios sectores ciudadanos por la escasa o nula participación que pueden llegar a tener en cuestiones que les atañen profesionalmente o que afectan su entorno de vida.
Ha quedado demostrado en la presentación de innumerables proyectos de ley por parte del gobierno, en las cuales instancias gremiales han manifestado públicamente su enojo porque no fueron previamente consultadas. El último de éstos, por nombrar solo uno, fue el reclamo de los contadores frente a las recientes reformas tributarias.
Otro tanto sucede con algunas decisiones de la autoridad que afectan la vida de las personas y sus familias, como la construcción de vertederos. El país ha conocido en los últimos tiempos innumerables protestas de sectores que se oponen a la construcción de estos rellenos sanitarios o sitios recolectores de basura: muchas de estas protestas se hacen incluso en plena vía pública, con la presencia de familias enteras, incluso niños.
Lo mismo sucede con la construcción de cárceles. Hace sólo algunos días los vecinos y las autoridades comunales de Llay Llay se impusieron de las intenciones del gobierno central de construir en esa localidad un nuevo penal. La reacción unánime de los habitantes fue una sola: rechazo absoluto a la idea, por las posibilidades de situaciones conflictivas y traslado de familiares de los reos a vivir en esta apacible comuna.
Creemos que es hora de enmendar el rumbo. El gobierno debe saber consultar y escuchar a la ciudadanía, que busca afanosamente mayores espacios de participación. Quizá si se lograra este objetivo y los jóvenes pudieran apreciar la posibilidad de influir efectivamente en la toma de decisiones a través de su opinión podrían volver a interesarse en la actividad política.
Nuestro sistema político es fuertemente presidencialista. Hay un sinnúmero de proyectos y leyes que sólo pueden tener su origen en el Poder Ejecutivo, el que también impone el ritmo de trabajo al Legislativo a través de su facultad exclusiva para otorgar urgencias a los temas en estudio y discusión.
Esta realidad, que como hemos dicho tiene fortalezas y debilidades y que puede ser mejorada a través de una reforma constitucional, no impide sin embargo al gobierno entregar espacios de participación ciudadana, más allá de la democracia representativa consagrada en nuestra Carta Fundamental.
Hasta aquí los gobiernos de la Concertación se han negado a hacerlo. Es hora de cambiar el rumbo, y que aprendan a escuchar y acoger las voces de la ciudadanía. A nuestra democracia representativa le hace falta una buena dosis de democracia participativa.
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