En cualquier otro lugar del mundo la protesta habría sido enorme. Todo se hubiera detenido hasta clarificar completamente el problema, porque si no se sabe defender inmediatamente el estado de derecho, cuya transparencia es uno de sus pilares, difícil será hacerlo mañana por más que hayan cambiado los gobernantes, los jueces o quienquiera que tenga facultades de suspender derechos ciudadanos. La tentación ya tendrá precedentes.
El gran cientista político Norberto Bobbio nos cuenta en su libro El futuro de la democracia que una de las falsas promesas de la democracia real, en relación a la democracia ideal, es la eliminación de los poderes invisibles.
Estos poderes invisibles están compuestos por mafias, camorras, logias, servicios del estado no controlados -y muchas veces coludidos con los delincuentes-, o por grupos dentro de los gobiernos que toman grandes decisiones y ocultan sus razones al gran público.
Siguiendo al norteamericano Alan Wolfe, Bobbio nos habla de un doble estado, uno visible y otro invisible. La democracia, para el cientista político italiano, habría nacido para erradicar los poderes invisibles y para celebrar el nacimiento de gobiernos que actúen completamente a la luz pública.
Según Bobbio, la gran superioridad de las democracias frente a las dictaduras radica en que las grandes decisiones políticas, en el marco de las primeras, ya no podrán ser tomadas en gabinetes secretos o en oscuras comidas de negros personajes, sino de cara a la comunidad, para que así el uso del poder fuese transparente y desenmascarado.
«Todas las acciones referentes al derecho de otros hombres cuya máxima no puede ser publicada son injustas» nos recuerda Bobbio que escribió Kant en el apéndice de La Paz Perpetua.
Si un gobernante está obligado a mantener en secreto una acción es porque si fuera publicada sería escandalosa y posiblemente se le haría imposible su realización. Es por esto que la publicidad de los actos políticos es imprescindible, porque le permite al ciudadano controlar lo que es legítimo y lo que no.
Esto vale indudablemente para todos los poderes públicos y todos los poderes privados en su relación con los ciudadanos y las leyes, llámense empresas, corporaciones, cortes o políticos de la oposición.
La teoría de la razón de estado, la prohibición de informar por cualquier poder público o el impedimento para que los adultos puedan o no ver una película, en una verdadera democracia apenas se justifica en la anormalidad de la guerra o de la catástrofe, cuando se le puede filtrar al enemigo o al delincuente una información que podrá usar en contra de todos.
Nuevo voluntarismo
Quién no estuvo contento cuando a partir de hace algunos años, comenzaron a caer las añosas dictaduras del continente. Nos reíamos de su simpleza aunque habíamos sufrido su brutalidad intelectual, física y moral.
Cómo nos alegramos al ver surgir nuevos gobiernos de esperanza que catapultaban estos países hacia horizontes en que podrían volver a llamarse otra vez dignamente repúblicas.
Sin embargo, los países latinoamericanos que vivieron aquel coscorrón de la historia llamado militarismo, por atreverse a plantear realidades virtuales que desquiciaron sus sistemas de convivencia han vuelto a jugar con el mismo tipo de voluntarismo, aunque en un sentido inverso. Antes querían cambiar al mundo, ahora parece que tuvieran miedo a que éste avance.
Hoy, por ejemplo, aparecen nuevamente en Chile los poderes fácticos para bajar a un candidato de la propia derecha aunque liberal a una senaturía por Valparaíso, los que fueron denunciados por el propio Ministro del Interior. Pero nadie se mueve a la altura del problema.
En cualquier otro lugar del mundo la protesta habría sido enorme. Todo se hubiera detenido hasta clarificar completamente el problema, porque si no se sabe defender inmediatamente el estado de derecho, cuya transparencia es uno de sus pilares, difícil será hacerlo mañana por más que hayan cambiado los gobernantes, los jueces o quienquiera que tenga facultades de suspender derechos ciudadanos. La tentación ya tendrá precedentes.
Si en casi todos estos países se supo en su momento defender pacíficamente la verdad, ¿Por qué no se hace ahora? Los jueces y el Parlamento debieran hacer lo suyo.
¿Dónde están los partidos convocando a la gente, como antes lo hicieron, para que defienda lo que tanto costó ganar? Ahora es el momento de terminar con las ambigüedades, al menos con la de esta clase.
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