Las denuncias de Evelyn Mathei sobre el supuesto uso de fondos públicos para campañas electorales y la polémica desatada por un economista de derecha sospechando que la política del Banco Central se pueda ver afectada por el período electoral, corresponden a una estrategia de la derecha de deslegitimar al gobierno, que tiene un enorme apoyo popular, de modo de afectar el voto favorable a la coalición de partidos que lo apoyan, la Concertación.
En efecto, el apoyo al gobierno es perceptible en todos los planos, independientemente de las críticas que se puedan hacer a una u otra de sus políticas, y lo más probable es que eso se traduzca en una fuerte votación por los candidatos de gobierno. Por ello, lo que quiere la derecha es romper esta vinculación.
Cabe destacar que no es primera vez que Evelyn Mathei hace denuncias y ensucia personas e instituciones, para luego retirarse sin aportar ninguna prueba o afirmando que no dijo lo que dijo.
Hasta el momento no ha habido ningún fundamento, salvo la estrategia mencionada, ni, sobre todo, ninguna prueba para tales denuncias. Pero lo cierto es que aquí vuelven a plantearse dos problemas.
El primero se refiere al estilo de la política de la derecha pinochetista, que viniendo de quien viene, se caracteriza por el autoritarismo y la impunidad: Se ataca e injuria sin ninguna prueba, se rehúsa al debate y luego se deja pasar el momento para que las cosas queden ahí. Sin coartar la libertad de nadie, sería conveniente una regulación -alguna sanción simbólica, suspensión, obligación de retractarse o una especie de «tarjeta amarilla»- en esta materia que le impida a quienes tienen un cierto monopolio de las tribunas públicas para expresarse a usarlas para el denostamiento y las acusaciones sin tener luego que responsabilizarse de ellas.
Hechos como los señalados sí que contribuyen al desprestigio de la política y de los políticos, y uno se pregunta si no es esa la finalidad buscada, por cuanto quienes actúan así han mostrado siempre que no les gusta ni la política ni la democracia, sino que prefieren otros modos de resolver los debates y problemas en el país, como lo mostraron durante diecisiete años.
El segundo problema se refiere a los recursos y financiamiento de las campañas y de la política en general. La cuestión va mucho más allá del límite y control de los gastos y de la transparencia del financiamiento. La pregunta es de dónde salen los fondos para financiar los partidos y las campañas y si dejar esto entregado al puro poder de los grupos económicos y de quienes tienen recursos, no significa entregar la política al mercado y generar una enorme injusticia entre los diferentes sectores que participan en la lucha política y electoral.
Sin referirnos a los enormes recursos privados que poseen los candidatos, sobre todo de derecha pero también unos pocos de la Concertación, en contraste con los de muchos otros, señalemos dos distorsiones que provienen del verdadero uso de fondos públicos que se hacen las campañas electorales. Por un lado, las entregas de dinero por parte del poder económico a los candidatos de su preferencia sin que aquéllas se declaren y sin ninguna regulación, es ya un uso de fondos públicos en la medida que se están evadiendo los impuestos de tales transacciones, pues en Chile en realidad se ha usado apenas un muy débil mecanismo en esta materia y se prefiere saltar esta pobre regulación.
Por otro lado, hay una gran desigualdad entre los candidatos que están en sus cargos y postulan a la re-elección y aquéllos que postulan sin tener tales cargos: los primeros cuentan con sus remuneraciones, sus secretarías, sus gastos de traslado y oficinas, su mayor acceso a los medios de comunicación. ¿No sería justo compensar al menos a los que no tienen estos recursos y facilidades y son candidatos?. Señalamos sólo estos dos problemas para hacer ver que lo que está detrás no es sólo el gasto sino la injusticia en la distribución de recursos.
Recordemos que en ninguna parte del mundo se ha hecho un efectivo control de límites de los gastos electorales y asegurado la transparencia del financiamiento, si ello no va acompañado de un financiamiento público de partidos y campañas. La derecha chilena se ha opuesto permanentemente a cualquier control, límite o regulación y sólo recientemente, ha anunciado su acuerdo respecto de fijar límites y cierta transparencia. Esto último porque sabe que ello es ilusorio si no va acompañado de financiamiento público expreso para partidos y campañas.
Y a ello se opone radicalmente, primero, porque sabe que así podrían controlarse los gastos y establecerse límites efectivos, y, segundo, porque no está dispuesta a que otros tengan accesos a recursos que ella puede obtener por su cuenta debido a su estrecho contacto con el mundo de los negocios. Por su parte el gobierno ha caído en la trampa de pensar que pueden ponerse límites, controlar gastos y asegurar transparencia y mayor igualdad, sin otorgar financiamiento público.
Con ello se hace eco del argumento que el gasto en política es excesivo, lo cual no es el problema verdadero, sino la desigualdad en el acceso a recursos y su falta de transparencia. La señal que se debe dar no es que se gasta mucho en política, sino que se gasta mal e inequitativamente. Si la sociedad y el Estado no invierten en política, serán los poderes fácticos y los que tienen el dinero, los que lo harán y no para mejorar la calidad de la política, sino que en función de sus intereses particulares.
