El sufrimiento de los padres y de todos los que conocieron y quisieron a las víctimas es desolador. Su dolor proviene de la gravedad del crimen, pero pienso que va más allá. De alguna manera, todos ellos sienten que su caso fue tratado de manera distinta porque son pobres.
El homicidio de siete jóvenes nortinas, seis de las cuales eran escolares, ha dejado al descubierto el crudo problema de discriminación social que tienen nuestras instituciones.
Se trata probablemente del peor crimen contra menores que ha sucedido en nuestro país. Nos golpea y nos angustia por su brutalidad, por la juventud de las víctimas y por lo largo y penoso del sufrimiento de las familias. Pero también nos enfurece por la incapacidad de las instituciones de conducir una investigación efectiva en este caso.
Lo más grave es que todo indica que la pobreza y marginalidad de las familias afectadas fue un factor determinante para que la investigación tomara un rumbo equivocado, y le restara valor a una serie de antecedentes que hubieran permitido esclarecer el caso mucho antes.
El sufrimiento de los padres y de todos los que conocieron y quisieron a las víctimas es desolador. Su dolor proviene de la gravedad del crimen, pero pienso que va más allá. De alguna manera, todos ellos sienten que su caso fue tratado de manera distinta porque son pobres.
Por mucho tiempo la investigación subestimó la opinión de los padres en cuanto a que sus hijas habían sido secuestradas por alguien de la zona. No les creyeron cuando plantearon que algo malo les había pasado, que no se habían ido por su voluntad. Solicitaron ministro en visita y no se les concedió.
En lugar de eso, se aceptó la teoría de que las niñas habían huido de la pobreza de su hogar, que se habían prostituido, que tenían malas relaciones familiares. Se dijo que éste era un problema social y no policial.
Si esos padres no vivieran en el campamento más grande de Chile, que es Alto Hospicio; si tuvieran más educación, más contactos, más facilidad para expresarse antes los medios de comunicación, seguramente la historia sería distinta.
Eso es lo más doloroso de este caso. Un sicópata asesino puede existir en cualquier parte, pero una discriminación social como ésta no es aceptable ni aquí ni en ningún lugar.
Todos los días hay pequeñas y grandes situaciones que revelan la misma discriminación social. Gente que es rechazada en un empleo porque proviene de una comuna marginal. Gente que es maltratada en un servicio público o privado porque tiene un vestuario que revela su baja condición social. A así, podemos imaginar tantas otras situaciones.
En realidad, este problema no debiera extrañarnos tanto. Una encuesta realizada el año pasado por la Fundación Ideas demuestra que en nuestro país hemos avanzado bastante en reducir la intolerancia y la discriminación en casi todos los campos, salvo en el ámbito de la discriminación social. Hoy respetamos más que hace tres años a los indígenas, a los evangélicos, a los judíos, a los extranjeros, a los homosexuales, a los discapacitados, pero somos más discriminadores con los pobres.
Quizá la gran enseñanza del caso de Alto Hospicio es que la discriminación social es una enfermedad más profunda de lo que se piensa, y debe ser tan combatida como el peor de los crímenes.
* Ex subsecretaria general de Gobierno, candidata a la Cámara de Diputados por el distrito 22.
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