El intervencionismo es un hecho detestable desde el punto de vista legal y ético, ya que implica una clara transgresión a uno de los principios básicos de la democracia.
Durante el presente período de campaña arrecia el intervencionismo electoral. Diversos parlamentarios y dirigentes políticos hemos denunciado esta situación, sin que hasta el momento el gobierno haga nada por corregirla.
Hace algunos días di a conocer -con fotos en la mano- que un acto de entrega de subsidios Serviu a postulantes a viviendas básicas en la Provincia de Petorca, el jueves de la semana pasada, fue utilizado por propagandistas de candidatos de la Concertación para repartir panfletos.
Al día siguiente, en un acto del Indap en Olmué al que estaba invitado el propio Ministro de Agricultura, propagandistas del diputado Ignacio Walker se encontraban al interior del recinto donde se desarrollaba el acto repartiendo publicidad del candidato, y se retiraron al comprobar que medios de comunicación los fotografiaban.
Hemos manifestado nuestra molestia al respecto, dado que los actos de esta naturaleza se financian con recursos públicos, igual que los beneficios que entrega el gobierno y que se financian con fondos del Estado que pertenecen a todos los chilenos. Por ello, es inaceptable que se transformen en actos de proselitismo político para candidatos oficialistas.
El propio Presidente de la República ha caído en estas actividades de intervencionismo, lo que quedó de manifiesto en sus últimas actuaciones cuando formuló concretamente un llamado a votar por los candidatos de la Concertación.
Es más, al interior de la propia coalición oficialista se han presentado reclamos por el intervencionismo, tal como sucedió hace algunos días cuando parlamentarios socialistas reclamaron airadamente contra los demócratacristianos por un acto de Indap en La Moneda al que no fueron invitados, y al que concurrieron cientos de personas trasladadas en buses pagados con recursos estatales.
Ultimamente, asimismo, hemos sabido de denuncias de un candidato demócratacristiano contra la socialista Carolina Tohá, en el sentido de utilizar actos del Ministerio de Educación para su propio provecho electoral. La diputada Lily Pérez ha formulado iguales cargos en contra de sus competidores.
El intervencionismo es un hecho detestable desde el punto de vista legal y ético, ya que implica una clara transgresión a uno de los principios básicos de la democracia. Y lo más increíble es que las autoridades de la Concertación lo han justificado señalando que hacen proselitismo político «fuera de sus horas de trabajo», como si los altos cargos de gobierno tuvieran horario de trabajo o si fuera de esos horarios no estuvieran haciendo uso de recursos fiscales.
Los dineros que se están gastando en actos de intervención electoral deberían ser mejor utilizados en generar trabajo y satisfacer las demandas más urgentes de la ciudadanía, que cada día sufre los rigores de la crisis económica que ha afectado severamente al país por responsabilidad de quienes, desde el gobierno, han administrado mal la situación.
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