La incapacidad de autocrítica de la Corte Suprema en el debate con el Vicepresidente de la República hace unas semanas es una prueba de ello. No puede ser que no haya ningún control social sobre la calidad y eficiencia de este poder del Estado. Insistamos: se trata de un plan que encarna en un verdadero consenso social.
Tres han sido los temas de estas últimas semanas que parecen apuntar a la idea de consensos para enfrentar problemas urgentes con horizontes de futuro. Sin embargo, en algunos de ellos hay problemas de fondo que desvirtúan la existencia de consensos reales. Tras la idea de evitar polarizaciones en un clima electoral, pueden negarse a veces los legítimos debates de fondo que precisamente en esta época deben marcar la vida social y politica.
La capacidad de respuesta del gobierno frente al clima creado en torno a los crímenes de Alto Hospicio y la demanda por seguridad ciudadana y justicia ha mostrado la vigencia del liderazgo presidencial. El plan propuesto y aprobado por todos muestra que aquí no puede haber medidas improvisadas al calor de la indignación y que explotan el profundo dolor vivido, como lo serían el restablecimento de la pena de muerte o la descabellada sugerencia de un parlamentario de castrar a los violadores.
Tampoco se trata de mirar la cuestión de la seguridad ciudadana por el lado puramente represivo, aunque éste deba ser considerado. Lo que está en juego es una transformación institucional de envergadura, un mejoramiento sustantivo del funcionamiento de las instituciones y su relación con la participación de la propia comunidad.
Las medidas y recursos anunciados por el Presidente apuntan en este sentido, y convocan a todas las instancias a jugarse por este plan. Se trata de un verdadero consenso en torno a una cuestión que preocupa a todo el país y donde cada cual tiene un papel que jugar. Me atrevo a insinuar que sí hubo fallas del Poder Judicial en el caso Alto Hospicio, y evidentemente las hubo porque los jueces son los únicos responsables de todo el proceso investigativo.
Tales fallas no se resolverán sólo con la reforma procesal penal, ni tampoco con jueces las 24 horas, lo que sin duda es indispensable y constituye una gran decisión. Hay que reconocer la existencia de un problema de calidad en los funcionarios judiciales y policiales, en sus relaciones con la población y en su formación, que no pueden ser esquivados.
La incapacidad de autocrítica de la Corte Suprema en el debate con el Vicepresidente de la República hace unas semanas es una prueba de ello. No puede ser que no haya ningún control social sobre la calidad y eficiencia de este poder del Estado. Insistamos: se trata de un plan que encarna en un verdadero consenso social.
Artificial, en cambio, parece el clima de consenso aparente en torno a las propuestas del presidente de la Sofofa en su discurso. Lo que llama la atención, y esto queda ratificado por las declaraciones de otros personeros y asesores empresariales, es que tras la idea de una nueva agenda para el crecimiento sólo hay un conjunto de exigencias al Estado para que favorezca al sector privado, una crítica a los proyectos que el gobierno considera fundamentales, y ninguna autocrítica del comportamiento empresarial hasta ahora.
Tampoco hay medidas que pudieran corregir la actitud permanente de buscar ventajas a toda costa, sin mayor preocupación por el desarrollo del país ni las condiciones del sector trabajador.
Una vez más las grandes organizaciones empresariales ponen exigencias para realizar lo que les corresponde, y nada proponen sobre el aporte que ellos pueden hacer al país. El Estado sigue siendo para ellos un referente negativo al que sólo hay que desburocratizar y quitarle capacidades reguladoras; algunos vuelven a la majadería de las privatizaciones.
Lo cierto es que el país requiere un Estado fuerte, presente y protector, dirigente del desarrollo, que marca líneas y regulaciones destinadas a impedir que la riqueza del país se ponga sólo al servicio de los intereses privados.
El tiempo del neoliberalismo y del imperio absoluto del mercado ya pasó, y el país quiere una clase empresarial con una responsabilidad histórica y social que no ha tenido hasta ahora. Mientras esto no cambie, todo consenso sobre el crecimiento y el desarrollo será aparente y ocultará visiones estratégicas profundamente contradictorias.
El tercer tema se refiere al reflotamiento por parte de algunos dirigentes cupulares y de los medios de comunicación afines, de la idea de un polo llamado liberal que pueda actuar como un nuevo referente distinto a la Concertación y a la alianza de derecha, acogiendo a sectores descontentos de uno y otro creando un nuevo consenso político.
La verdad es que no estamos frente a ninguna demanda social por un nuevo referente. Se trata de un cálculo puramente cupular que no se basa en un ideario propiamente liberal, sino en un planteamiento simplemente de derecha y conservador. Se supone que los supuestamente descontentos son gente que quisiera una alianza de centroderecha. Esquivar estos apelativos bajo el concepto de liberal es una falacia.
Por otro lado, se da por aceptado que la Concertación ya no puede ser un referente para el mundo de centroizquierda, cuando precisamente lo que la gente hace es votar por la Concertación y por los partidos que la constituyen, precisamente porque existe como alianza. La gente vota y apoya a los gobiernos democráticos en estos años porque son de la Concertación, más que por uno u otro partido.
Deshacerse de ella o plantear un nuevo referente para gente que ha creído en ella es arrojar a la basura el mayor capital político que se ha construído en Chile, y cuya única alternativa no deseable es la Alianza de derecha.
Lo que está detrás de todo esto es un problema real: no existe en Chile una derecha democrática y progresista, y la Alianza UDI-Renovación Nacional está subordinada absolutamente al polo no democrático de la UDI, como pudo apreciar el propio Sebastián Piñera al abandonar su candidatura senatorial. No hay espacio ni en la UDI ni en su aliado menor para un proyecto democrático de derecha.
Tampoco parece viable un nuevo refernte que erosione o destruya a la Concertación y la Alianza de derecha, porque eso sería aceptar la insensatez que un gran sector de la Concertación prefiere a la centroderecha, y que la gente que apoya a la Alianza no es tan de derecha. Lo primero no es cierto y lo segundo, si fuera cierto, significaría que el nuevo referente, como hemos dicho, sería más de derecha que de centro.
La cuestión, entonces, es el espacio para un proyecto de derecha democrática, y eso no atañe ni a la naturaleza ni a la vocación de la Concertación, aunque a ésta le interesa una oposición menos primitiva y autoritaria que la que existe hoy. Pero es un problema de la derecha democrática. Si ella no logra armar su propio referente o ganar posiciones en la alianza UDI-RN, entonces lo único que puede hacer la Concertación es abrir espacio para quienes sintiéndose parte de la derecha democrática quieran adherir al programa y a los gobiernos de la Concertación.
Fórmulas para ello hay muchas, pero ninguna puede implicar derechizar a la Concertación y mucho menos dejar fuera a alguno de los actuales componentes de esa coalición.
Dicho en otros términos: si hay personas y sectores en el mundo de la derecha que quieran apoyar a la Concertación, su programa, su gobierno y los partidos que la constituyen y quieren participar en ello, bienvenidos sean.
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